Proyectos prioritarios de la 4T

Una vez que Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo para convertirse en la primera presidenta de México, se abrió una interrogante: ¿Qué sigue? 

Se podría decir que la respuesta ya está escrita en el proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay varias obras que fueron iniciadas en este sexenio y que aún no han concluido. Una de ellas es Agua Saludable para La Laguna, así como la construcción de la refinería Dos Bocas, entre otras. Sin embargo, el rumbo lo planteará Sheinbaum. 

MUERTE DEL ESTADO BENEFACTOR 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, las crisis económicas en México fueron la norma. Problemas como el estancamiento económico, la inflación, las devaluaciones y los déficits fiscales —excesivo gasto de gobierno— aceleraron el endeudamiento de la nación y la obligaron a adoptar medidas para corregir la dirección de ese modelo económico. 

Por lo tanto, el objetivo se volvió sanear las finanzas públicas y sentar las bases para una recuperación económica más sana, por lo que el gobierno tuvo que recortar su gasto, vender empresas que eran propiedad del Estado, reducir la inversión pública y liberar los precios del sector público, acabando de esta manera con el “Estado benefactor” que predominó en México y el mundo por muchas décadas. 

También conocido como “Estado de bienestar”, es un modelo económico-político donde el gobierno de un país asume un rol más activo en la economía con el objetivo de redistribuir la riqueza de una manera más efectiva, de tal manera que favorezca el bienestar de la población en general. Para ello, el Estado toma el papel de inversionista en obras de infraestructura y ofrece derechos sociales a la mayor cantidad de gente posible. 

Pero la corrupción y la ineptitud de los políticos acabaron con el bienestar y volvieron este sistema ineficiente, burocrático y obeso, por lo que las autoridades comenzaron con ventas, liquidaciones, fusiones y transferencias de entidades del sector público al privado. Se desincorporaron hoteles, líneas aéreas, bancos, compañías de telecomunicaciones, acereras, etcétera, y se dio paso a la transformación económica a través de la estabilidad, pero ahora en un escenario de globalización y al amparo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) —hoy Organización Mundial de Comercio (OMC)—, cuya meta fue la liberalización económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Así, la tutela del gobierno benefactor ineficiente y burocrático se retiró para permitir un escenario de libre comercio, estabilidad macroeconómica y el adelgazamiento del Estado, que se deslindó de su responsabilidad como motor de desarrollo. Es decir, se dio la bienvenida al neoliberalismo, siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington para enfrentar la inflación descontrolada.

Es decir, las políticas económicas irresponsables y el conjunto de empresas públicas ineficientes provocaron que el Estado benefactor y sus políticas de inversión fuera sustituido por el Estado neoliberal. Sin embargo, este nuevo aparato no fue capaz de dar respuesta a las demandas de muchos sectores laborales y sociales, ni de resolver de manera efectiva los principales problemas del país: la desigualdad, la pobreza, la educación, la pauperización de los ingresos y la falta de un Estado de derecho, afectando principalmente a los estratos más desfavorecidos —y amplios— de la pirámide social. 

RENACIMIENTO DEL ESTADO BENEFACTOR 

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en 2018, se trató de regresar al modelo keynesiano de inversión pública y gasto social —con ciertas adecuaciones a los nuevos tiempos—, como respuesta al fracaso del neoliberalismo y la idea de que a la gente “hay que enseñarla a pescar” (pero sin darles las herramientas necesarias para ello). 

Con esta recuperación del Estado benefactor, surgieron nuevos proyectos de inversión y programas sociales emblemáticos para el actual gobierno. 

Desde el comienzo del periodo presidencial de López Obrador, la llamada Cuarta Transformación estableció una serie de planes destinados al combate a la pobreza y la marginación, pero también obras de infraestructura, con el propósito de incentivar la economía del país en zonas estratégicas que históricamente estaban desatendidas, como el sureste. 

De acuerdo a la página oficial del Gobierno de México, existen 30 programas prioritarios diseñados para apoyar a los más necesitados y reactivar la economía nacional. Entre dichas estrategias resaltan algunas muy polémicas por el alto presupuesto que se ha destinado a ellas, pero sobre todo porque ciertos sectores de la población las considera “dádivas” innecesarias para miles de personas, como Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. 

Sin embargo, los diez proyectos prioritarios que se enlistan en el sitio web son: la creación de 100 universidades públicas, la construcción de la refinería Dos Bocas, la rehabilitación de refinerías en el país, el establecimiento de Internet para Todos, la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el establecimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Plan Nacional de Energía Eléctrica, el Plan Nacional de Gas y Petróleo, el rescate del lago de Texcoco y el Tren Maya. 

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), en su documento Presupuesto para Proyectos Prioritarios 2018-2024, el gasto de inversión del gobierno federal ha sido de cinco mil 503 billones de pesos, de los cuales mil 506 billones se han destinado a obras estratégicas como el Corredor del Istmo, la Refinería Dos Bocas, el Tren Suburbano, el Espacio Cultural Chapultepec y los mencionados Tren Maya y AIFA. Para 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima invertir en estos programas prioritarios un monto de 987 mil millones de pesos, siendo los más importantes la Pensión para Adultos Mayores, que recibirá 465 mil 049 millones de pesos, y el Tren Maya, con 120 mil millones de pesos. 

Como es sabido, estos proyectos del gobierno federal han sido confrontados desde su inicio. La primera controversia surgió con el AIFA, debido a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, pues esta decisión representó un desperdicio de recursos al interrumpir la construcción de este último y reinvertir en el Felipe Ángeles. También se critica a la inversión en refinerías, debido al gasto en energías no renovables y contaminantes, que desde hace algunos años se han planteado como energéticos que deben dejarse atrás. 

Por supuesto, también existen señalamientos a los apoyos sociales gubernamentales para segmentos específicos de la sociedad, debido al carácter paternalista de estas medidas. Sin embargo, más allá de todas estas posiciones, es importante destacar que estos ejercicios de presupuesto son un reflejo del intento de cambiar de modelo económico, lo que podría consolidarse con la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.