Piden a la Federación sumarse para moderar el tráfico en la Saltillo-Monterrey
Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C., hizo un llamado a las autoridades federales para abordar la saturación crónica de la carretera Saltillo-Monterrey.
Según Dávila Rodríguez, la solución no es simplemente añadir un tercer carril, sino construir una tercera vía mediante una inversión federal y una Asociación Público-Privada (APP).
Representando el sentir del sector productivo del Sureste de Coahuila y Nuevo León, Dávila Rodríguez manifestó la frustración de la comunidad empresarial ante la constante congestión en la carretera libre y la autopista.
"Los dos carriles actuales en ambos sentidos son insuficientes para el volumen de tráfico, que incluye vehículos de carga para la importación y exportación de productos y servicios", afirmó.
La región Sureste de Coahuila, con 1.2 millones de habitantes, mantiene un activo intercambio de productos agrícolas, autopartes y servicios con la zona metropolitana de Monterrey, que alberga a 6 millones de personas; no obstante, la infraestructura vial actual es inadecuada para esta creciente demanda, explicó el empresario.
Dávila Rodríguez advirtió que la situación del tránsito empeorará aún más debido a la falta de presupuesto que llevará al fin del proyecto de mantenimiento de la vía federal este año; además, la carretera presenta baches, fallas estructurales, falta de señalización adecuada, retornos insuficientes y carece de caminos de emergencia, lo que complica la respuesta en caso de accidentes.
"Agregar un tercer carril solo intensificará la saturación. En caso de accidente, todos los carriles se verían afectados. La solución es una nueva vía de comunicación, como una ruta alternativa por Ramos Arizpe", reiteró Dávila Rodríguez.
El empresario también destacó que hay recursos disponibles en la Iniciativa Privada (IP) para financiar esta nueva vía, pero subrayó la necesidad de que las administraciones estatales de Coahuila y Nuevo León gestionen ante el gobierno federal, que hasta ahora ha mostrado reticencia, para obtener la factibilidad de inversión y proceder con la construcción.
