Congreso del Estado Coahuila.
En sesión del Congreso del Estado se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la que se plantea la creación de una Ley de Austeridad para Coahuila, la cual tendría por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental.
Fue ante el pleno, que la diputada Delia Aurora Hernandez Alvarado, presentó dicha iniciativa, quien manifestó que el presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos y con mucha responsabilidad.
“Sin dicho concepto, es imposible que un pais avance y, mas aun, que exista. Dado este razonamiento, el erario publico debe ser utilizado de la forma mas eficaz para garantizar que los objetivos previamente mencionados se puedan cumplir”, expuso la legisladora morenista.
Sostuvo que la sociedad mexicana demanda hoy más que nunca, un ejercicio de la función pública no sólo cimentado en acciones que beneficien a la colectividad, si no funcionarios que sirvan como ejemplo moral fundado en principios éticos, con los que se recupere el sentido de la política bajo un concepto fundado en la vocación de servicio.
Añadió que plantear medidas de austeridad, responde a una necesidad y no al capricho de un nuevo régimen.
“Responde a la urgencia por enderezar el rumbo de nuestra patria; responde a terminar con el hartazgo de la ciudadanía que vio malgastar los recursos de la nación por parte de administradores sin escrúpulos; responde a la enorme expectativa de millones de mexicanas y mexicanos deseosos de vivir en un país justo e igualitario; un México que, hasta este momento, era apenas el sueño imposible de tantas generaciones. Hoy aportamos nuestro pequeño grano de arena como fundadoras y fundadores de este cambio de estructura”, puntualizó.
Explicó que como parte de esa transformación, se suman a la necesidad de trazar un rumbo republicano y de austeridad en el estado.
Aseveró que se identificó, en forma general, dos tipos de medidas de austeridad: aquellas que atañen al beneficio personal de cada funcionario, y las medidas que están relacionadas con las prácticas, instrumentos y formas de trabajo de los funcionarios públicos.
Expuso que la austeridad republicana se refiere a un enfoque de política económica y fiscal asociado con la reducción del gasto público, la minimización de los déficits presupuestarios y la promoción de la estabilidad económica a través de políticas fiscales conservadoras.
En el contexto de un gobierno republicano, estos principios suelen estar vinculados a la idea de limitar la intervención del Estado en la economía y promover la responsabilidad fiscal.
Resaltó que la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno traería consigo los siguientes beneficios:
Reducción del Déficit Presupuestario: Al reducir el gasto público y aumentar los ingresos (por ejemplo, mediante impuestos), se puede disminuir el déficit presupuestario y la acumulación de deuda pública. Esto puede contribuir a una mayor estabilidad económica a largo plazo.
Estabilidad Económica: La austeridad puede ayudar a controlar la inflación y evitar el sobrecalentamiento de la economía, manteniendo una política fiscal más equilibrada. Esto es particularmente relevante en épocas de alta deuda y déficits grandes.
Fomento de la Inversión Privada: Al reducir la intervención del Estado y promover un entorno fiscal más estable, se puede incentivar la inversión privada. Los empresarios pueden sentirse más seguros para invertir en un entorno donde las políticas fiscales son predecibles y responsables.
Responsabilidad Fiscal: La austeridad promueve una mayor responsabilidad fiscal, asegurando que el gobierno viva dentro de sus medios. Esto puede llevar a una administración pública más eficiente y a una mejor asignación de recursos.
Incentivo para el Crecimiento Económico Sostenible: Al enfocar la política económica en la reducción del déficit y el control del gasto, el gobierno puede fomentar un crecimiento económico más sostenible a largo plazo.
Comentó que la conducción del proceso de transformación democrática cuyos cimientos están preparando, pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público y corresponderá. “Una vez en funciones, el presidente López Obrador, encabezó los esfuerzos para dignificar la función pública hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo. Por nuestra parte, promovemos mediante este instrumento la generación del andamiaje jurídico que soporte este proceso de cambios trascendentes”, indicó.
Recalcó que la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos.
“Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular. Cabe precisar que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta Ley no afectará, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes”, aclaró.
Dijo que por el contrato, el propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los coahuilenses.
“Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa”, subrayó.
Finalmente, mencionó que establecer la austeridad de Estado, se funda en la necesidad de canalizar los recursos presupuestales, que hoy se malgastan, a las decisiones sociales fundamentales que impulsen el desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan.
