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Los retos para nosotros, los ciudadanos

ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY

Un nuevo gobierno de la República inicia. La Señora Titular del Poder Ejecutivo Federal quiere que la llamemos Presidenta. Me resisto a usar ese término, pues la palabra correcta es Presidente; con ella se puede aludir tanto a una mujer o a un hombre, si usáramos Presidenta, deberíamos también usar Presidento. La Señora Presidente recibe un país con graves desafíos: construir un nuevo balance entre el poder civil y el militar; contener el avance del crimen organizado, la violencia y recuperar la paz; aprovechar las oportunidades del nearshoring para dinamizar la economía, la generación de empleos bien pagados y reducir la pobreza y las desigualdades; recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas; resolver la crisis generada por la reforma judicial y hacerla compatible con fortalecer la carrera judicial, con base en el mérito y los conocimientos, y la autonomía del poder judicial; lograr una revisión satisfactoria a los intereses de México, del TMEC; reconstruir el aparato gubernamental, diezmado su capital humano por la llamada austeridad republicana; y muchos otros. Sobre estos desafíos diversos analistas han escrito ya con abundancia y tino.

Yo me referiré a dos retos desde la óptica de la ciudadanía: uno, la irrelevancia a la que los ciudadanos hemos sido convertidos como actores políticos y el segundo, la destrucción gradual, ya casi total de nuestro sistema federal.

Con mayorías calificadas en ambas cámaras, con legalidad cuestionable, pero realidad inevitable, con la mayoría de los gobiernos y congresos estatales, nos hemos vuelto irrelevantes. El grupo en el poder puede manejar la Constitución a su antojo, puede eliminar derechos adquiridos, como el acceso a la información pública para que los ciudadanos podamos saber en qué y cómo se usa el dinero de nuestros impuestos. Puede igualmente establecer controles a nuestras actividades o encarcelarnos, bastando una mera denuncia de alguna autoridad para ello y ante esos abusos se nos ha limitado el acceso a la protección del amparo y han convertido en inútil cualquier denuncia que hagamos sobre actos de corrupción de funcionarios públicos y sus familiares. El grupo en el poder puede violar la ley cuantas veces les plazca con total impunidad . En suma, estamos a merced de la buena voluntad del grupo en el poder y de la Señora Presidente y poco podemos hacer. Somos irrelevantes.

El otro reto que como ciudadanos debemos enfrentar es el retroceso en materia de federalismo. Al independizarse, no sin resistencias, México optó por convertirse en República federal. El sistema federal quedó establecido en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y luego en la Constitución del mismo año. Sin embargo, en 1836, de manera legalmente cuestionable pues el Congreso que lo adoptó carecía de facultades para ello, se modificó la organización política de una República federal a un sistema centralista. Esta disputa se resuelve con el triunfo liberal en 1857 que llevó a la Constitución de ese año, la cual adoptó definitivamente el sistema federal, y estableció el principio federal básico al decretar que las facultades "que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados".

Sin embargo, en las décadas siguientes, y hasta el presente, salvo algunos periodos, ha habido un acoso constante contra el federalismo tanto por la vía de reformas legales y constitucionales para restar facultades a los estados y ampliar los poderes federales, como por la vía de crear a fines de los 70, un nuevo mecanismo de coordinación fiscal que redujo el margen estatal para generar los ingresos propios y aumentó la dependencia estatal sobre el presupuesto federal.

En los ochenta y años posteriores se inicia lar reversión de esta situación: convenios únicos de desarrollo entre la federación y cada estado para transferir recursos por concepto de aportaciones federales a los estados para atender diversas necesidades; la descentralización educativa que transfirió a los estados la responsabilidad y recursos para administrar diversos servicios educativos que antes prestaba directamente la federación; algo similar sucedió en materia de salud. Este proceso se frena e inicia su reversión desde el sexenio de Peña Nieto y se ha agravado seriamente durante el gobierno de López Obrador. Cada vez más los estados carecen de opinión sobre el destino y ejecución de los gastos públicos, véase los llamados Siervos de la Nación o dependencias construyendo parques públicos y banquetas en municipios pequeños, el manejo de los servicios educativos, y los de salud con IMSS-Bienestar por citar algunos. Las expectativas en esta materia con el nuevo gobierno no son halagüeñas. Los indicaciones en contra de renovar nuestro federalismo están ya a la vista: la renuncia de la Señora Titular del poder ejecutivo federal a impulsar una reforma fiscal profunda, que sería condición necesaria para construir un nuevo federalismo,en el cual se asignara a cada nivel de gobierno las responsabilidades más idóneas, acorde a su naturaleza y los recursos para cumplir tales obligaciones; la propuesta que ha adelantado en materia de Notarías, que llevaría a crear un sistema centralizado en el gobierno federal; su intención de continuar ampliando el IMSS-Bienestar como el mejor modelo de salud, presionando a los estados que aún no están en este sistema a hacerlo. Este deterioro acelerado del federalismo significa que también como agentes de desarrollo, impulsando el potencial que hay en cada estado, somos irrelevantes: todo se controla desde la ciudad de México y por pocas personas.

Como ciudadanos debemos luchar contra esta irrelevancia. No podemos claudicar, ni quedarnos solo mirando. Y debemos hacerlo no solo por quienes así nos sentimos, sino por el país entero. Pues no hay forma de salir de la pobreza y moderar las desigualdades, de superar los retos si no es con el concurso de todos.

A nosotros ciudadanos nos toca organizarnospara esta lucha, para recuperar la relevancia que merecemos, aun siendo minoría. A la Señora Titular del poder ejecutivo federal le toca aceptar que aun con esa mayoría legal, aunque muy cuestionada en la realidad, no podrá sacar a México adelante sola, sin el concurso de quienes no votaron por ella, por el contrario, de seguir ignorándolos como su antecesor, nos llevará a que se rompa la República federal.

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