Acepta: ‘violencia grave’
Sistemática presión de EUA
Rocha Moya: punto crítico
Omar García Harfuch se consolida como la carta fuerte (muy prevista) de la presidenta Sheinbaum para tratar de frenar la violencia criminal que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció como "grave", aunque "no desbordada", en un país que, a pesar de todo, estaría "bajo control", según declaró el coordinador político de los diputados federales, Ricardo Monreal, luego de una reunión de tres horas de esos legisladores con el alto jefe policiaco.
Más allá de discursos y declaraciones, lo cierto es que se han multiplicado los focos de violencia en el país, en varios casos con expresiones extremas (la decapitación del presidente municipal de Chilpancingo y el acribillamiento de diez personas en un bar de Querétaro, por citar dos casos).
Tal exacerbación (el secretario García Harfuch aduce que no hay desbordamiento) puede tener dos interpretaciones rápidas, a riesgo de ser simplistas: que la nueva administración federal está apretando de verdad contra los grupos criminales y estos están reaccionando con provocaciones y golpes efectistas, o que la nueva administración federal ha agitado el avispero (con más detenciones de "generadores de violencia" y una evidente disposición a la confrontación armada, con mayor letalidad) y está siendo rebasada al menos en esta primera etapa.
El acrecentamiento de la violencia extrema tiene como marco de referencia los primeros cuarenta y tantos días de gobierno de la presidenta Sheinbaum y, ahora, la programada toma del poder estadunidense por Donald Trump, quien tiene una tripleta de temas con los que tratará de frenar o acotar la continuidad reformista de la llamada Cuarta Transformación: la revisión del tratado comercial subcontinental, la migración (rubro también relacionado con los cárteles) y el crimen organizado.
La presión estadounidense, en realidad, es sistémica, no necesariamente asociada a los cambios de membretes partidistas en la Casa Blanca, el Pentágono y conexos. La estrategia de combate a la 4T tuvo un arranque previo a las elecciones mexicanas con el uso de tres medios extranjeros para acusar al entonces presidente López Obrador de haber recibido financiamiento del narcotráfico para una campaña electoral de 2006. Luego vino la muy costosa campaña en redes con las etiquetas #narcopresidente y #narcocandidata. Para aterrizar en un aeropuerto fronterizo con Joaquín Zambada, el Mayo, y uno de los hijos del Chapo Guzmán, en un episodio aún oscurecido, a partir del cual se desató la principal narcobatalla nacional, entre "chapitos" y "mayitos".
Uno de los puntos críticos del posicionamiento mexicano ha residido en la virtual inactividad, durante la administración obradorista, y la permisividad y protección a figuras que son parte expresa de la citada 4T o que han favorecido este proyecto. Ejemplos del pasado reciente: Quirino Ordaz, quien dejó el gobierno de Sinaloa para irse de embajador a España, y Claudia Pavlovich, que pasó de Sonora a un consulado de lujo, Barcelona.
Véase lo que sucede en Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha Moya sigue en el cargo a pesar de las evidencias de sus punibles manejos políticos, mediáticos y forenses en el caso del asesinato del exrector de la Autonóma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y en el episodio clave de las horas en que el Mayo Zambada habría sido secuestrado, según versiones que la propia autoridad no logra o no quiere esclarecer. En una incesante espiral de violencia, ayer se anunció la cancelación de la tradicional feria ganadera y del palenque en Culiacán.
Por lo pronto, García Harfuch se consolida como el máximo jefe policiaco, con pretensiones hasta ahora cumplidas de "coordinar" a los mandos de la Defensa Nacional y la Marina, además de controlar los servicios de inteligencia y la operación de policías en todo el país y estar en espera de reformas constitucionales que le permitan "investigar" directamente actos delictivos. Superpoderes, supersecretario, supercompromiso, ¿superlogros? ¡Hasta mañana!
