Lejos de alcanzar acuerdos o de que se haga un simple llamado al sentido común, durante las últimas semanas hemos visto como es que el choque entre el presidente y el Poder Judicial de la Federación se ha visto agravado más allá del discurso.
Ante las amenazas del primero contra la autonomía y el equilibrio de poderes en nuestro país, los segundos han llamado a suspensión de labores y hasta huelga, misma que aunque públicamente ha sido desestimada por el presidente López no ha quedado exenta de padecer el amago de la Fuerza Pública como hemos visto que ha ocurrido en la Ciudad de México esta semana, donde el Gobierno capitalino ha hecho uso de su Policía para amedrentar a los que protestan de manera civilizada y pacífica.
Más aún, a ello se le han sumado grupos de choque formados por individuos que se identifican como simpatizantes del partido en el Gobierno, quienes han lanzado insultos en contra de los Magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los trabajadores que formaron una valla humana alrededor del recinto para manifestarse contra la llamada Reforma Judicial.
Tal como pretende el presidente, su Reforma Judicial plantea que el próximo año se lleve a cabo la primera elección popular en México para renovar de manera escalonada un 50% de los magistrados, jueces y ministros que hay en el país; esto es, más de 800 cargos.
En detrimento de la calidad y la capacidad necesarias, para ser Ministro de la Suprema Corte se eliminó el requisito de 35 años de edad como mínimo, se pide tener ocho de calificación en la licenciatura en Derecho y se redujo de 10 a cinco años la experiencia laboral.
El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicaron que se tienen previstas dos elecciones para jueces, Magistrados y Ministros: una en 2025 y otra en 2027. E incluso hasta detallaron cómo serían las campañas.
En medio de este intenso golpeteo Ken Salazar, Embajador de los Estados Unidos en nuestro país, durante conferencia de prensa ha externado diversas preocupaciones por lo que respecta a elección de jueces y ministros por voto popular.
"La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la Democracia de México y la integración de las economías de México-Estados Unidos-Canadá …Cualquier reforma judicial debe garantizar que el Poder Judicial sea fortalecido y no sujeto a la corrupción de la política", y agregó que no solo pone en riesgo a la Democracia sino también la relación comercial en México y los Estados Unidos, de manera más directa.
Cabe subrayar a estas alturas que ningún país de Occidente civilizado elige a sus Magistrados por voto popular, como en este caso se pretende. Más aún, ninguno de los países miembros de la OCDE contempla siquiera esta ocurrencia como una posibilidad, por la que esta iniciativa ha venido a impactar negativamente al Peso en los mercados internacionales esta semana. En vista de lo anterior es que las calificadoras internacionales, las principales compañías financieras y hasta el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ven con preocupación que este capricho presidencial siga poniendo en riesgo no solo la poca estabilidad económica que le queda al país sino el futuro de México en materia de libertad, transparencia y autonomía de sus instituciones públicas.
Ciertamente el Poder Judicial no está exento de tener problemas propios de sus inercias, pero sobre todo ocasionados por las taras que ha heredado de la Administración Federal actual-entiéndase El Poder Ejecutivo-y del Legislativo (sumiso al presidente); inercias que curiosamente tampoco se han resuelto de alguna manera en estos últimos seis años y que por el contrario, se han visto agravadas precisamente por esos mismos vicios que el Presidente saliente acusa en el Poder Judicial y que en consecuencia lo convierten en el menos indicado de los actores políticos para poder señalar corrupción, nepotismo, ineptitud, despilfarro, compadrazgos, privilegios, influyentismo y opacidad.
