INEGI.
Con relación al dictamen aprobado por la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expresó su preocupación y solicitó un espacio de diálogo y comunicación con el Congreso de la Unión sobre este asunto central para la garantía de los derechos sociales de los mexicanos.
Señaló que la plena vigencia de los derechos sociales es el gran reto actual del Estado mexicano. Desde hace 19 años, con la creación del Coneval, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.
Para tal fin, la Ley General de Desarrollo Social concibió un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con un modelo único de gobernanza, integrado por un cuerpo colegiado de académicos y un Secretario Ejecutivo. Los investigadores académicos son seleccionados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el Secretario Ejecutivo por el Ejecutivo Federal, lo que asegura la independencia técnica y el rigor metodológico del Consejo.
Este modelo único de gobernanza asegura al mismo tiempo un diálogo y retroalimentación constante con la propia APF, para que la evaluación sea pertinente, relevante y se pueda mejorar la planeación, ejecución y el desempeño de la política social, y la independencia técnica necesaria para asegurar la calidad y credibilidad de los análisis, las evaluaciones, las métricas y las recomendaciones de mejora que el Coneval ha generado a lo largo de casi dos décadas.
La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del INEGI.
El Coneval no tiene duplicidad de funciones con el Inegi, un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo. Fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente.
La evaluación y monitoreo de los programas y las políticas sociales están completamente ausentes del mandato y experiencia de Inegi.
En el caso concreto de la medición multidimensional de la pobreza, es importante destacar que la separación de funciones entre el órgano que levanta la información del ingreso, el gasto y el acceso a derechos sociales de los hogares (Inegi) y el que diseña y actualiza la metodología para la medición multidimensional de la pobreza y garantiza su replicabilidad y transparencia (Coneval), es un atributo inseparable de la confiabilidad y credibilidad de la medición multidimensional de la pobreza.
La iniciativa de reforma administrativa persigue objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones a la APF.
El Coneval reiteró su compromiso y disposición al diálogo constructivo y solicita a los legisladores del Congreso de la Unión, que se abra un espacio para la comunicación y retroalimentación de ideas, antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa, para fortalecer el ejercicio de los derechos sociales en el país.
