La Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila recibió ocho postulaciones para ocupar el cargo de titular de la Presidencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
De acuerdo a la constancia publicada en el Periódico Oficial del Estado, los expedientes se recibieron a las 16:00 horas del pasado ocho de noviembre del año en curso y corresponden a las siguientes personas:
Jesús María Mellado Chapa, Luis Ángel San Miguel Garza, Ericka Ramos Flores, Francisco Xavier Vázquez Sotelo, Margarita del Carmen Pérez Guerrero, Guicela Elizabeth Torres Salas, Paloma Lugo Saucedo y Ricardo Martínez Loyola.
En 2017, Magdalena López Valdez fue elegida como presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, a propuesta del Ejecutivo del Estado y designada por el Congreso del Estado.
Fue el pasado martes 12 de noviembre, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Proceso para la Elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El artículo 75 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, señala que para ser titular de la presidencia, algunos requisitos son: ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público y haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de dicha ley.
De igual forma, no haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.
La CEAV es el órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas en el ámbito local, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y goza de autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Trabaja a través de cuatro ejes rectores: Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas y Atención Inmediata, Registro Estatal de Víctimas, Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, y Políticas Públicas que le permiten cumplir con el objetivo de brindar atención integral a las víctimas del delito y/o violaciones a derechos humanos.
