Pensiones para el Bienestar, plan dudoso para el retiro

Desde hace más de 20 años, el tema de las pensiones en México requiere atención por parte de las autoridades. La solución de este problema estructural implica acciones de fondo que engloben a todos los sectores de la población, de todas las edades. 

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan para hacer frente al hoyo financiero que los recursos destinados a las jubilaciones dejan en el Estado. En este contexto surge la polémica porque, si bien esos recursos están destinados a mejorar las condiciones de un grupo importante de la población, también es cierto que, en la economía actual, se corre el riesgo de generar un bienestar artificial, ya que la estrategia para el retiro de los trabajadores no está sustentada por la producción y generación de riqueza. Pero analicemos el punto más a fondo.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

México se encuentra en un proceso de envejecimiento. El aumento en la cifra de personas mayores a 60 años, en relación con los otros grupos de edad, es acelerado; es decir, mientras la población económicamente activa disminuye, quienes dependen de la generación de riqueza de este sector incrementan su número, haciendo más difícil el crecimiento económico real. 

Organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han alertado sobre el envejecimiento acelerado de la población mundial, incluida la mexicana, y se espera que los mayores de 60 años en nuestro país representen más del 24 por ciento de la ciudadanía, cuando al día de hoy abarcan sólo poco más del 12 por ciento. 

Hay que considerar que la esperanza de vida es mayor y, por lo tanto, los recursos destinados a las pensiones se deben distribuir en periodos de tiempo más extensos, disminuyendo el ingreso promedio anual para cada extrabajador. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PENSIONES 

Hoy en día existen más de 74 millones de cuentas de retiro registradas, pero aproximadamente sólo el 30 por ciento se encuentran activas —recibiendo pagos—. La bomba de tiempo de las pensiones está en cuenta regresiva desde que entró en vigor la Ley del Seguro Social de 1973. En ese entonces había un pensionado por cada 14 trabajadores activos; hoy existen cinco pensionados por la misma cantidad de empleados activos. 

Actualmente, el Gobierno Federal debe destinar 1.499 billones de pesos en jubilaciones, lo que representó el 16.5 por ciento del presupuesto total para 2024, muy por encima de los 794 mil millones que se presupuestaron en 2018. Es decir, en un sexenio el aumento en las pensiones fue de más del 52 por ciento, por lo que es fácil entender que la presión que ejercerán los fondos para el retiro en el país, en los próximos años, es de “pronóstico reservado”. 

Además, el gobierno actual ejerce una inversión de seis mil pesos bimestrales para ocho millones de personas mayores de 65 años, a través del programa Pensión del Bienestar para adultos mayores. Sobra decir que es un monto que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios, como alimento, salud, vivienda, etcétera. Tampoco permite superar la línea de pobreza por ingreso del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que para el área rural está por encima de los tres mil 255 pesos mensuales y para el área urbana es superior a los cuatro mil 510 pesos mensuales —cifras hasta abril de 2024—. 

Cada día, el sistema de pensiones nacional se acerca más a generar un conflicto de índole social. El riesgo radica en el hecho de que no cumple con su principal propósito: asegurar el ingreso durante toda la vida de una persona después de trabajar; ni siquiera garantiza un pago mensual mínimo suficiente para subsistir. Básicamente, sólo es una cuenta de ahorro forzoso que no cumple con las características para brindar un retiro digno a los mexicanos. 

FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR 

Actualmente sólo tres de cada diez adultos mayores cuentan con una pensión a partir de sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con la Ley de 1972 se necesitaban acumular 500 semanas laborales para recibir mensualmente apenas el 40 por ciento del último salario tras jubilarse, mientras que los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997 —y que hace más de tres años comenzaron a solicitar sus pensiones—, requirieron aportar durante mil 250 semanas y trabajar más allá de los 70 años para tener una pensión que difícilmente superaría el 30 por ciento de su último ingreso. De ahí la necesidad de hacer una reestructuración al sistema de pensiones, la cual se presentó en 2021, donde se redujo el número de semanas cotizadas a mil y se aumentó la aportación patronal. En teoría, el beneficio pasó a depender del salario promedio, la edad de retiro y las semanas cotizadas. Mientras mayores fueran estas tres variables, mayores pensiones se podrían obtener; sin embargo, esta reforma también resultó insuficiente. 

Como consecuencia, este año el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que consiste en un fondo complementario de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para que las personas en edad de dejar de trabajar puedan obtener una pensión más decorosa. 

Sin embargo, la polémica se generó al darse a conocer de dónde se obtendrían los recursos adicionales necesarios para mejorar el retiro de los mexicanos. En teoría, llegarán de los ahorros que no hayan sido reclamados por las personas pensionadas mayores de 70 años —actualmente son 18 millones de cuentas sin reclamar—, por la “apropiación” de cuentas inactivas, las utilidades generadas por el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las aportaciones adicionales en las cuentas individuales de los trabajadores mediante mecanismos de inversión. 

EXPROPIACIÓN DEL DINERO DEL TRABAJADOR 

Mientras que para el partido oficial esta reforma pretende garantizar que “millones de mexicanos cuenten con 16 mil 777 pesos mensuales para su pensión”, los grupos opositores argumentan que existen muchas razones por las cuales un trabajador puede abandonar su Afore: por fallecer sin dejar registro de su Afore a familiares, por no registrarse de manera correcta, cotizar por periodos cortos de tiempo en la formalidad, tener datos de registro equivocados como la CURP o errores en actas de nacimiento, etcétera. Señalan como un abuso que el gobierno pretenda quedarse con esos recursos en vez de buscar a sus dueños o a sus familiares para devolverlos, es decir, plantean que el Estado está expropiando el dinero de los trabajadores. 

De acuerdo con la reforma, lo que se busca es que esos ahorros dejen de quedárselos las instituciones financieras del sector privado que administran las cuentas para el retiro, para que sean específicamente el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro quienes administren esos recursos de tal manera de que se dé certidumbre a la población. 

Para evitar el colapso del sistema de pensiones y tener un plan para enfrentar los próximos años, es necesaria una reforma más profunda, un cambio que incluya la reducción de la informalidad, una efectiva inserción de las mujeres en el mercado laboral, un esquema que permita la diversificación de las inversiones por parte de los ahorradores, aumentar las aportaciones porcentuales de trabajadores y empresarios y, por supuesto, mayores salarios. De lo contrario, estaremos generando sólo un bienestar artificial que se puede derrumbar en cualquier momento.