El 29 de octubre, rumbo al Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Sustentabilidad Hídrica que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua exigió a la Comisión Nacional del Agua la participación ciudadana y comunitaria, así como la instalación de mesas de trabajo regionales con la finalidad de atender las problemáticas que existen en el sistema hídrico del país, como sobreconcesionamiento y acaparamiento, sobreexplotación, falta de reconocimiento de derechos al agua de pueblos originarios, sistemas comunitarios y núcleos agrarios, privatización, urbanización insostenible y contaminación impune.
En su primera declaración pública, emitida el 12 de octubre en San Luis Potosí, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ejerza su papel como cabeza de sector y fomente políticas de coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Recomienda un trabajo a fondo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que logre más eficiencia en el uso de las aguas nacionales por las plantas termoeléctricas -al ser el principal uso industrial- y pague los derechos por el uso de aguas nacionales y descargas a los cuerpos receptores.
También es esencial, dice en su documento, que la CFE regule la asignación de contratos de electricidad a usuarios de pozos profundos que carecen de concesiones de agua para evitar la clandestinidad y sobreexplotación de aguas subterráneas.
A su vez es vital, añade, lograr una política fiscal entre la CFE y los organismos operadores de sistemas de agua y saneamiento para que reinstale la tarifa de servicios públicos cuya desaparición desde 2017 obstaculiza el cumplimiento del derecho humano al agua.
De igual manera, se requiere una tarifa especial con subsidio para los sistemas comunitarios de agua a fin de que se evite el corte de electricidad por falta de pago y se afecte el disfrute del agua como un derecho humano y colectivo.
En el caso de la agricultura de riego, aclara, existe una tarifa de electricidad con subsidio federal, que beneficia a pequeños, medianos y grandes productores, pero que en condiciones de acaparamiento de agua eleva las desigualdades, sobre todo al beneficiar a la agricultura comercial y de exportación.
Confiamos, dice, en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá la política de no someter proyectos hidráulicos ni la operación de sistemas de agua y saneamiento a las dinámicas de privatización.
Se requiere, agrega, que la nueva Ley General de Aguas siente las bases para modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento, basados en la transparencia, la eficiencia, el acceso equitativo, el ahorro y reúso, tarifas justas y la participación ciudadana efectiva.
La contraloría autónoma del agua hizo un llamado a que el Senado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consulta con la población fronteriza y en general, consense una política de soberanía hídrica frente a las crecientes presiones sobre los acuíferos y ríos transfronterizos por parte del vecino del norte.
Como primer acto de esta contraloría nacional, denunció la decisión de Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, de revivir el proyecto de Presa Las Cruces, el cual fue suspendido en 2017 y afecta al único río libre del país.
Esta obra inundaría un vasto territorio, afectaría el flujo natural del río San Pedro y destruiría lugares sagrados y formas de vida de los pueblos Naayeri, Wixárika, Meshika y Óodam así como el arraigo de más de 20 mil familias.
De igual manera afectaría el sistema hidrológico que alimenta a Marismas Nacionales, un Área Natural Protegida de alto valor ambiental que además es sitio RAMSAR y en que viven pueblos de pescadores desde la época prehispánica.
Exige al gobierno de Claudia Sheinbaum la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por atentar contra los pueblos indígenas y campesinos y comunidades de pescadores y poner en riesgo un sistema hidrológico y humedal de alto valor ambiental.
Asimismo, exige la abrogación del decreto presidencial del 2014 que reserva el agua del río para generación hidroeléctrica.
Dado que las presas hidroeléctricas en su primera década generan más Gases de Efecto Invernadero que la generación de combustibles fósiles, "consideramos que la transición energética no pasa por presas, sino por proyectos descentralizados de generación de energía solar y eólica".
Este conjunto de propuestas -y más incluidas en la primera declaración pública de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua- se añade a las que se dieron a conocer en las dos últimas entregas de esta columna periodística.
@kardenche
