Tras cuatro semanas en el poder, la Presidenta se enfrenta a una situación extremadamente compleja. No sólo debe lidiar con la herencia de una crisis de violencia e inseguridad que le dejó la administración anterior, sino que, políticamente, su margen de maniobra parece limitado. Aunque es pronto para esperar resultados concretos, la ausencia de señales claras sobre metas y objetivos en materia de seguridad y justicia generan preocupación.
Lo que enfrenta el país hoy no es sólo el resultado del desgobierno anterior, es consecuencia de años de ausencia de una política de Estado sólida en seguridad y justicia. Sin embargo, lo alarmante es que, a pesar de la urgencia de la situación, no se percibe voluntad política para convocar a la unidad, al diálogo y para sentar las bases de una estrategia que trascienda administraciones.
La violencia en México no se detiene, aumenta y se recrudece. En Culiacán, Sinaloa, después de siete semanas de conflicto entre grupos criminales, se han registrado 278 homicidios. En Chilpancingo, Guerrero, el asesinato y decapitación del alcalde Alejandro Arcos ha conmocionado a la opinión pública. Chiapas ha sido testigo del brutal asesinato del padre Marcelo Pérez, un defensor de los derechos indígenas, mientras que un coche bomba estalló en Acámbaro, Guanajuato, hiriendo a tres policías. Estas son sólo algunas de las tragedias que forman parte de los 1,792 homicidios registrados desde que inició el actual gobierno, un 9.4% más que en octubre de 2023.
El panorama se complica aún más cuando se suma el abuso institucional, las ejecuciones extrajudiciales y las muertes de civiles a manos de las Fuerzas Armadas. En Chiapas, seis migrantes fueron asesinados por militares que los confundieron con criminales. En Colima, ocho personas fueron detenidas por marinos, de las cuales seis aparecieron torturadas y asesinadas, mientras que dos continúan desaparecidas. En Tamaulipas, los militares mataron a una enfermera en un fuego cruzado, a una niña de ocho años que perdió la vida tras ser baleada por elementos castrenses y un joven de 15 años que fue asesinado a quemarropa.
Esta situación es evidencia no sólo de una crisis de seguridad, sino también de derechos humanos, un aspecto que la estrategia del nuevo gobierno no ha abordado. ¿Cómo se puede esperar que mejore la seguridad si no se establecen controles eficaces y mecanismos de rendición de cuentas para las instituciones encargadas de garantizarla, en particular de las Fuerzas Armadas?
Tampoco se han presentado medidas concretas para la prevención de delitos, la atención a las causas es importante, pero no previene ni la comisión de homicidios ni la comisión de muchos otros delitos. Es necesaria una política de prevención focalizada.
La insistencia de la Presidenta en la Reforma Judicial, que con argumentos sólidos ha sido criticada por expertos, es también preocupante. Lejos de resolver la crisis de violencia, esta reforma podría agravarla. La politización de los jueces no traerá ni más justicia ni menos corrupción. Si bien es necesaria una reforma profunda en el Poder Judicial, la aprobada parece estar diseñada más para satisfacer intereses políticos que para garantizar una justicia imparcial y efectiva.
Las primeras semanas de gobierno son la oportunidad para demostrar que se está siguiendo el camino correcto. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora genera dudas fundadas sobre si existe la voluntad política para enfrentar la crisis con la seriedad que requiere.
Aunque pedir resultados concretos en apenas cuatro semanas sería irreal, lo que sí es razonable es exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum dé señales claras de que comprende la magnitud del problema y que tiene una estrategia sólida para abordarlo. Hasta ahora, esas señales no han llegado.
