Puerto de Mazatlán. (CORTESÍA)
El puerto de Mazatlán no tiene las condiciones para que se realicen operaciones de gran calado, por lo que especialistas dudan de que se convierta en una alternativa a la terminal marítima que se había proyectado por inversionistas privados y que se canceló tras la declaratoria de Área Natural Protegida, de la zona donde se tenía considerada.
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) del Puerto de Mazatlán, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, refiere que “...la infraestructura de diseño y la tecnología del puerto corresponden a un puerto convencional de operación semiespecializada, con insuficientes áreas logísticas y de almacenaje y una acotada superficie operativa terrestre, circundada por el arraigado entorno urbano de la ciudad de Mazatlán”.
Además, enumera una serie de acciones y obras para transformarlo en un puerto rentable y sostenible, que al menos hasta 2023 no se habían ejecutado, como consta en el Programa Operativo Anual (POA) de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán.
Entre dichas acciones destacan: nueva infraestructura portuaria que satisfaga las necesidades de transporte marítimo, que requiere de grandes calados; novedosas instalaciones logísticas con servicios integrales, que dispongan de equipamiento para el adecuado intercambio intermodal, espacios tecnificados para el almacenaje de mercancías y áreas que generen valor agregado y cubran los requerimientos del comercio marítimo internacional, entre otras.
Adicionalmente, se debe considerar que dicho puerto no cuenta con dragado profundo, cuyo proyecto se canceló desde 2018, de manera que la profundidad actual atiende la demanda existente, pero no la futura en caso de proyectarse como parte medular del Corredor TMEC, como ocurría con el proyecto de Caxxor Group.
En cuanto al tramo ferroviario Durango-Mazatlán, que por lo menos desde el año 1950 se ha planteado como un factor de conectividad entre Durango y Sinaloa, no hay certeza de que se haya generado una concesión, como tampoco se han dado a conocer los estudios de prefactibilidad, factibilidad y un proyecto ejecutivo.
La elaboración de estudios de prefactibilidad puede llevarse hasta dos años, mientras que los de factibilidad otros tres o cuatro años, aunado a la elaboración del proyecto ejecutivo que puede tardar hasta cuatro años más.
Para el caso del proyecto ejecutivo, en caso de ser avalado por peritos, se debe iniciar con la gestión de recursos económicos para la construcción de las obras, sea ante socios potenciales, bancos o capitales institucionales, como fondos, administradores de activos, etcétera.
