¿Por qué los anexos en México son puntos de agresiones armadas?
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, los centros de rehabilitación han sido objeto del crimen organizado.
En junio de 2010, 19 personas fueron tiroteadas en un anexo ubicado en Chihuahua, como reportó en su momento el diario El Economista. Diez años más tarde, en julio de 2020 un ataque armado cobró la vida de 26 personas en un anexo de Irapuato, Guanajuato.
Las autoridades en ese tiempo de Chihuahua atribuyeron el episodio de violencia a supuestos ajustes de cuenta, pero ¿cuál es la realidad en los centros?
En agosto de 2021, el medio SinEmbargo publicó un reportaje señalando la falta de regulación de los centros de rehabilitación en el país e incluso su existencia ocurre sin el conocimiento de las autoridades.
Es el caso a nivel nacional que las personas más vulnerables y más desprotegidas que buscan recuperarse de su adicción quedan expuestos a los más de 2 mil “residenciales” en todo México que operan fuera de la ley y que pueden representar un riesgo para la salud o la vida de estas personas.
Estos “residenciales” es donde las personas con una grave adicción pueden acudir a solicitar apoyo especializado para su rehabilitación, contrastando con solo los 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones a donde se puede acudir a una valoración y los 194 centros validados por el gobierno federal distribuidos en México, donde las personas adictas pueden solicitar su ingreso para recibir tratamiento.
Estos centros deben seguir lo establecido en la Ley General de Salud, incluyendo la NOM-028-SSA2-2009 y otras disposiciones legales.
Condiciones y riesgos de los anexos
Si bien en el sexenio del presidente López Obrador se impulsaron campañas contra las adicciones y se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el cual fusionó el trabajo de instancias para atender los problemas de salud mental y de adicciones.
En el país siguen operando “anexos” donde sin supervisión se presentan humillaciones, vejaciones, violaciones a derechos humanos y delitos que pueden alcanzar hasta el homicidio.
Aparte de que estos lugares no regulados funcionan como negocios para los “padrinos” y así, las personas que acuden a estos centros pueden ser víctima en ciertos casos de espacios que sirven de almacenamiento de personas denunciadas como desaparecidas; centro de operaciones criminales; “casas de seguridad” para torturas; puntos de extorsión e incluso puntos de venta de droga o de reclutamiento de sicarios, reportó SinEmbargo.
Además, en la década reciente se han documentado rescates de cientos de decenas de personas que se encontraban internadas en centros irregulares que eran controlados por los cárteles.
Debido a la nula vigilancia por las autoridades, en estos espacios sucede la actuación de presuntos "escuadrones de la muerte", que como reportó el diario británico The Guardian en octubre de 2009 tras una entrevista con el activista chihuahuense Gustavo De La Rosa se dedican a asesinar o privar de la libertad a los “malanadros”, personas que “no tienen uso para ningún cártel, desesperados, pobres, cuya muerte no tiene explicación, excepto como limpieza social, la exterminación de lo más bajo de lo bajo”.
Crisis en aumento
Por su parte, la necesidad de contar con centros regulados para atender la crisis de adicciones parece seguir aumentando.
La Secretaría de Salud publicó en julio de 2023 que el consumo de este tipo de drogas, además de éxtasis, anfetaminas y estimulantes de uso médico había crecido 218 por ciento entre 2017 y 2022.
En entrevista para la televisora CNN en Español, el doctor en Ciencias Antropológicas José Alfredo Nateras Domínguez de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) advirtió en mayo pasado que el consumo de drogas no se limita a ningún estrato social y solo lo que puede variar es la forma en que se obtienen las drogas.
