Nadie puede negar que la deuda con la justicia es significativa. Es una de las grandes asignaturas pendientes que deben emprenderse con una visión lejana a la lógica punitiva y restrictiva de los derechos humanos que ha caracterizado a este gobierno. Ninguna reforma judicial es suficiente si se manda a la cárcel a miles de inocentes por el abuso de la prisión preventiva, si sigue habiendo jueces de consigna, si desde el gobierno se utiliza el aparato del Estado para perseguir a opositores o si se aplica una justicia selectiva. Y aún más importante, no puede haber reforma judicial si las defensorías públicas no son apoyadas con más recursos pues no hay mayor acto de justicia que asegurar un buen defensor gratuito pues pocas y pocos pueden pagar un privado. La propuesta que deriva del famoso Plan C no toca a los eslabones en los que la rueda de la justicia se atasca. El primer contacto con la misma no es primordialmente con el poder judicial federal. Esta visión limitada deja intactos a los ministerios públicos y a las policías donde prevalece la corrupción y el sistema de cuotas para alcanzar compensaciones económicas, y quita el foco a los sistemas locales -a los que la gente se enfrenta de manera cotidiana. Es aquí donde, sobre todo, se dan las injusticias. De hecho, es con el amparo en la mano y en el ámbito federal donde la gente encuentra una esperanza de acceder a ella. En lo cotidiano, hay que enfrentar a ministerios públicos que le ponen a cada persona un signo de pesos en la frente, que integran carpetas para extorsionar, que hacen investigaciones a modo y falsifican pruebas, que han convertido el procedimiento abreviado en una fuente de recursos para ellos y los jueces, y que piden la prisión preventiva no como excepción sino como regla porque la cárcel es un gran negocio.
La reforma judicial se inscribe en una perspectiva punitiva. Amplía el catálogo de delitos graves y niega la revisión de la prisión preventiva oficiosa lo que vulnera la presunción de inocencia. Fiel al pensamiento obradorista no cree en la justicia restaurativa y asume que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario condenando así a inocentes a penas anticipadas lo que ha sido cuestionado por organismos internacionales. La elección en urnas de juzgadores ahondará la enorme deuda que se tiene con la justicia, pues los mismos responderán a los poderes fácticos o políticos que estén detrás de sus victorias electorales. Significa entonces un retroceso con relación a lo que el país ha alcanzado y que prioriza un enfoque pro-persona y de derechos humanos. Pero además nacerá muerta si en la práctica se persigue por intereses ajenos a la justicia a políticos opositores, a periodistas y reporteros críticos del gobierno como sucedió recientemente con Humberto Padgett. México clama justicia sin duda, pero la venganza no es la forma de acceder a ella.
ROMPECABEZAS
Al igual que con Constellation Brands se hizo una consulta ¿no sería obligado que con la empresa china T-Ceramics que se quiere apropiar del agua de los agricultores del Valle de Apan se hiciera una? ¿O habrá un trato diferencial y el fomento a la competencia desigual? Hasta hoy no ha habido respuestas.
