INE.
A pesar de que el Congreso aprobó la legislación secundaria para la elección del Poder Judicial, aún dejó pendientes al Instituto Nacional Electoral (INE) que deberán resolverse a través de lineamientos y/o acuerdos como la fiscalización de recursos, capacitadores electorales, integración de mesas de casilla, tiempos en radio y televisión, entre otros temas.
Morena y aliados aprobaron reformas a la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales, así como de Medios de Impugnación, que establecen los plazos y delinea la ruta de este proceso inédito en el país, aunque varias tareas las dejan a cargo del INE, sujetándose a esta nueva legislación.
Estas mismas interrogantes fueron planteadas a diputados por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en una reunión como parte del diálogo para la reforma judicial el 30 de julio pasado.
Una de las etapas clave es la cartografía electoral, es decir, cómo se divide el territorio con base en la elección. Actualmente, la división es por 300 distritos electorales, sin embargo, esto no empata con la dinámica judicial, por lo que debe trazarse una nueva distribución.
La ley establece que, en diciembre próximo, el órgano de administración judicial remitirá al instituto la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción, indicando la entidad o las entidades federativas que abarcan, así como el número y materia de los cargos a elección.
Estos son Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación o Juzgados de Distrito que tengan residencia en cada circuito judicial, y la sede de las salas regionales del Tribunal Electoral.
Después, la Junta General Ejecutiva "elaborará un plan de coordinación en materia de organización electoral, en el cual indicará los órganos locales y distritales del instituto que coadyuvarán en la organización de la elección, así como en la respectiva etapa de cómputos de las elecciones".
A nivel nacional, le corresponde organizar la elección de ministros, magistraturas de Sala Superior y el nuevo tribunal de disciplina.
Sobre la fiscalización, es decir, el reporte y revisión de los recursos utilizados, desde la reforma constitucional se estableció que los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni privado.
"Los topes de gastos personales, por cada persona candidata, serán determinados por el Consejo General del instituto en función del tipo de elección que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones", señala el artículo 520 de la LGIPE.
Como referencia, para el proceso electoral 2024, el tope de aportaciones de una candidatura independiente para sí misma fue de 220 mil 326 pesos, aunque puede variar conforme el número de aspirantes. Este dinero podrá ser utilizado para cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura durante la campaña, pero también prohíbe la entrega cualquier tipo de material en el que se ofrezca algún bien indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo.
