El presidente López Obrador ha titulado como "primer reporte", dirigido a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, lo que en el cuerpo de su texto define como "hipótesis". Tal término, establece el diccionario de la Real Academia Española, corresponde a la "suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia".
Una hipótesis, es decir, una suposición, significa suponer, lo que tiene como dos primeras acepciones, en el mismo diccionario: "considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen: (ejemplo) La vi con paraguas y supuse que llovía", o "considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo". ¿Sinónimos de suponer?: "conjeturar, sospechar, creer, figurar, poner, imaginar, pensar, considerar, cachar".
El mencionado "reporte" presidencial no es, por tanto, sino una suposición, una forma de análisis y expresión proveniente de la subjetividad de quien se expresa, lo cual podría o no llegar a ser verdad, de la misma manera obvia en que podría o no llegar a ser mentira. Una cosa son las suposiciones o hipótesis y otra son los hechos jurídicos.
El presidente de la República recurre, en el mencionado reporte que es hipótesis, a una fórmula que en el fondo trata de eludir los dos puntos centrales del caso de los 43 normalistas: la verdad y la justicia, compromisos a los que no se ha honrado y a los cuales ahora se pretende envolver en retórica de falsas justificaciones y en reparto de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas.
Más allá de los alegatos, las hipótesis, las suposiciones de conspiraciones internacionales y nativas contra su gobierno y los militares, y el fraseo recurrente de acusaciones contra el mismo aparato de indagación de estos y otros hechos criminales desde el poder, al que lleva largos meses desmontando y desacreditando, López Obrador tiene frente a sí el hecho histórico de que, al igual que Enrique Peña Nieto, el ocupante de Los Pinos en aquellas fechas aciagas, el actual ocupante de Palacio Nacional no ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos, la verdad, ni en la aplicación de la justicia.
Por el contrario: a estas alturas, las promesas verbales y compromisos institucionales en busca de verdad han sido abatidos sistemáticamente, en medio de una preocupante insidia desde el máximo poder contra quienes sirvieron desde el propio gobierno al propósito de encontrar la verdad y procurar la justicia y, aún más, en una estampa que es mucho más que lamentable, contra los abogados defensores, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el activismo solidario con la causa de los 43, arguyendo en su contra palabrería y señalamientos propios de los peores momentos de la anterior discursiva gubernamental represiva.
El motivo real de la clamorosa incongruencia del presidente López Obrador es la defensa tajante de las fuerzas militares, del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, al extremo de sostener que no tienen culpabilidad en los hechos de Iguala. El Presidente extiende un inadmisible certificado discursivo de inocencia a los militares y, así, emite una nueva versión de las postulaciones "históricas" de Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto: ahora se está en presencia de la "verdad" verde olivo.
Lo que el presidente debe informar, sin hipótesis ni suposiciones, es lo que realmente sucedió con los normalistas y dónde están sus restos, quiénes fueron los responsables superiores (no solo los grupos explícitos de crimen organizado), el papel que jugaron el Ejército y las policías federales, además de las instancias estatales y municipales.
Tampoco puede hablarse de justicia real cuando el armado institucional de indagaciones contra los militares ha sido obstruido y depreciado y cuando los imputados van saliendo de la prisión castrense para ir a casa a llevar sus procesos, y las acusaciones van siendo encaminadas hacia la atenuación, que es una forma de grave impunidad histórica. ¡Hasta mañana!
