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Los retos del exterior y la transición. Siete, minería

JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Para Francis Suárez Dávila

La minería será otro de los desafíos para el gobierno entrante. Prioridad que requerirá atención coordinada y urgente, aun si está debajo del radar político. Se necesitarán transformaciones de fondo para avanzar hacia una minería viable, sustentable y socialmente responsable. Así parecen indicarlo circunstancias recientes. El gobierno saliente decidió el ingreso a la Asociación para la Seguridad de los Minerales, creada en 2022 por Estados Unidos, Australia, Canadá, la India, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Corea y la Unión Europea, para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías y la adopción de energías limpias en las cadenas de producción y suministro de minerales y metales críticos. Sus objetivos son alcanzar una minería climáticamente inteligente, proteger los bosques del planeta, reducir las emisiones y combatir el cambio climático, pero ante todo enfrentar el predominio de China en el refinamiento de minerales críticos y estratégicos como litio, tierras raras, cobalto, manganeso, grafito, tungsteno, estaño y zinc; y contrarrestar también la importancia de Rusia, respecto al níquel, el aluminio y el platino.

Los socios buscan elevar sus capacidades de producción, crear alianzas y establecer acuerdos. Como actor predominante, China prohibió desde el año pasado la exportación de tecnologías para la extracción, separación y procesamiento de las tierras raras y exige permisos para exportar galio, germanio y grafito. Todos estos minerales y metales críticos se utilizan para fabricar semiconductores, baterías eléctricas, turbinas eólicas, paneles solares, productos electrónicos de alta gama, automóviles y trenes eléctricos, componentes para nuevos aviones comerciales y de combate, computadoras, teléfonos celulares, equipos de radio comunicación, monitores y televisores de pantalla plana, entre otros.

El gobierno mexicano decidió también, recientemente, secundar las medidas de Estados Unidos para frenar la entrada de aluminio y acero de China -y otros países- a fin de proteger las cadenas de suministro en los mercados norteamericanos, conforme al T-MEC. Medidas de incremento de aranceles que buscan garantizar y proteger que el aluminio y el acero que están llegando a América del Norte sólo se beneficien quedando libres de impuestos "si se funden y vierten" en México, Estados Unidos y Canadá. Al reconocer que China y otros países tienen capacidad en exceso, buscan garantizar la viabilidad e integridad de los mercados en los tres países, para conseguir una mayor integración.

A lo anterior, se suma el hecho de que las reformas a la Ley Minera, aprobadas en mayo de 2023, impugnadas por numerosas empresas y diputados de oposición, aún están siendo revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de cientos de amparos. La SCJN acaba de ordenar, la semana pasada, que las salas regionales y los tribunales colegiados de circuito aplacen, temporalmente, los dictámenes de resolución de contradicciones de criterio sobre juicios de amparos en revisión, en materia de concesiones de minería y agua, en tanto el máximo tribunal avanza y resuelve, en definitiva, el fondo del asunto, emitiendo un acuerdo general plenario sobre los recursos de inconstitucionalidad de dichas reformas, las cuales también modifican, adicionan y derogan artículos de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El impugnado decreto de reformas a la Ley Minera, que permanece sin reglamentación, busca reducir las concesiones de 50 a 30 años, prohibir que se otorguen en áreas naturales protegidas, en zonas que pongan en peligro a la población y no tengan disponibilidad de agua, establece la obligatoriedad de la consulta vinculada al consentimiento de las comunidades, restringe la actividad de los particulares y reserva para el Estado mexicano la exploración, explotación, beneficio, uso, y aprovechamiento de los minerales estratégicos. El gobierno mexicano, al igual que otros, está buscando reescribir las reglas para la extracción de minerales, habiendo enormes desafíos legales, legislativos, energéticos, hidrológicos y sociales. La comprensión exhaustiva de los impactos medioambientales, sociales y sanitarios asociados con las actividades extractivas, no habiendo otorgado nuevas concesiones desde 2018, resulta fundamental, pero insuficiente.

Los cambios legislativos parecen apuntar, sobre todo, a acabar y prohibir las concesiones mineras a cielo abierto. 220 permisos ambientales permanecen sin ser liberados por la SEMARNAT. Los más importantes capitales mexicanos controlados por German Larrea, Calos Slim y Alejandro Baillères tienen enormes intereses en la minería mexicana; más de la mitad de las empresas mineras extranjeras son canadienses. Disponen todos de una enorme capacidad de influencia.

El nuevo gobierno va a necesitar con urgencia asegurar el abasto de energía eléctrica, como también el de minerales metálicos como cobre, acero, silicio, platino y de minerales estratégicos incluidos litio, cobalto y tierras raras. De no hacerlo, no se conseguirá el desarrollo de la llamada industria 4.0 centrada en aprovechar el nearshoring y el friendshoring. Las actividades mineras siempre han acompañado el avance industrial, pero los nuevos usos y tecnologías, los cambios en los modelos energéticos, en particular las vertiginosas transformaciones en las industrias aeronáutica, electrónica, militar y automotriz están generando una mayor demanda en el mundo, habiendo una disponibilidad limitada en la oferta de los llamados metales y minerales verdes.

El gobierno entrante debe actuar rápida y eficazmente no sólo para superar los retos de la regulación y la exploración minera gubernamental, que pretendidamente corresponderá al Servicio Geológico Mexicano, sino resolver la viabilidad de una minería sustentable, socialmente responsable, para continuar atrayendo cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras. Enfrentar los nuevos retos de la impostergable transición energética a nivel nacional y regional, dependerá de la minería.

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