Para Pablo Yankelevich
México tiene compromisos y obligaciones internacionales para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales que debe cumplir.
Los adquirió de manera soberana, como parte del proceso de inserción en la globalización, de transición política electoral y como parte de sendos acuerdos de integración económica y modernización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos se dividen en dos: los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales.
Los primeros son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; tutelan tanto la libertad ante la esclavitud, la servidumbre, la tortura, el castigo inhumano o degradante, el arresto y las detenciones arbitrarias, como salvaguardan el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, a ser considerado inocente hasta que se compruebe culpabilidad, al igual que la inviolabilidad, reserva y secreto de la correspondencia, las libertades de movimiento y residencia; incluyen también el derecho a solicitar y obtener asilo frente a la persecución, el derecho a una nacionalidad, a tener una familia, a ser propietario, a gozar de libertad de pensamiento, de conciencia y religión, así como de opinión y expresión, de reunión pacífica y asociación, teniendo derecho a votar y a participar en un gobierno.
Los segundos protegen el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la educación, al descanso, a la recreación, ser partícipe de la cultura.
El compromiso con la promoción y defensa de todos estos derechos fundamentales es universal y no sólo de competencia nacional. En este momento axial de México es patente la necesidad y la oportunidadpara que los derechos humanos -todosse conviertan en uno de los ejes transversales del programa de gobierno de la próxima administración para conseguir avanzar -sin retrocesoshacia una democracia constitucional sustantiva. La tenaz lucha por la justicia, la verdad, la memoria y la reparación del daño para las víctimas de violaciones reclama cambios profundos respecto del gobierno de AMLO.
El imperio de la ley es una quimera; persiste un enorme déficit en el Estado de Derecho.
La impunidad corroe la convivencia social y desquicia muchas actividades productivas en el territorio nacional. Hay reclamos urgentes de una reforma profunda en la procuración e impartición de justicia, en particular en la actuación de las fiscalías y del Ministerio Público.
Las reformas al Poder Judicial anunciadas no deben tornarse una coartada, una imposición, una salida en falso. Las violencias persisten, penetran y transgreden todos los estratos sociales, con mayor crudeza en los sectores empobrecidos y marginados.
El país requiere paz y reconciliación, con justicia. Como lo han señalado varias analistas, los asesinatos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, extorsiones, violaciones, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, malos tratos a migrantes y desapariciones forzadas no pueden seguir siendo normalizadas, vistas como connaturales a nuestra asediada comunidad política.
Por ello, la reivindicación de los derechos de las víctimas, mediante el esclarecimiento de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990, en el periodo de la “guerra sucia”, reviste importancia fundamental para la transición presente.
Puede tornarse una oportunidad para comprender con objetividad, honestidad y precisión cuáles son las condiciones institucionales que persisten y propiciaron la violencia y la impunidad actuales para poder revertirlas.
Debemos proseguir y conformar los mecanismos de una auténtica justicia transicional: verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición.
Más allá del fin del mandato de la Comisión de la Verdad, las autoridades entrantes debieran atender las recomendaciones y dar seguimiento a sus actuaciones para continuar esclareciendo el pasado, honrar y reparar a las víctimas, presentando ante la justicia a todos los responsables para su castigo; reforzar el largo camino y proteger a las personas vulnerables, ampliando el espacio cívico, asumiendo la continuación de una misión de profunda importancia ética y humana, junto con las organizaciones civiles y los organismos internacionales. Atender efectivamente a las víctimas de los crímenes del pasado, sin abandonar a las víctimas del presente.
Si no ¿cómo se puede hablar de continuar una transformación de la vida pública con casi 180 mil homicidios del sexenio que termina, con cientos de miles de desaparecidos acumulados desde la segunda mitad del presente siglo, con decenas de personas candidatas asesinadas en fechas recientes, al igual que cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas?
El gobierno entrante no debe dar cabida una falaz disyuntiva entre derechos políticos y civiles y derechos económicos y sociales. Todos los derechos humanos son interdependientes.
No pueden sacrificarse unos por otros. La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos son principios protegidos por nuestra constitución. Suprimir o restringir libertades básicas como la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de manifestación -o criminalizar la protesta socialsocava, en los hechos, la gobernabilidad democrática, la pluralidad política, cultural, de género, social y étnica, aun si es en aras de priorizar y mejorar las condiciones de vida y asegurar el bienestar de los más pobres.
El próximo gobierno, lejos de temer y desmarcarse de las instancias internacionales debiera apoyarse y trabajar con ellas. Avanzar en lo interno, enfrentar los obstáculos con la verdad, -para no equivocarseen el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, revertir el uso generalizado de la prisión preventiva, reformar la Ley General de Atención a Víctimas, actualizar la Comisión Ejecutiva, refundar la Comisión Nacional de Búsqueda, y restituir la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
@JAlvarezFuentes
