En medio del debate para reformar al Poder Judicial, el Gobierno federal redujo 28% el presupuesto que fue aprobado para el Programa de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para 2024 se avaló destinar a dicho programa un total de mil 169 millones 900 mil pesos; sin embargo, a través de ajustes presupuestales se redujo el monto a 848 millones 900 mil pesos, sin que a la fecha se sepa a dónde se fueron los 326 millones que fueron recortados.
De acuerdo con la propia Defensa Nacional, el Programa de Justicia Militar tiene el objetivo de "asegurar el adecuado funcionamiento de los organismos que integran el Sistema de Justicia Militar", e incluso cuenta con la facultad de "transformar y modernizar" dicho sistema mediante reformas a los procedimientos legales en el interior de la dependencia castrense.
Actualmente, el Poder Judicial juzga delitos de ciudadanos, en tanto que el Sistema de Justicia Militar tiene a su cargo la averiguación y el castigo de los delitos y faltas contra la disciplina militar; sin embargo, poco se sabe sobre el número de casos y número de sentencias, toda vez que se trata de información clasificada.
En la Plataforma Nacional de Transparencia se registran 437 solicitudes de información relacionadas con el Sistema de Justicia Militar, de las cuales sólo dos fueron transparentadas de manera pública por casos particulares; el resto ha sido reservada por periodos que van de los cinco a los 12 años.
Entre los casos mediáticos destaca el de los militares presuntamente involucrados en el asesinato de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Han sido señaladas autoridades federales y estatales, así como elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
En junio de 2023, un juez impuso prisión preventiva a ocho militares relacionados con el crimen, por el delito de desaparición forzada, quienes fueron liberados en 2023, reaprendidos y vueltos a liberar en mayo de 2024, sin que hasta ahora se sepan los detalles del caso.
Actualmente existen tres prisiones militares, siendo éstas la adscrita a la I región militar, ubicada en la Ciudad de México; la adscrita a la III región militar, ubicada en Sinaloa, y la adscrita a la V región militar, con sede en Jalisco.
De acuerdo con la propia Sedena, el Sistema de Justicia Militar -además de estar a cargo de organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de las prisiones militares, unidades disciplinarias y otras dependencias e instalaciones similares- se encarga de vigilar que los militares procesados y sentenciados "conserven su capacidad física y la profesional en su caso, hasta su reincorporación a las actividades militares o civiles".
En el Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2024, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados, también se advierte un recorte al "programa de investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios", al que le fue aprobado un presupuesto de mil 858 millones de pesos para 2024, pero se redujo en los primeros meses del año, a través de un ajuste, a mil 426 millones de pesos.
