De acuerdo con mi profesor y director de tesis del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Dr. Mauricio Merino, la política pública se define como una acción deliberadamente realizada desde alguna instancia del Estado con el propósito de cambiar el statu quo. De igual forma, el problema que pretende atender una política pública se debe definir por sus causas y no por sus efectos, lo cual no implica que, eventualmente, no se atiendan estos últimos. Esto viene a cuento por la reciente aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y los recursos destinados a la educación universitaria en el país.Haciendo un gran esfuerzo de síntesis histórica respecto de la política educativa del país, en particular a nivel superior, la podemos dividir en cuatro momentos importantes: 1) La masificación de la educación pública, indispensable desde mediados del Siglo XX; 2)
La construcción de todo un nuevo sistema técnico - universitario con el propósito de formar técnicos superiores que, sin llegar al grado de ingenieros, fueran capaces de resolver problemas concretos dentro de una empresa manufacturera, caracterizada por tecnología poco sofisticada, en el contexto previo a la entrada en vigor del TLC; 3) La evaluación del desempeño docente que confundió un medio necesario con un fin en sí mimo, convirtiéndose en un política pública selectivamente punitiva, como parte de los acuerdos contenidos en el llamado “Pacto por México” a principios de la década anterior, y 4) El actual sistema de transferencias directas a los estudiantes y la formación de nuevas universidades, como la Benito Juárez y la Rosario Castellanos, cuyo funcionamiento y resultados son bastantes opacos y por lo tanto desconocidos. Cada punto de esta sobre simplificación histórica ha sido y es motivo de grandes ríos de tinta plasmados en libros y artículos académicos.
Centrando la atención en el presente, el enfoque actual busca ampliar la oferta y fomentar la permanencia de los estudiantes en nivel universitario, con el propósito explícito por parte del gobierno federal de admitir y egresar a la mayor cantidad de alumnos posibles.
Es justo decir que la eficiencia terminal, entendida como el número de egresados de la universidad respecto del número de los que ingresaron, es el indicador por excelencia desde por lo menos cuatro lustros atrás, pretendiendo con ello sugerir una especie de logro o “éxito” en el ámbito educativo, como si la cantidad definiera la calidad.
La política pública de educación en México, y me circunscribo al nivel universitario, se ha convertido en una serie de transferencias directas que pretende solucionar un problema de truncamiento o de deserción académica. En lo personal comparto la necesidad de apoyar a la población estudiantil verdaderamente carente de recursos económicos para continuar con sus carreras académicas. En este sentido, el apoyo a nivel universitario del gobierno federal es la Beca Benito Juárez, cuyo objetivo explícito es que “Contribuye a que alumnas y alumnos de licenciatura o técnico superior en licenciatura en escuelas públicas de educación superior catalogadas como prioritarias, puedan seguir y culminar sus estudios universitarios”, que, de acuerdo con cifras del INEGI, es la principal causa de abandono escolar en el nivel educativo superior. No obstante, y con el afán de abonar en la eficacia de las políticas públicas, sería perfectamente factible y conveniente, por un lado, aprovechar la organización de las instituciones de educación superior para afinar significativamente el mecanismo de selección de los alumnos y otorgar la Beca a aquellos que realmente la requieran y, por otro lado, utilizar parte de estos recursos liberados en la capacitación del personal docente, así como en la mejora de las instalaciones. Por supuesto, estas y otras áreas de oportunidad tendrían que partir de un buen diagnóstico y definición del problema público.
