Municipio de Torreón deberá justificar irregularidades de más de 324 mdp a finales de febrero
El Diputado Antonio Attolini Murra detalló el procedimiento que sigue la Auditoría Superior del Estado (ASEC) al detectar irregularidades en los ejercicios fiscales de los ayuntamientos, luego de que se publicaran los resultados de la Cuenta Pública de Torreón, revelando más de 324 millones de pesos no comprobados durante la gestión del alcalde Román Cepeda.
De acuerdo con Attolini, la ASEC notificó oficialmente las observaciones el pasado 23 de diciembre y debió hacer lo mismo a Cepeda dentro de este tiempo, lo que otorga al Ayuntamiento un plazo de 40 días hábiles para subsanar las irregularidades, conforme lo establece la Constitución Política del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; este plazo concluye a finales de febrero.
Normativa aplicable y procedimiento
Artículo 159 de la Constitución de Coahuila: Establece las facultades de la ASEC para revisar las Cuentas Públicas y formular observaciones.
Artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: Regula el proceso de observaciones y el plazo para subsanar irregularidades.
Si las observaciones no son atendidas dentro del plazo, la ASEC remite el caso al Congreso del Estado, que puede gestionar sanciones ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.
Consecuencias de no subsanar irregularidades
Procedimientos administrativos: La Ley de Responsabilidades Administrativas permite iniciar procesos para deslindar responsabilidades graves o no graves contra los funcionarios involucrados.
Denuncias penales: Si se detecta daño al erario público, la ASEC puede presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Reintegro de recursos: En caso de daño patrimonial, se exige el reintegro al erario estatal y se notifican las irregularidades al Congreso para aplicar sanciones adicionales.
Attolini subrayó que, de no atenderse las observaciones, las consecuencias podrían incluir inhabilitaciones, responsabilidades civiles o penales, y el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
“El cumplimiento de estas observaciones es importante para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos; de lo contrario, se procederá conforme a la ley para deslindar responsabilidades”, concluyó el legislador.
