Alejandro Moreno
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por mayoría de votos las reformas realizadas a los estatutos del PRI, que permitieron la reelección de Alejandro "Alito" Moreno como dirigente del partido.
El proyecto elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos planteaba validar la reforma a los documentos básicos; sin embargo, tres consejerías votaron en contra al señalar que el PRI realizó estos cambios fuera del plazo legal.
Por tanto, se deberá modificar el proyecto con base en estos cambios, para su discusión y votación en el Consejo General del INE esta semana.
La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión, coincidió en que este cambio debió realizarse hasta la conclusión del proceso electoral, ya que de lo contrario se incumple con el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos.
Además, evidenció que el PRI incumplió durante tres años con hacer reformas en materia de violencia política de género, y un año sobre paridad sustantiva, mismas que no estuvieron listas para el proceso electoral que acaba de concluir.
El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que "los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista".
Consideró que no se debe admitir una reforma a los estatutos realizada en un periodo prohibido por la ley, además, dijo que los precedentes citados en el proyecto son distintos al caso del PRI.
En tanto, el consejero Arturo Castillo señaló que está en contra del proyecto, ya que los propios precedentes de la Sala Superior del TEPJF establecen que no se pueden hacer modificaciones a los documentos básicos de los partidos durante el proceso electoral, es decir, hasta que no se califique la elección.
Incluso, pidió posponer la votación hasta el miércoles debido a la discusión de la Reforma al Poder Judicial, a fin de no afectar con su determinación, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que no pueden hacer un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las reformas, ya que se invalidarían por el hecho de no haber cumplido con los tiempos legales.
