En los últimos días de julio, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y el grupo promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua cuestionan la intención del diputado Rubén Muñoz Álvarez (Morena) de presentar un dictamen de Ley General de Aguas el 31 de agosto basado en tres iniciativas desconocidas y avalado por tres foros de última hora. Al mismo tiempo, rechazan "enérgicamente su intento de legitimarse utilizando el nombre de Agua para Todos para estos fines sin nuestro permiso". Ambas agrupaciones dan a conocer, además, su compromiso de mantener viva la iniciativa de Ley General de Aguas de la senadora Gloria Sánchez Hernández (también de Morena) para la LXVI Legislatura, que iniciará sesiones el 1 de septiembre.
Ambas instancias hacen público su compromiso de aportar a la construcción del buen gobierno del agua a través de propuestas y vigilancia comunitaria y ciudadana de los tres poderes de la nación a través de las contralorías autónomas del agua que están conformándose en todo el país.
Mediante un comunicado dirigido también al Congreso de la Unión, fechado el 21 de julio en la Ciudad de México,, señalan que frente al desacato de las cuatro últimas legislaturas -las LXII, LXIII, LXIV y LXV-, para tutelar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana, las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida tomaron la decisión de formar, junto con otros procesos defensores del agua, las contralorías autónomas el agua a los niveles local, regional y nacional que están articulando a través del grupo promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Avalan la iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la senadora Sánchez, la cual se basa en la iniciativa ciudadana y otras tres presentadas durante la LXIV Legislatura, articuladas a través de Comisiones Unidas durante ese periodo.
Tales iniciativas fueron resultado de más de 200 foros a lo largo y ancho del país, primero por proceso ciudadano y luego por la LXIV Legislatura, de marzo del 2012 al mes de abril del 2021.
Durante 110 meses quedaron claros 12 consensos ciudadanos por el agua.
La base de tales consensos es respetar la naturaleza; planeación consensuada para restaurar cuencas y acuíferos; respetar las aguas de los pueblos, los núcleos agrarios y los sistemas comunitarios.
Además, acabar con la compra-venta de derechos, el acaparamiento y el despojo; acceso prioritario, eficiente y universal a agua potable para uso doméstico; cerrar la puerta a la privatización.
De igual manera, regeneración de aguas residuales utilizando soluciones basadas en la naturaleza; fin a la contaminación; prohibir agua para minería tóxica, fracking y megaproyectos destructivos.
Por último, asegurar recursos públicos suficientes; garantizar acceso pleno a la información; justicia hídrica frente a la impunidad y la corrupción, y a favor de los defensores.
Elena Burns, especialista en temas de agua, señala que en este momento, los intereses vinculados al modelo centralizado y excluyente de antaño están batallando para mantener su control sobre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y para que la institución pueda cuadruplicar su presupuesto para financiar una serie de grandes proyectos diseñados desde el gabinete.
Pero hay límites a este modelo, afirma, y el voto del 2 de junio demostró que el pueblo de México busca seguir profundizando los procesos de transformación. Más que algunas obras imponentes diseñadas sin conocimiento de causa, las comunidades y la ciudadanía quieren soluciones a los problemas que se viven en cada localidad del país, y quieren participar.
Precisa que la crisis del agua que azota al país requiere aumentar los recursos disponibles para la planeación, la gestión de cuencas, la reducción y prevención de fugas, la medición de disponibilidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los proyectos que permitirán la transición hacia fuentes sustentables del agua, el uso óptimo de agua para riego, así como el combate a la contaminación y las tomas ilícitas.
Enfatiza, "no tenemos el lujo de seguir tolerando la evasión fiscal en el pago de derechos de agua".
Recuerda que "el agua paga el agua" es un principio de la Ley de Aguas Nacionales que, hasta la fecha, la Conagua ha quedado lejos de efectuar.
Si sumáramos la falta de pago por uso público urbano, generación hidroeléctrica y otros usos, así como por descargas, trasvases, la ocupación de zonas federales y la extracción de materiales pétreos, se estima que el monto no recaudado podría superar los 60 mil millones de pesos anuales, afirma.
Desde sus inicios la Conagua dio mayor prioridad al otorgamiento de concesiones que a la recaudación de los derechos correspondientes.
De hecho, al interior de la Conagua el Director General prohibió el acceso de Administración del Agua a las bases de datos de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, requeridas para determinar si los solicitantes de nuevas concesiones, prórrogas y transmisiones, estuvieran al día con sus pagos de derechos.
@kardenche
