En 2001, mi esposo Pedro fue secuestrado, un proceso doloroso para él y nuestra familia. Tras su rescate por la Agencia Federal de Investigación (AFI), decidí dedicarme a apoyar a otras familias en situaciones similares, buscando justicia.
Durante este tiempo, conocí a muchos policías que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. En la AFI y después en la Policía Federal (PF), encontré hombres y mujeres comprometidos con su labor. Cuando terminó la gestión de Felipe Calderón, algunos de ellos se fueron a dirigir policías locales o se integraron al sector privado. Carlos fue uno de ellos. Especialista en inteligencia criminal fue contratado en un banco en el área de investigación de lavado de dinero.
Sin embargo, todo cambió cuando López Obrador asumió la presidencia. En su afán de vengarse de Felipe Calderón, destruyó a la PF, acusando a miles de policías de corrupción sin pruebas. La situación empeoró con la detención de Genaro García Luna (GGL) en 2019 en Texas, lo que afectó aún más la dignidad de miles de jóvenes honestos.
Carlos fue despedido del banco poco después del arresto de GGL. Aunque consiguió un empleo similar, volvió a ser retirado meses después. Ahora, ante la imposibilidad de encontrar trabajo, maneja un Uber. Historias como la suya se repiten por decenas; expertos en inteligencia y seguridad ahora se ven forzados a emplearse en trabajos que no corresponden con su preparación. En el sector público, fueron reemplazados por militares.
En 2006, Felipe Calderón nombró a García Luna como secretario de Seguridad. Durante su mandato impulsó la creación de la PF, la cual en seis años se convirtió en la institución que estuvo más cerca de consolidar la Carrera Policial en México. Sin embargo, como lo señalé en su momento, su crecimiento de 10 mil a 39 mil elementos en tan poco tiempo fue un reto con aciertos y errores.
Este proyecto exitoso, que ganó la confianza de Calderón, generó tensiones con el procurador General, Eduardo Medina Mora, y con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván. La confrontación entre ellos llegó al extremo de hacerse señalamientos mutuos y rumores de corrupción, los cuales podrían haber sido las primeras señales que recogió la embajada de Estados Unidos. Los testimonios en el juicio de García Luna, algunos de criminales que él había perseguido y extraditado, ayudaron a construir una narrativa de culpabilidad, aunque su defensa señaló que no se habían presentado pruebas materiales de los dichos.
El miércoles pasado, García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión. La versión contada por López Obrador, que lo presentaba como un símbolo de corrupción, quedó reforzada con esta sentencia. Sin embargo, quienes impulsaron su arresto no lograron su verdadero objetivo: vincular a Calderón con el narcotráfico. García Luna no se prestó a ese juego político.
Lo que muchos no perciben es que esta sentencia es una tragedia para México. El uso político de la seguridad y justicia, tanto en Estados Unidos como en México, está impidiendo la solución real de la crisis que ha afectado al país por más de dos décadas. Como señaló Carlos Bravo Regidor, la sentencia de García Luna contrasta con la absolución de Salvador Cienfuegos en México. Mientras uno queda encarcelado en Estados Unidos, el otro no sólo siguió libre, sino que fue reconocido por el propio López Obrador.
Este fallo también será usado por la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar que los militares sigan al frente de la seguridad, a pesar de los pésimos resultados.
Sin embargo, no podemos renunciar a vivir en paz. Esto sólo se logrará cuando todas las fuerzas políticas y sociales acuerden que la seguridad y la justicia deben ser una política de Estado, no de un gobierno o partido.
