La defensa del expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que hay una "clara persecución política" contra el también líder del oficialismo por parte del Gobierno de Luis Arce, después de que una fiscal denunciara que fue destituida por investigar y ordenar captura por presunta trata y tráfico de personas que involucra a un menor.
Uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, afirmó que "no ha habido denuncia escrita", ni oral, y acusó al Gobierno de ser "autocrático", "policial" y de usar "a instancias judiciales y del Ministerio Público con el único propósito de la eliminación jurídica".
"Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa 'Marcha para salvar Bolivia' y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado", manifestó.
La citada marcha fue una caminata de 187 kilómetros liderada por Morales hacia La Paz para exigir al Gobierno atención a problemas como la escasez de dólares y combustibles, pero también para que se reconozca un congreso partidario en el que fue nombrado por sus seguidores como "candidato único" para las elecciones generales de 2025.
Ceballos consideró que el Ejecutivo "está haciendo un uso ruin de los mecanismos coercitivos y coactivos del Estado" e insistió en que el expresidente "no tiene la más mínima garantía de que sus derechos" sean respetados por la Justicia o la Fiscalía.
Según el exmagistrado, si bien la orden de aprehensión en contra de Morales "ha quedado sin efecto" por instrucción de una jueza de la ciudad de Santa Cruz, hay "un viraje peligroso del Estado policial, del Gobierno policíaco que ha utilizado a una fiscal departamental" para activar el caso.
