Desde el 5 de febrero del presente año, en el marco del 107 aniversario de nuestra Constitución Política, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión 20 iniciativas que contienen reformas a diversos artículos de nuestro Código Político Fundamental, destacando entre ellas la que se refiere ala reforma del Poder Judicial Federal y, específicamente la relativa a la elección de los jueces de distrito, magistrados unitarios y colegiados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el voto popular. Anunció con antelación tal propósito. Durante cinco años y medio, aprovechó su diaria conferencia “mañanera” para criticar a la Corte, descalificar el trabajo de los ministros, acusándolos de corruptos y deshonestos, “por eso hay que reformar el Poder Judicial”.
Hoy, con su candidata triunfante convertida por eso en sucesora y heredera, a quien ha comprometido a destruir el poder judicial, “pues es parte de la 4T”, dijo Claudia sin rubor alguno; hoy parece que el panorama le es favorable, pues no tendrá necesidad de acudir a otra fuerza política para alcanzar la mayoría calificada, requisito “sine qua non” para reformar la Constitución, dado el número de diputados y la cantidad de senadores que obtuvo su partido Morena en las elecciones del pasado 2 de junio; cuenta además, con el voto favorable de la mayoría de las legislaturas de los Estados, donde también predomina Morena.
Tal vez el excesivo poder que ha concentrado le ha hecho perder el piso o alejarlo de la realidad política del país tal parece que no se da cuenta que con su propuesta lo que realmente está haciendo es poner la justicia a disponibilidad de los partidos; no es la politización de la justicia, sino la partidización; serán los partidos políticos los que al postular candidatos o candidatas y ganar éstos la elección respectiva, determinarán la integración del Poder Judicial de la Federación.
El Presidente quiere sacarla antes de irse a “La Chingada”, su rancho privado. Y puede hacerlo. Aún restan 90 días para el término de su mandato; julio, agosto y septiembre, son meses clave; la nueva legislatura iniciará trabajos el primero de septiembre y Claudia Sheinbaum asume el poder el primero de octubre. Así que el Presidente López Obrador trabajará un mes con la nueva legislatura, en la que su partido, ya se dijo, es mayoría.
Está empeñado el Presidente en desaparecer el Poder Judicial de la Federación; tiene una obsesión enfermiza por destruir a su depositaria, la Suprema Corte de Justicia, lo cual nos parece ilógico, absurdo e incongruente, porque si de mejorar la impartición de justicia se trata , no es con la elección de los funcionarios judiciales como se logrará este objetivo., pues si tal supuesto fuese efectivo, tenemos años, lustros y décadas eligiendo a presidentes d e la República, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, y los casos de deshonestidad y corrupción ilustran las páginas de nuestra historia.
¿Cómo garantiza el Presidente que eligiendo a jueces, magistrados y ministros los mexicanos veremos mejoría en las labores relativas a la impartición de justicia? Si la iniciativa presidencial prospera, como seguramente suceda dadas las condiciones políticas hoy imperantes en nuestro país, -será un machetazo a la democracia, pues se estará afectando el sistema de balanzas y contrapesos, seremos una democracia “coja”. México se levantará como país de un solo hombre, un fuerte tufo a autoritarismo se percibirá en el ambiente perfilado hacia la dictadura.
Perderemos derechos y libertades, de las que hoy gozamos; hablaremos bajo o no hablaremos por temor a que nuestras palabras sean oídas en Palacio. Todo porque el Presidente es uno y todo, porque está solo y hace lo que quiere, pues no hay nadie que lo pare y lo cuestione. Este es el panorama que se avizora de aprobarse su iniciativa de reforma constitucional.
