¿Multas de 180 mil pesos por uso de vapeadores en México? te contamos la verdad
En México, la discusión sobre la prohibición de los vapeadores sigue tomando fuerza.
Desde el sexenio anterior, se ha impulsado una iniciativa para erradicar estos dispositivos, y ahora, la Cámara de Diputados busca reformar los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir su producción, distribución y consumo en su totalidad.
Sin embargo, las severas sanciones propuestas, de la que muchos especulan que incluirá multas de hasta 180 mil pesos, han generado un amplio debate sobre la efectividad y justicia de estas medidas.
La reforma propuesta establece sanciones económicas por el consumo de vapeadores en la vía pública o por la posesión de estos dispositivos. Además, contempla penas de cárcel y la clausura definitiva de los comercios que los distribuyan.
El elevado monto de las sanciones podría percibirse como un castigo desproporcionado, especialmente si se tiene en cuenta que muchos usuarios de vapeadores los eligen como una opción para dejar de fumar, a pesar de los estudios que demuestran los riesgos asociados con el vapeo.
Cabe mencionar que las posibles sanciones aún no están establecidas en la reforma, por lo que se espera que estas sean planteadas en las leyes secundarias.
Para que la reforma que prohíbe los vapeadores en México entre en vigor, todavía se deben cumplir varios requisitos legislativos.
La propuesta debe ser aprobada en lo particular, luego será discutida en el Senado y, finalmente, deberá recibir el aval de al menos 17 congresos estatales. Este proceso podría tomar varios meses y aún queda por ver si las sanciones de hasta 180 mil pesos se mantendrán en la versión final del dictamen.
El dictamen estableció que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar las leyes secundarias; y las legislaturas locales tendrán 365 días naturales para realizar las adecuaciones normativas necesarias.
Además, el país carece de un marco regulatorio claro para la implementación de esta prohibición. La falta de políticas públicas específicas sobre la regulación del vapeo podría dificultar el control efectivo de la venta y el consumo de estos productos, creando un mercado ilegal aún mayor. Esto podría generar más complicaciones para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
