No cabe duda que la vida de Donald Trump como candidato, presidente y candidato nuevamente ha sido sacudida por una serie de vaivenes; algunos ocasionados por él mismo, en tanto otros generados por sus enemigos en medio del fuego cruzado que de algún modo u otro debe suponer el haber sacudido los intereses directos de quienes regenteaban la Agenda globalista desde su país.
Sin embargo, nada se compara hasta ahora con la lucha que sostiene de manera directa quien se perfila muy probablemente como el futuro Presidente de los Estados Unidos a partir de esta semana en la que enfrentó una fianza impuesta desde Nueva York-tradicional bastión del Partido Demócrata-por un monto cercano a los 500 millones de dólares, dirigida a congelar la mayor parte de sus activos en lo que pareciera un intento desesperado por descarrilarlo de la contienda electoral.
Hasta donde ha avanzado el juicio y las negociaciones, la suma exigida ha sido reducida a cerca de la mitad de la cantidad original en lo que el neoyorquino se encuentra próximo también a recibir un gran apoyo de 3000 millones de dólares en un acuerdo por hacer pública su empresa mediática; un arreglo conveniente, aunque no parecerá aliviar cualquier tentativa de disposición de efectivo en el corto plazo, lo cual suele ser de sumo necesario a la hora de emprender campaña política al norte del Río Bravo.
Desde el fin de semana pasado el propio Trump ha venido a hacerse presente ante sus potenciales votantes haciendo una serie de llamados directos a sus millones de partidarios con urgencia. De hecho, ha llegado a sustituir su propia defensa política por una defensa formalmente legal, desde la que afirma que todo se trata de una persecución política emprendida, de manera desesperada, por intentar mantenerlo fuera de la contienda.
Cabe señalar que, de todos y cada uno de los más de 90 cargos penales que se le han intentado imputar con particular empeño, Trump se ha declarado inocente de todos y que ha atacado los constantes intentos por intentar aplicarle una serie de restricciones a modo de "órdenes mordaza" para evitar que él hable o se defienda de manera directa en los juicios que tendría pendientes-algo que violaría derechos humanos fundamentales-y que se presenta como una extraña petición por parte de quienes como fiscales pretenden someterlo a juicio. Sus propios abogados han sostenido también de manera pública que el tratar de imponerle silencio al ex presidente es algo que viola directamente la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión en la Unión Americana.
Al respecto, su abogado defensor ha hecho declaraciones en las que lamenta esta petición excluyente contra su cliente nada menos que como: "La solicitud de otro Fiscal demócrata trastornado-refiriéndose a Alvin Bragg-que busca una orden mordaza restrictiva, que, si se concede, infringiría inconstitucionalmente los derechos de la Primera Enmienda; incluida su capacidad para defenderse, y el derecho de todos los estadounidenses a escuchar al presidente Trump. Esto es interferencia electoral pura y dura", según un comunicado.
La oficina de Bragg ha tratado excusar esta extraña solicitud, ridícula y arbitraria, siendo iniciativa exclusivamente estatal, sugiriendo que es "especialmente necesaria" por tratarse del primer juicio penal hecho en contra de un expresidente estadounidense en la historia de aquel país.
Independientemente de que la figura pública de este hombre-distorsionada por los medios hegemónicos y la propaganda comunistoide en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa-nos pueda resultar antipática o no, la realidad en ciernes es el hecho de que quien probablemente se encuentra próximo a convertirse en el 47 Presidente de una de las naciones más poderosas del mundo (y nuestro principal tutor o vecino comercial) se encuentre tan sistemáticamente atacado por la élite política de su país, quizá hable mejor del mismo que de sus detractores al final del día.
