Con el título “Los puntos sobre las íes”,María Amparo Casarrefresca su pluma y ofrece al mundo literario su libro quesubtitula *El legado de un gobierno que robó, mintió y traicionó*, señalando, además, la escritora y periodista que “(Des)Institucionalización, (Des)Información, Ilegalidad,Impunidad, Incompetencia e Incongruencia son características que definen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las íes sobre las que pone los puntos la autora.
En el libro que provocó el enojo de quien hoy es presidentede la República, es categórica la autora al afirmar “Antes desentarse en la silla presidencial AMLO hizo cuatro promesas:un crecimiento económico del 6%, disminución sensible de la pobreza, combate en serio a la corrupción y seguridad para todos los mexicanos; ninguna cumplió”.
Socióloga por la UNAM, maestría y doctorado de la Universidad de Cambridge, María Amparo que también es presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Agrega que seis caracteres o tipos de conducta son los que definen la gestión lopezobradorista, expuestos en el libro que es el resultado de estudio e investigación, razón por la cual , el trabajo de María Amparo está acreditado, tiene la aceptación del público lector y goza del prestigio que su autora le trasmite.
Escrito con lenguaje llano y objetivo, a la vez elegante yameno, María Amparo trasciende las barreras ideológicasy políticas para entregarnos un trabajo literario serio y biendocumentado que molestó, sin razón, creo, al actual inquilinode Palacio Nacional, pues nada hay en ese libro que seaofensivo, insultante o calumniador. Es un libro fino y respetuoso de personas e instituciones.
No hay razón para el enojo del señor López Obrador,pues como hombre público está sujeto al escrutinio popular,a la crítica de su función política y al cuestionamientode su obra de gobierno.
“No hay democracia que se sostenga sin institucionesque garanticen los derechos ciudadanos”, dice la dama académica integrante del Panel Primer Plano que trasmite los lunes a las 10 p.m. el Canal Once del Instituto PolitécnicoNacional, y en el que participan Leonardo Curzio, SergioAguayo, José Antonio Crespo, Lorenzo Meyer y FranciscoJosé Paoli.
En eso estamos de acuerdo: “crear instituciones perdurablessuele llevar largos periodos, años, decenios, generaciones;su destrucción o desaparición, en cambio, puede ocurrir en horas, de un momento a otro”.
Es lo que está sucediendo actualmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositaria del Poder Judicial de la Federación. El Presidente de la República quiere desaparecerla, está obsesionado en ello. Es un error: si uno, algunos o todos los ministros que integran la Corte han desviado su conducta, si se han enriquecido ilícitamente, si han dictado acuerdos o resoluciones aceptando dádivas o sobornos para que se dicte en determinado sentido, ¡que se les castigue, según su responsabilidad conforme a Derecho, pero la institución debe sobrevivir! Es lo correcto.
La Corte es una institución venerable, prestigiada, de la que México puede sentirse orgulloso y presumir en el extranjero sus decisiones, las que siempre serán controvertibles y polémicas, pues están dictadas por el conocimiento humano, imperfecto por naturaleza, pero basadas en la razón y el derecho. López Obrador quiere acabar con ella, está empeñado en ese propósito que, de lograrlo, causaría serios daños al sistema de balanzas y contrapesos y afectaría seriamente el principio teórico-constitucional de la división de poderes.
De tener éxito la iniciativa López Obrador-Morena, como todo parece indicar que así será, nos tocará asistir al funeral de la democracia en México, porque vendrá el caos, la anarquía, el desorden, la indisciplina, la ingobernabilidad, “el desmadre” político, e impasibles como estamos, veremos pasar llorando como niños lo que no supimos defender como hombres.
El Presidente de la República tiene que saber, López Obrador debe saber que jueces, magistrados y ministros nopueden, no deben ser electos mediante el voto popular, porque tal acción parece democrática, pero en realidad lo que estaría haciendo es poner la Justicia a merced de la política; entonces serían los partidos los que dictarían la agenda legislativa, la cual respondería más a los intereses políticos del partido que a los altos fines del valor justicia.
Por otro lado el mismo juez de distrito, el magistrado unitario o colegiado de circuito o el ministro de la Corte que llegue al cargo por la vía política electoral, sentirá tener más compromiso con la organización que lo postuló que con la población a la que estaría obligado a servir.
Finalmente, ¿qué garantía ofrece el señor Presidente de la República de que la administración de justicia mejoraría si los funcionarios judiciales son electos popularmente?, porque tenemos años, lustros, décadas, generaciones eligiendo a presidentes de la República, a gobernadores de los Estados, a senadores, a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales y no por eso el ejercicio de la función pública ha mejorado, pues la corrupción y la impunidad siguen ilustrando las páginas de nuestra historia.
