Durante varias semanas, el oficialismo y sus personeros señalaron con reiteración que los mercados ya habían descontado los efectos de la reforma judicial. A su juicio, algunas variaciones en el tipo de cambio lo ponían en evidencia. Más aún, algunos oficialistas y personeros sostuvieron que las declaraciones de unos tantos inversionistas nacionales y extranjeros sobre lo bien que le iría a México, evidenciaban tan señalado descuento.
Lo que se trató de sostener fue la aparición de un nuevo momento mexicano, que no pudiera ser afectado por las reformas institucionales iniciadas por el expresidente López Obrador y concluidas por la presidenta Sheinbaum. Quiso sostenerse que las inversiones en infraestructura y, más específicamente, en el nearshoring, terminarían por imponerse a las reformas al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos. La suposición del descuento se hizo descansar en el hecho de que tales reformas serían absorbidas en el brillante futuro que el destino deparaba a todos los mexicanos por el cambio de gobierno.
La dura y siempre necia realidad ha demostrado que el descuento de los mercados no se había ni se ha dado. Como en los últimos días ha quedado en evidencia, las reformas a los órganos constitucionales autónomos y, sobre todo, a los poderes judiciales, es un factor de duda para los inversionistas y de inestabilidad para la economía y las finanzas nacionales. Por muchas que sean las oportunidades para que los capitales inviertan en México y contribuyan al desarrollo nacional, las reformas en marcha son un factor de desánimo para decisiones futuras y acciones en marcha.
Los problemas advertidos no sólo tienen que ver con la decisión inicial para desmantelar al Poder Judicial y para apropiarse de sus nuevos integrantes. A nadie escapó nunca que la intención de la reforma era eliminar frenos y contrapesos, así como la apropiación de los mecanismos de resolución de disputas. Aun cuando ni respecto de ello los mercados hicieron los descuentos equivocadamente identificados, la manera en la que las decisiones iniciales se están instrumentando ponen de manifiesto la falta de lógica del proceso de cambio y de sus particularidades operativas.
Para quienes observan cómo se integrará y operará la judicatura nacional, el sistema de frenos y contrapesos, y la autonomía e independencia judiciales, es preocupante constatar los errores, omisiones y abusos que se están realizando para encauzar la reforma. Es por ello que, ni entonces ni ahora, los tan invocados mercados han descontado en sus proyectos de inversión las reformas en marcha.
En el horizonte financiero están advertidos los deterioros jurídicos y sociales que los procesos de cambio institucionales pueden acarrear. Aun así, en las alegres cuentas y cuentos del oficialismo se sostiene la irrelevancia de las advertencias. Fundados en lo que consideran una ilimitada legitimidad de origen electoral o, con más soberbia y presunción, en la infalibilidad moral de su movimiento, se ha apostado todo a un momento final en el que el conjunto de elementos, prácticamente porque sí, termine por ordenarse y legitimarse de manera autorreferente. Si este momento no acontece, los impulsores no podrán asignar males y culpas a perversos agentes ni depredadores capitales. Los impulsores de la reforma y de sus atropelladas instrumentaciones tendrán que hacerse cargo de sus acciones, supuestos descuentos incluidos.
@JRCossio
