Infonavit. (FABIOLA P. CANEDO)
Durante esta administración, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó un Nuevo Modelo de Cobranza Social, orientado a preservar el patrimonio de las y los acreditados, a través de soluciones accesibles para el trabajador, y financieramente viables para el Infonavit.
Gustavo Ernesto Díaz Gómez, delegado de Infonavit en Coahuila, dijo que gracias a la implementación del Nuevo Modelo de Cobranza Social, de enero de 2019 a junio de 2024 el Instituto otorgó 267 mil 692 Soluciones de Pago a acreditados del estado que enfrentaron dificultades para cumplir con la mensualidad de su crédito.
Del total de las soluciones de pago otorgadas en la entidad, 55% fueron reestructuras del crédito; mientras que, 27% fueron conversiones del financiamiento de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, a través del programa Responsabilidad Compartida.
En el desglose, fueron 146,066 Reestructuras, 71,793 Responsabilidad Compartida, 31,342 Medidas de Apoyo por Covid, 13,985 Descuento por Liquidación Anticipada, 2,651 corresponden al programa 90 Diez y 1,855 Apoyo Solidario Infonavit.
El delegado indicó que otorgar más y mejores soluciones de pago se traduce en aliviar la carga financiera de las personas acreditadas y preservar la seguridad jurídica de su patrimonio.
Además de propiciar un Índice de Morosidad sano, las soluciones de pago otorgadas por el Infonavit durante la administración han generado una mayor cantidad de pagos por parte de las y los acreditados que pagan su crédito por su cuenta, es decir, aquellos que por cambios en su relación laboral ya no reciben el descuento del pago de su financiamiento vía nómina.
Entre otros beneficios de ofrecer más y mejores soluciones de pago, mencionó que se mitiga el deterioro de las cuentas; se genera la adopción continua de mejores prácticas de cobranza; se mejora el acompañamiento e interacción con las personas acreditadas; se refuerzan las estrategias de cobranza y se amplían las posibilidades de regularización de créditos; se atienden las diversas necesidades y problemáticas que enfrentan las personas acreditadas y se mejoran sus condiciones de pago o regularización de crédito; se propicia un análisis de comportamiento de pago de las personas acreditadas y se corrobora la viabilidad de su aplicación.
