Los disparos le dieron la vuelta al mundo, aunque no fueron con balas sino con chorros de agua de pistolas de plástico. Unos manifestantes increparon el pasado 6 de julio a visitantes sentados en unas terrazas del centro de Barcelona y los rociaron con agua mientras les gritaban que se fueran. Los turistas reaccionaron de buena manera, con risas, pero las imágenes se reprodujeron por todo el mundo: mandaban el mensaje de que los barceloneses no quieren ya visitantes.
Es un mensaje inquietante para una ciudad que vive en buena medida del turismo. Barcelona tiene una población de 1.6 millones de habitantes, pero en 2023 recibió 15.6 millones de visitantes.
Si se suman los 10.3 millones del resto de la región de Barcelona, el total asciende a 26 millones en un solo año. El gasto total de los turistas en 2023 fue 12,750 millones de euros (Observatori del Turisme a Barcelona). El turismo representa 12 por ciento del producto interno bruto de Cataluña y 13 por ciento del empleo (Foment del Treball Nacional). No todos los barceloneses quieren reducir el turismo. En la manifestación participaron solo unas tres mil personas, pero en Cataluña 225,703 asalariados y 55,240 trabajadores autónomos viven de él (Turespaña). Para ellos es muy importante que se mantenga y se fortalezca esta actividad.
Los manifestantes se quejaban de que el turismo masivo afecta a la población local y encarece la vivienda. El gobierno barcelonés, en el afán de ganar votos, ha asumido algunas de las banderas del movimiento. Esto le permite ocultar el hecho de que los políticos locales son realmente los responsables del encarecimiento de la vivienda. Desde 2018, en efecto, el gobierno de Barcelona estableció la obligación legal de dedicar el 30 por ciento de los nuevos desarrollos inmobiliarios a “vivienda de protección pública”, en que el gobierno fija precios y alquileres.
Esta medida ha inhibido la construcción de nueva vivienda.
El ayuntamiento, además, ha prohibido los “pisos turísticos”, el alquiler de casas o apartamentos por aplicación, a partir de 2028. También ha prohibido la construcción de nuevos hoteles en el centro de la ciudad; los nuevos, solo podrán edificarse en la periferia.
Esto encarecerá el alojamiento en la zona que los turistas quieren visitar. En Capri, donde me encuentro hoy, se han registrado también intentos por limitar el número de visitantes.
Esta isla italiana tiene 12,900 residentes, pero recibe 16 mil visitantes por día en el verano. El gobierno local ha elevado el “derecho de visitante”, que se cobra de abril a octubre a quienes arriban por ferry de Nápoles o de Sorrento, pero esto no ha disminuido el número de arribos. Se entiende: la pequeña isla es encantadora y se ha convertido en un imán para turistas de Italia y del resto del mundo.
El turismo no va a desaparecer.
Las crecientes clases medias del mundo tienen cada vez más tiempo libre y consideran los viajes como una aspiración de vida.
Los gobiernos, en vez de reaccionar con prohibiciones, deben buscar soluciones de mercado para que el turismo mismo resuelva los problemas que ocasiona.
Limitar los derechos de propiedad o tomar medidas que encarezcan la edificación de vivienda son errores fundamentales.
Al contrario, los políticos deben usar los recursos del turismo para mejorar la infraestructura y los servicios para todos.
En vez de repartir un número limitado de viviendas de “protección especial”, para que los beneficiados paguen con votos, deben eliminar las restricciones a la construcción para que desarrolladores y familias edifiquen tantas viviendas como demanda el mercado. Esta es la solución de fondo del problema.
LA SECRETARIA
La próxima secretaria de turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, tiene solo 35 años. Fue secretaria de turismo de Tlaxcala. Esperemos que entienda el reto que significa promover a México en un momento en que algunos movimientos políticos en otros destinos quieren ahuyentar el turismo. www.sergiosarmiento.com
