ÁTICO
La elección del Poder Judicial no es darle poder al pueblo; es una costosa demagogia.
En una conferencia el ministro Gutiérrez Ortiz Mena describe los nuevos requisitos para ser ministro de la Corte. No hay ironía en su presentación. Causan hilaridad.
Es como si usted está en una conferencia donde un neurocirujano de Irán le explica una reforma al sistema de salud pública de su país sobre la contratación de médicos en los hospitales, tras problemas con algunos médicos laicos. Han decidido despedir a los especialistas de todos los hospitales públicos y en menos de un año habrá una elección donde cualquier médico con promedio mínimo de 8 podrá participar para obtener una plaza.
Las especialidades en Derecho y en Medicina son similares. Para ser juzgador no basta simplemente con egresar de una escuela de Derecho, y menos cuando hay tantas muy malas. Es una carrera que requiere estudios adicionales en ramas específicas y mucha experiencia.
De la risa es común pasar a la incredulidad cuando se explican los detalles para implementar la reforma: la tómbola; el mecanismo para seleccionar a los candidatos; el tipo de campaña que deberán hacer... Varía por entidad, para quienes vivimos en la CDMX, el 1 de junio del 2025 tendremos que elegir entre 1,179 candidatos, 187 puestos.
Pocos votarán. Nadie con la información suficiente. Saliendo de votar, nadie podrá responder con exactitud por quién lo hizo. Esto no es darle poder al pueblo; es una costosa demagogia.
Lo más absurdo es que en el Poder Judicial están de los mejores funcionarios del Estado. Fueron contratados en función del mérito y son evaluados periódicamente. En palabras de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, la institución a cargo de la administración de jueces y magistrados federales: "La experiencia que he tenido a mi paso en el Poder Judicial es que la gran mayoría de los juzgadores ejercen plenamente su independencia y no son corruptos". No es la opinión de un crítico del régimen. Son palabras de Bernardo Bátiz. Difícil encontrar una persona más honesta y cercana a la 4T.
Entre los políticos de la coalición en el poder que conozco, muchos saben cuán ridícula es la reforma, pero no lo van a decir en público. Otros entienden bien que se trata de una oportunidad para colocar en el Poder Judicial a gente cercana a ellos.
Sheinbaum parece querer tragar lo más pronto posible la amarga píldora heredada por AMLO. No quiere que le empañe más el arranque de su sexenio, pero su defensa la arrastra, por más que siga prometiendo transferencias nuevas o líneas de tren de pasajeros.
Sabe que el origen de la impunidad no está en el Poder Judicial de la Federación, sino en las policías locales y en las fiscalías. En México no se resuelve el 96 por ciento de los homicidios dolosos. En muchos casos ni siquiera se abre una carpeta de investigación.
Que un Congreso recién inaugurado haya procesado esta reforma en tres días es, en sí mismo, prueba de que se rompió nuestro sistema democrático. No hay mecanismos de autocontrol para poder frenar caprichos del jefe. No hubo la más elemental deliberación. No hay jurista reputado en el mundo que la defienda.
Ahora la aplanadora morenista aprobó en el Senado una reforma engañosamente intitulada de "Supremacía constitucional". Es lo opuesto. Su objetivo es impedir que el Poder Judicial pueda revisar reforma constitucional alguna, aunque decrete la esclavitud o tenga serios vicios de procedimiento, como la falta de quórum o incluso de votos suficientes.
Es una confesión de que hoy la Constitución permite al Poder Judicial revisar las reformas constitucionales. Dado que hicieron esta reforma con la Constitución vigente, la Suprema Corte podría declararla inconstitucional.
No está fácil. El gobierno podría no hacer caso a una sentencia en su contra e irse políticamente contra ellos. Pero si no lo hacen, pasaremos de vivir en un régimen donde reina la Constitución a uno donde reina la disciplinada mayoría en el poder.
