Faltan menos de 7 días para que termine el sexenio de López Obrador. Esta semana "posiblemente hoy" quedará aprobada la reforma constitucional en materia militar que lleva años impulsando. Esta reforma, como he escrito antes, no trata únicamente de convalidar el carácter militar que ilegalmente este gobierno dio a la Guardia Nacional, además, elimina la prohibición constitucional para que los militares realicen tareas ajenas a la disciplina militar (art. 129). La reforma propuesta deja a criterio del presidente(a) la posibilidad de usar la totalidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin pasar por los controles constitucionales. Por último, amplía el fuero de guerra para los miembros de la Guardia Nacional. Hasta ahora, el fuero militar ha servido como un manto de impunidad para los militares que cometen violaciones de derechos humanos en contra de civiles.
Los partícipes del régimen insisten en que no se trata de un proceso de militarización. "Es policializar al ejército, no militarizar la seguridad pública". "Es regular, no militarizar." "Si no hay una dictadura, no puede hablarse de militarización". Apenas la semana pasada la presidenta electa afirmó: "No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos. … No significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar, que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y es un poder civil." Ante estos argumentos, la conversación sobre si se trata o no de militarización se torna estéril.
Queda la pregunta, sin embargo, sobre por qué insisten en negar lo que todos vemos. En el Inventario Nacional de lo Militarizado documentamos al menos 291 ocasiones entre 2006 y 2023 en que se transfirió alguna función o presupuesto civil a las Fuerzas Armadas. La militarización sucede y ahora quedará en la Constitución, como proyecto nacional. Creo que para un importante sector del oficialismo resulta vergonzoso reconocer o peor, defender lo que están por hacer. López Obrador y su partido, Morena, llegaron al poder con una bandera de izquierda: de igualdad, democracia, libertades y justicia social.
Pocas políticas están más alejadas de estos ideales que la concentración de poder (encima sin controles reales) en las instituciones de guerra. La historia de México, y de la región, está llena de ejemplos de abusos militares: Tlatelolco, Tlatlaya, Rosendo Radilla, Ayotzinapa, son solo algunos. La desmilitarización, la justicia para estos casos, fueron promesas de campaña. El sexenio termina militarizando y dando impunidad a los militares. Poner las aduanas, los aeropuertos, los puertos, los centros migratorios, hoteles, aerolíneas, la investigación de delitos o la intervención de comunicaciones en manos de militares, no es cosa menor. No solo contradice la supuesta vocación de izquierda del partido oficial, nos ata por generaciones en una ruta que ya ha sido andada con enormes costos humanos. No hacerse cargo de ello tiene mucho de indigno, pero, más importante, impide entender y discutir los profundos efectos políticos, jurídicos y sociales que ha tenido y seguirá teniendo esta agenda en nuestro país.
@cataperezcorrea
