Magistrada denuncia ilegalidad en sorteo de jueces y magistrados

Luego de que este fin de semana se llevó a cabo el sorteo para la selección de jueces y magistrados, un evento que ha generado fuertes críticas dentro del Poder Judicial de la Federación, la Magistrada Ana Luisa Beltrán, representante del Poder Judicial en Coahuila, se pronunció contra el proceso, calificándolo como un acto ilegal, arbitrario y humillante para los profesionales del derecho.

En sus palabras, este proceso ha desvirtuado la carrera judicial, reduciéndola a un simple juego de azar que vulnera la dignidad de las y los jueces que, lejos de acceder a sus puestos por favores políticos o nepotismo, lo han hecho a través de concursos de oposición y años de trabajo dedicado.

Beltrán describió el sorteo como un acto "denigrante" que no sólo va en contra de los principios de mérito que deberían regir el acceso a la Magistratura, sino que también ha puesto a México en el centro de la crítica mundial.

“Somos la burla del mundo, la crítica de todos los juristas está sobre México por este acto despreciable”, lamentó la magistrada, haciendo referencia al desdén con el que este proceso ha sido visto en el extranjero.

Según los artículos transitorios del decreto de reforma, el sorteo debía aplicarse solo a la mitad de los jueces por circuito y especialidad. Sin embargo, Beltrán denunció que este principio no se respetó y que todos los jueces del país, sin excepción, fueron incluidos en el proceso, tratándolos como meros números.

“Nos partieron a la mitad sin considerarnos como personas, con nuestras circunstancias de vida, sino como simples números”, aseguró, destacando la incertidumbre y desconcierto que este sorteo ha generado en la comunidad judicial.

En Coahuila, al igual que en el resto del país, los jueces con números impares deberán dejar sus cargos en junio de 2025, mientras que aquellos con números pares lo harán en 2027.

Beltrán subrayó que este proceso, más allá de la temporalidad de las destituciones, refleja una visión utilitaria y deshumanizante de los jueces, quienes son tratados como piezas reemplazables dentro de un engranaje político.

Otro de los puntos más graves que señaló la magistrada fue el incumplimiento de las suspensiones de amparo que varios jueces, incluido ella misma, han promovido contra el decreto de reforma.

Estas suspensiones, otorgadas por jueces federales, obligaban al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a no enviar las listas con los nombres de los jueces al Senado: sin embargo, según Beltrán, el CJF desacató estas suspensiones, lo que contribuyó a que se realizara el sorteo.

“El CJF está compuesto por siete integrantes, de los cuales tres son de extracción de Morena”, explicó la Magistrada, destacando que fue precisamente el voto de un magistrado de carrera judicial el que permitió la mayoría necesaria para llevar a cabo el sorteo.

Este magistrado, en un acto que Beltrán calificó de incomprensible, se unió a los tres consejeros afines al partido en el poder, lo que permitió que se ignoraran las suspensiones otorgadas.

Beltrán fue contundente al afirmar que el Consejo de la Judicatura, al someter el cumplimiento de las suspensiones a votación, actuó fuera de la ley: “Si la autoridad no está de acuerdo con la suspensión, no le corresponde evaluarla ni desacatarla; debe recurrirla, pero no lo hicieron así”, sentenció.

El sorteo ha sido, según Beltrán, una puesta en escena que responde a un discurso de odio y venganza en contra del Poder Judicial, un discurso que ha calado profundamente en la opinión pública.

“Lo que vimos fue un circo grotesco, aplaudido porque compraron el discurso de odio y venganza contra nosotros”, expresó, destacando que la narrativa oficial ha presentado a los jueces como corruptos y aliados de la delincuencia de cuello blanco sin fundamento alguno.

La Magistrada lamentó que el proceso no se hubiera prestado para un debate de altura, donde se pudieran discutir argumentos jurídicos sólidos. En su lugar, lo que imperó fue una campaña de descalificación que, en sus palabras, ya estaba preparada de antemano.

“Nos hubiera gustado tener un debate de altura, pero lo único que escuchamos fue la misma descalificación de siempre”, indicó.

A pesar de la gravedad de la situación, la Magistrada Beltrán dejó claro que el Poder Judicial no está derrotado e hizo un llamado a la sociedad para que no pierda la fe en las instituciones judiciales y aseguró que aún quedan recursos legales por agotar.

En este sentido, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos diversas controversias de constitucionalidad y acciones legales que deberán ser analizadas antes de que se puedan tomar decisiones definitivas.

“No estamos derrotados, quedan esos recursos ante nuestro máximo tribunal”, afirmó Beltrán, subrayando que aún confían en que la SCJN actúe conforme a los principios del Estado de derecho.

Además, advirtió que si la lucha no tiene éxito a nivel nacional, están dispuestos a llevar el caso a instancias internacionales. Recordó que ya existen precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prohibición de destituciones masivas de jueces, aludiendo a la importancia de la independencia, imparcialidad y estabilidad de los jueces como garantías fundamentales para la ciudadanía.

Beltrán también se refirió a los múltiples errores que, en su opinión, marcaron el proceso de aprobación de la reforma judicial. Criticó la prisa con la que se llevó a cabo la votación en los congresos estatales, donde algunos legisladores votaron sin siquiera haber leído el proyecto.

Mencionó específicamente el caso del Congreso de Oaxaca, donde los diputados votaron “en pijama” durante la madrugada. Este tipo de prácticas, según la magistrada, son reflejo de la urgencia desmedida por parte del poder legislativo para terminar con el actual esquema del Poder Judicial.

Finalmente, la Magistrada cuestionó la narrativa de que el Poder Judicial no puede revisar las reformas aprobadas por el Congreso.

Aseguró que la Constitución tiene cláusulas inamovibles que no pueden modificarse a menos que el pueblo decida hacerlo a través de una revolución. “Lo que ocurrió fue la elección de una presidenta y de legisladores, no la reforma de la Constitución”, concluyó.