Otros actores, misma historia. Algo queda. El primero de enero de 1995, México amaneció sin ministros de la Suprema Corte de Justicia. De golpe y porrazo, la Cámara de Diputados aprobó por 381 votos del PRI y PAN, la reforma del presidente Ernesto Zedillo al Poder Judicial. De esa manera, el Ejecutivo jubiló a los ministros con la promesa de recuperar la justicia en México y acabar con la corrupción en el Poder Judicial, argumentó por entonces el presidente. Durante casi un mes, no hubo ministros. Ese vacío lo calificó el notable abogado, Ignacio Burgoa Orihuela, como inconstitucional y una flagrante violación. Sin escalonamiento, la Suprema Corte pasó abruptamente de 26 ministros a 11. La reforma quitó a todos de un plumazo. Por supuesto, los nuevos fueron propuestos por el presidente que hoy pregona la defensa de la democracia y la libertad desde el extranjero. Sí, ese que ahora nos advierte contra los peligros del populismo, fue el mismo que borró la Corte de su época, el mismo que impulsó el Fobaproa, es decir, convirtió la deuda privada de los bancos, en deuda pública. El mismo que vendió los ferrocarriles a una empresa gringa, para luego integrarse como consejero de la misma. No sobra decir que también quedó consejero del banco que rescató con dinero público. Menos mal que su propuesta fue "atacar la impunidad y eliminar la corrupción". Es fecha que lo seguimos pagando y se seguirá pagando por las siguientes décadas. ¡Todo en beneficio privado! ¿Les extraña que hoy los ciudadanos repudien en las urnas ese régimen?
En aquella época, el país vivió momentos sumamente difíciles. Por un lado, la profunda crisis económica provocada por el mal manejo de las finanzas públicas. La economía en "alfileres" (Salinas dixit). Por otro, la crisis política y los asesinatos de figuras públicas como Colosio y el cardenal Posadas. Y ni se diga del levantamiento en Chiapas. Por lo mismo, cuando Zedillo quitó a todos los ministros para nombrar a los suyos, no causó mayor polémica ni comentario. Sin embargo, al paso de los años, la justicia no llegó, ni tampoco se volvió el sello de los subsecuentes gobiernos.
Por estos días causa polémica la reforma al Poder Judicial, pero no hay que ir muy lejos para describir ese poder. Casos recientes lo pintan de cuerpo entero. La Jueza Segundo de Distrito de Quintana Roo (Cancún) Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien en pleno sábado, "sabadazo" según la jerga jurídica, ordenó la liberación del exgobernador de Puebla, el célebre Mario Marín, bajo el argumento de que se violaban sus derechos al llevar más de dos años en prisión preventiva. Así, regresa tranquilamente a su casa el gober precioso; "el héroe de esta película". La periodista Lydia Cacho, víctima de secuestro y tortura por parte del gobernador, escribió en sus redes: Sí que es un privilegio para los más poderosos, lo sigue siendo. Ahora mismo, la Jueza Segunda de Distrito de Quintana Roo está liberando a mi torturador Mario Marín al que me ha mandado matar para acallarme, para proteger a Kamel Nacif, Marín, que estuvo prófugo de Interpol "no es peligroso" según la jueza Angélica Ortuño. Dicho de otra manera, la justicia se hace con dinero. Tienes dinero, tienes justicia.
Otro caso reciente. María Elena Ríos sufrió un intento de feminicidio y fue agredida brutalmente por su expareja. Después de un largo calvario, la víctima logró llevar a la justicia a los reponsables. Pero en este mismo mes de agosto, el juez José Gabriel Montaño, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, absolvió y mandó dejar en libertad al autor intelectual, exdiputado y político local. En sus redes, María Elena denunció: "Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto la resolución". Por fortuna, dada la visibilidad del caso, la víctima encontró otra jueza del Estado, jerárquicamente superior, quien revocó la decisión del juez y ordenó la permanencia o reingreso en prisión del agresor. ¡De miedo!
Impunidad y ausencia de justicia, son el sello de ese poder "independiente", que sirve a quien puede solventarlo, como lo demuestra la defensa puntual que hace el ministro Luis María Aguilar para el conocido magnate de los medios, quien litiga a fin de evadir impuestos, por la friolera de 63 mil millones de pesos. ¡Casi nada! Su estrategia es sencilla. Se apoya directamente en la Suprema Corte. Ni más, ni menos. De esa manera, la justicia alcanza su máxima representación gracias al dinero. Por el contrario, un pequeño contribuyente que falte un solo mes, inmediatamente recibe notificación y multa. No lo sueltan hasta que pague. Sabe que con el SAT no se juega. En cambio, el magnate se burla de las autoridades en sus propios medios. Insulta y no paga los impuestos gracias al poder de su influencia. Ya lo dijo Quevedo: poderoso caballero es don Dinero. Hasta aquí el estado de la justicia.
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