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Karina Martínez, jueza suspendida de Coahuila, habla sobre su intento por detener la Reforma Judicial | Exclusiva

La jueza contempla acudir hasta instancias internacionales de defensa de derechos humanos, dada la afectación que dicha reforma constitucional le representa.

Karina Martínez, jueza suspendida de Coahuila, habla sobre su intento por detener la Reforma Judicial | Exclusiva

Karina Martínez, jueza suspendida de Coahuila, habla sobre su intento por detener la Reforma Judicial | Exclusiva

RENÉ ARELLANO

Karina Martínez Jiménez, jueza en materia penal de primera instancia en el Distrito Rio Grande con sede en Piedras Negras, dio a conocer los motivos por los cuales decidió promover un juicio de ampara contra la Reforma Judicial, pues aseguró que en dicha disposición se pagan justos por pecadores.

Además de señalar que, recurrió a dicho procedimiento jurídico, dado que contempla acudir hasta instancias internacionales de defensa de derechos humanos, dada la afectación que dicha reforma constitucional le afecta, desde el ámbito profesional y su estabilidad.

“Todas las personas tenemos derechos a inconformarnos por alguna determinación que se dicten por algunas autoridades. El hecho de que seamos funcionarios no implica que nos veamos vulnerados en algún derecho, que nos veamos afectados”, respondió de forma contundente la jueza, al cuestionarle el motivo que la llevó a presentar dicho amparo.

En su caso particular, señaló que desde el año 2000 trabaja para el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), por lo que manifestó que la Reforma Judicial viola derechos al generar que para el 2027, todos los jueces de los Estados tengan que someterse a una elección popular.

Martínez Jiménez puntualizó que, en su caso, contaba con una estabilidad, dado que ya había pasado por una revisión, un proceso en el que sus superiores determinaron que su desempeño como juzgadora fue profesional, ético y apegado a las exigencias; con lo que obtuvo el derecho a inmovilidad, es decir, que no puede ser removida de cargo.

Sin embargo, indicó que esta remoción podría efectuarse, únicamente a través de dos situaciones: por un Juicio Político y la segunda, a través de un procedimiento sancionador.

“Con la Reforma Judicial pagamos justos por pecadores, porque todos se van”, indicó la jueza en materia penal de primera instancia en el Distrito Rio Grande con sede en Piedras Negras. 

Martínez Jiménez recodó que, al iniciar su carrera en el Poder Judicial, presentó examen para actuaria, el cual señaló es el cargo de menor jerarquía. Posteriormente, obtuvo un ascenso y llegó a ocupar el cargo de Secretaria de Acuerdo y para ser juez, presentó el examen correspondiente y lo aprobó.

Además de continuar con su capacitación en materia judicial, acudiendo constantemente a cursos, tanto en México como en el extranjero y los cuales, aseguró que ha pagado con sus propios ingresos.

Con relación al amparo que presentó contra actos del Presidente de la república y otras autoridades, Martínez Jiménez detalló que lo presentó el pasado 10 de octubre, considerando que el Estado de Coahuila, tiene un lapso de 180 días desde la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación, para hacer las adecuaciones a sus legislaciones.

La juzgadora reconoció que es inminente la modificación de la ley de todos los estados, tal y como sucederá en el caso del Estado de Coahuila. Sin embargo, da cuenta que para acudir hasta instancias internacionales, es necesario agotar todos los recursos que se tienen en México.

“Si yo no agoto ese recurso, si yo no me amparo, ya no puedo después ir a decirle a la Corte Interamericana: me violaron mis derechos, porque se pasó el tiempo”, reveló la jueza en materia penal de Primera Instancia.

Karina Jiménez señaló que presentó la demanda de amparo, teniendo conocimiento que es la única que lo ha presentado y justificado porque se tendría que suspenderse la Reforma Judicial en su caso; por lo que obtiene la suspensión el día 10 de octubre, con lo cual ni el Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Gobernador del Estado y todas las instancias que demando como autoridades responsables, están obligadas a acatar lo ordenado por el juez.

“¿Para qué efectos me lo concedió? Para que no sea removida de mi cargo, para que no se disminuyan mis percepciones y también solicite, en ese amparo, que como es evidente las circunstancias que se han dado, que el juez federal me protegiera, porque desde esa demanda le hice saber que tenía un temor fundado”, indicó la jueza en materia penal.

Lo anterior, al considerar que en su caso se enfrenta al Estado Mexicano, porque son autoridades; por ello solicitó al juez federal que la protegiera de represalias, tales como: buscar la manera de perjudicarla, ya sea cambiarla de su ciudad natal que es Piedras Negras a Torreón, que es la ciudad más lejos, de cambiarla a Saltillo o ser hostigada.

Martínez Jiménez fundamento dicha solicitud, en base a los precedentes que hay en México, así como lo manifestado a nivel nacional por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México; que denunciará a juezas que realizan acciones que ella considera contrarias.

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