La presidenta electa Claudia Sheinbaum, junto con el equipo para formar gobierno, enfrentan desde ahora múltiples retos. No serán sólo internos, provienen también del ámbito internacional. Centremos la atención en uno de los principales desafíos provenientes del exterior, el cual no podrá esperar al 1º de octubre. Este, y otros que analizaremos en próximas semanas, demandarán atención prioritaria y seguimiento preciso durante el periodo de transición. Se tendrán que evaluar opciones y determinar márgenes de acción para que el gobierno entrante pueda hacerles frente de la mejor manera posible al asumir sus responsabilidades. Transiciones entre gobiernos en México suelen ser coyunturas críticas. Estos retos van a requerir, sin distracciones e interferencias, deliberaciones profundas sobre la situación del país, revisar a fondo las políticas públicas, evaluar las conductas seguidas e identificar dónde se encuentran los contornos y las prioridades del interés nacional. Fundamental será reconocer avances y retrocesos, presiones, insuficiencias y capacidades, logros, imposiciones y limitaciones, en lo interno, pero también en lo externo.
Atrás habrán quedado las consideraciones y propuestas de las campañas y debates electorales. Quizás algunas pudieran resultar útiles y pertinentes para avanzar sin pausa, en un trabajo intenso de preparación, concertación y análisis prospectivo a fin de determinar el curso de acción para enfrentar los retos y oportunidades del exterior. No podrán dejar de reconocerse las decisiones acertadas, como los desatinos en la actuación internacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Particularmente sus cálculos respecto de la política interior que gravitarán hasta el último día de su mandato. Restan pocas semanas antes de la celebración de las elecciones estadounidenses en noviembre. La coincidencia de dos nuevas administraciones al inicio del próximo año motiva interrogantes fundamentales en ambos países.
El gobierno entrante tendrá que actuar y prepararse rápidamente, sea que Biden consiga reelegirse, o si acaso, a no quererlo, Trump logre instalarse nuevamente en la Casa Blanca, a pesar de todas sus trapacerías. La migración indocumentada de mexicanos y de otras naciones, a través de México y la preocupación por la seguridad de las fronteras, serán factores determinantes en los siguientes seis meses. Las decisiones que se tomen respecto de la migración internacional repercutirán en el continente.
Los acuerdos bilaterales sobre la gestión concertada en materia migratoria seguirán a prueba, luego de las más recientes disposiciones restrictivas estadounidenses que harán que la inmensa mayoría de los migrantes mexicanos y de otras naciones que intenten cruzar irregularmente la frontera, desde México, no puedan entonces solicitar asilo, ni tampoco calificar para recibir ningún otro tipo de protección. En mayo pasado, más de 5 mil indocumentados intentaron cruzar diariamente la frontera norte y más de 7 mil ingresaron por la frontera sur. En junio Estados Unidos procederá a "cerrar" temporalmente la frontera si el número de "encuentros" con migrantes indocumentados rebasa los 2 mil 500 diarios durante una semana.
Consecuentemente, decenas de miles de migrantes permanecerán en México en tránsito, esperando cruzar o quedarse. Están ya viviendo entre nosotros, atrapados en toda la geografía nacional. Miles de migrantes cruzarán desesperados y serán expulsados de inmediato, devueltos a la larga frontera mexicana. Otros cientos de miles serán deportados desde Estados Unidos a sus países, principalmente a Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. AMLO ha pedido al presidente Biden que las deportaciones sean directas, pero Estados Unidos no tiene acuerdos de repatriación con Cuba, Nicaragua y Venezuela, por lo que el gobierno mexicano está tratando de mediar. Desde mayo del año pasado, 720 mil personas sin base legal para permanecer en Estados Unidos fueron expulsadas. Cerca de un millón y medio fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza.
El gobierno saliente está dispuesto a seguir recibiendo migrantes, pero en los hechos se encuentra en graves aprietos: la capacidad financiera y operativa para atenderlos es muy precaria, además de conflictiva a nivel federal y local, dada la inocultable militarización y corrupción del Instituto Nacional de Migración y la postración de la Comisión Mexicana para la Atención a los Refugiados. Las organizaciones civiles siguen ayudando, pero sus recursos son muy limitados. Los albergues y centros de atención para migrantes son notoriamente insuficientes. Hay campamentos problemáticos en el norte y sur del país, así como en la Ciudad de México y otras ciudades fronterizas. Las detenciones de migrantes irregulares aumentaron de manera exponencial: 481,025 hasta abril pasado, principalmente en Baja California, Sonora, Tabasco y Chiapas.
¿Habrá la voluntad y capacidad del gobierno entrante para construir un nuevo INAMI y dotarlo de personal capacitado en derechos humanos? ¿Para reconstruir a fondo la COMAR, cumplir con las leyes sobre asilo y refugio, recobrar los valores de justicia y compasión? ¿Prevalecerá la convicción y determinación para reconsiderar la política de contención de los flujos migratorios centrada en la seguridad nacional? Estas importantes determinaciones junto con el despliegue de miles de integrantes de la Guardia Nacional han sido las premisas del entendimiento bilateral. Aferrados a la lógica de ejercer su soberanía en las fronteras, ambos gobiernos coinciden en el imperativo de la integración económica, pero han sido incapaces de despejar la ecuación laboral de segundo grado de la migración.
La llegada de dos nuevas administraciones puede hacer propicia la voluntad y las condiciones para repensar de manera distinta la cooperación transfronteriza y trabajar de manera eficaz en la seguridad humana binacional y regional, teniendo objetivos comunes, compartidos
Claudia Sheinbaum necesitará de una nueva política exterior, de la red consular, no sólo de Juan Ramón de la Fuente.
@JAlvarezFuentes
