Habrá de verse si la continuidad de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es solamente un movimiento táctico necesario para dar paso a una reforma rápida a las fiscalías, federal y estatales (lo cual en un corto plazo dejaría fuera al pernicioso abogado en mención), o es una concesión cuando menos a mediano plazo al deplorable ejercicio de esa oficina que constituye uno de los mayores lastres del sexenio que está por fenecer.
Por lo pronto, el anuncio hecho por Claudia Sheinbaum no tuvo buena recepción. Cierto es que teóricamente la FGR es un organismo autónomo, pero en la realidad el titular de dicha instancia federal fue propuesto e impulsado por el presidente de la República saliente (como en los ámbitos estatales dichas fiscalías han tenido titulares impuestos y sostenidos por los gobernadores en su turno decisorio). A unos días de que tome posesión de la silla presidencial se esperaba que Sheinbaum encontrara las formas políticas de convencimiento para que Gertz renunciara o pidiera licencia indefinida al puesto, se nombrara un interino y, ya con la presidenta en ejercicio de sus funciones, se propusiera y consiguiera que la plaza fuera ocupada por alguien en consonancia con el proyecto de la propia Claudia.
En estos días, sin embargo, corrió con insistencia la versión de que Gertz Manero renunciaría para que el presidente saliente, López Obrador, alcanzara a designar a alguien cercano que cumpliría el lapso de tres años que aún le restan al periodo de nueve que inició el citado Gertz. Sheinbaum dijo que "por lo pronto", el mencionado fiscal federal seguiría adelante, aunque informó que había logrado establecer algún mecanismo de "coordinación" cuya contundencia y efectividad está por verse.
Si la presidenta electa negoció que el fiscal de marras se mantuviera unos días o semanas más en su lugar para que no le impusieran un relevo difícilmente removible más adelante, se estaría en presencia de un buen movimiento de la doctora, con un pronto plazo de caducidad; pero, si esa continuidad fuera prolongada, una aceptación de larga permanencia, habría sido un error ostentoso.
La metralla política y mediática desatada con justa razón contra el aparato de corrupción en el poder judicial federal no se ha atrevido a enfocar a las fiscalías, y en especial a la federal y a Gertz Manero, como parte igualmente responsable de la crisis nacional en materia de justicia. No todo ha de ser Norma Piña y compañía: Gertz Manero es corresponsable cuando menos a partes iguales, vale recordarlo y precisarlo.
Ya se ha informado que en el ámbito de la inminente presidenta de la República se trabaja en la elaboración de propuestas para la reforma de las fiscalías (el pasado 21 de agosto hubo un adelanto en una entrevista en redes sociales: "En transitorios habrá ordenamiento de reformar fiscalías: diputado Juan Ramiro Robledo" (https://goo.su/uDXoWrl). Es de esperarse que se actúe con premura en este tema y que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados haga propuestas firmes y a fondo en el tema (en consonancia con lo planteado en cuanto a jueces, magistrados y ministros, ¿deberían elegirse por voto popular a los fiscales, los estatales y el federal?).
A última hora se han producido hechos preocupantes en cuanto al expediente de los 43 normalistas desaparecidos diez años atrás: súbitas detenciones de presuntos autores materiales, como si interesara tener nuevos posicionamientos declarativos judiciales acomodables a las necesidades expiatorias de la administración federal que está por terminar. Y el irregular y manipulable "descubrimiento" de restos óseos en el famoso basurero de Cocula, el de la presunta incineración masiva, conforme a las mentiras históricas de Peña Nieto y Murillo Karam. ¿Fabricaciones de cierre de sexenio fallido en este tema? ¡Hasta mañana!
