La reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial o cambio de la estructura de los juzgadores y juzgadoras mexicanas ya es una realidad.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para revisar si es constitucional o no la reforma al Poder Judicial de la Federación que fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre.
Rubén Ernesto Mayoral Martell, doctor en Derecho y abogado constitucionalista, explicó en entrevista con El Siglo de Torreón, explicó que la expectativa se generó en cuanto a que la votación de los ministros podría alcanzar un conflicto constitucional, una crisis de constitucionalidad en el Estado Mexicano, al decirle la Corte a la Presidencia de la República que desapareciera la reforma y al Congreso de la Unión.
Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán fijó su postura en contra del proyecto al considerar que sería estar en un parto con fórceps, forzando la constitucionalidad, mientras que los otros ministros hicieron un tema interpretativo muy amplio en cuanto a sus facultades de revisión.
Se propuso una declaratoria parcial de inconstitucionalidad, de manera que los ministros si seguirían dentro del proceso de elección pero los magistrados y jueces, tanto federales como locales, se mantendrían dentro del sistema de no elección, ello porque para ser ministro no se requiere carrera judicial pero los jueces y magistrados sí la requieren.
Entre los aspectos que se revisaron, está la legitimación de que los partidos políticos sean los demandantes, cuando están impedidos para proponer candidaturas de jueces y magistrados.
"Lo álgido que se estaba debatiendo es si es válido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise una reforma que modifica derechos duros o lo que le llaman cláusulas pétreas, constitucionales o cláusulas eternas constitucionales", comentó.
El especialista explicó que México desde 1917 tiene la Constitución que le pone fin a la Revolución Mexicana.
"La Corte dice: ni nosotros podemos revisar la reforma constitucional, lo único que podríamos revisar es el procedimiento constitucional, el quórum, si hubo de liberación de los partidos políticos minoritarios, si se cumplió con el proceso de iniciación, discusión, publicación de la norma. En este caso, la Corte no puede decir si es válida una reforma a la Constitución o no, las reglas secundarias sí las puede analizar la Corte, pero en este caso no lo pueden realizar", comentó.
Con estos resultados, se anticipa que la reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial o cambio de la estructura de los juzgadores y juzgadoras mexicanas ya es una realidad.
Mayoral Martell consideró que aún se abordará el tema por parte de los actores políticos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente se elevará a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se revise si el Estado Mexicano actuó con la reforma constitucional conforme al Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"En México ya no hay otra instancia, más allá de la Suprema Corte, que pueda privarle de efectos normativos y obligatorios a la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024", expresó.
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
El abogado constitucionalista dijo que en México se han hecho 793 reformas a la Constitución. Al realizar un comparativo entre la de México con la de Estados Unidos, que requieren del mismo proceso para hacer cada cambio a este documento, que debe pasar por las cámaras de diputados y senadores, y luego por los congresos estatales, indicó que en Estados Unidos se han hecho sólo 28 cambios en 200 años de vigencia y en México son 793.
"La Constitución mexicana, aunque en el papel parece que es rígida, es extremadamente flexible, porque el deporte nacional ya no es ni el fútbol ni el box, el deporte nacional es la reforma constitucional", dijo.
Sobre la posibilidad de que exista una crisis constitucional como se ha mencionado por algunos analistas, Mayoral Martell consideró que si el proyecto de la Suprema Corte hubiera sido fundado procedente como venía, ahí sí habría una crisis de este tipo, porque el Poder Judicial no tiene fuerza pública y el Ejecutivo sí.
No obstante, reconoció que el pueblo mexicano todavía está muy ignorante en temas constitucionales porque se trata de cuestiones muy técnicas.
En este sentido, dijo que ya inició el proceso formalmente con la convocatoria que se presentó por los tres poderes para la elección de jugadores y juzgadoras, personas que integrarán los titulares de los órganos jurisdiccionales, lo que podría ser un caos administrativo político, pues se estima que podría durar la elección hasta tres días por el alto número de personas que se van a votar.
"Yo creo ya es una realidad legal, constitucional, pública, viva, efectiva y que va a caminar, ya no hay manera de retraerlo a nivel nacional, vamos a ver qué dicen las instancias internacionales, la Corte Interamericana sesiona dos veces al año, falta mucho tiempo para que esto llegue para allá", concluyó.
