El eje fundamental de la Reforma del Poder Judicial presentado por el Presidente López Obrador para su aprobación en el mes de septiembre, es la elección por votación popular de jueces, magistrados, y ministros. Se sustituiría la tradicional elección meritocrática, académica y por su experiencia de jueces heredada desde el liberalismo. Más grave aún, el cambio propuesto, conocido como el Plan C, llega hasta el extremo de desaparecer el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esencia misma de la fórmula democrática vigente en nuestro país.
El mencionado Plan C, de innegable raíz socialista, es la respuesta a "la corrupción general" con que la 4T califica al modelo actual de ser inextricablemente corrupta.
La intención más profunda de los cambios propuestos es acabar con el modelo capitalista empresarial para instalar otro de libertades individuales y empresariales restringidas. Es cierto que en el actual escenario mundial abunda la desigualdad social y los esquemas liberales explican los abusos a que llegan los empresarios sin conciencia social. De igual manera, hay mecanismos judiciales que toleran que el 40% de los 226 mil presos en México permanezcan años enteros sin ser sentenciados por deficiencias del Ministerio Público. La imposibilidad de obtener un defensor de oficio o de cubrir los honorarios del abogado que atienda como en el caso de la señora que pasó más de 16 años en la cárcel esperando ser juzgada.
Hay mucho que corregir en el campo de la justicia. Las deficiencias por desgaste piden la renovación de cuadros y definitivamente que los funcionarios tengan más preparación y disciplina. Cabe reiterar lo que se ha dicho hasta el cansancio: que la corrupción que persiste en el aparato judicial no se remediará con el voto popular de los juzgadores si carecen de la debida preparación, experiencia y ética personal ya que en la práctica se expondrá a todo el sistema judicial a las presiones de intereses contrarios al desarrollo personal y comunitario. Para este efecto, la experiencia enseña que no sólo se requiere de fortaleza personal inspirada en los grandes objetivos de la patria. El voto popular no es una garantía para que haya honestidad, de haber sido así, no habría ningún político en la cárcel.
La reforma judicial que López Obrador insiste que sea aprobada antes del término de su sexenio, hace vergonzosa la aprobación que la sumisión a los dictados del mandatario y que se pasen por alto los razonamientos que se exponen en los Foros que se celebran en la Cámara de Diputados donde, se escuchan válidas observaciones que señalan la inconstitucionalidad de las numerosas modificaciones propuestas.
Es tarea de conciencia de la presidenta electa hacer valer en su bancada en las dos Cámaras, rechazar los cálculos abusivos de la sobre-representatividad de Morena que hoy por hoy parece asegurar que la reforma judicial prevalezca, sin considerar el profundo y permanente daño que sembrará en las instituciones nacionales.
Todo lo anterior explica por qué la reforma judicial es tema que figura en primer plano en las prioridades de los cambios que ya se anuncian a nivel mundial. La sociedad civil que ha dado suficientes pruebas de su acertado vigor puede aprovechar el inicio del nuevo sexenio como un hito que marque un surgimiento de los valores trascendentales de México que serán cada vez más importantes en el curso de los próximos años ya que se van a recrudecer las presiones de toda índole, desde las económicas, sociales, climáticas y donde la juventud que irá madurando en ese lapso tendrá la ocasión de encontrar fortaleza en los valores que nos han sostenido en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Se quiere tener confianza que Claudia Sheinbaum esté a la altura de los retos que se anuncian con una intensidad nunca vista.
