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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México desestimó este martes un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien había propuesto invalidar la elección de jueces y magistrados federales mediante voto popular, uno de los aspectos más polémicos de la reciente reforma al Poder Judicial.
La SCJN decidió por unanimidad desestimar el análisis del proyecto debido a que no se alcanzó la mayoría de ocho votos entre sus once miembros del pleno, requerida para apoyar la invalidación de partes de la reforma judicial.
El voto decisivo, además de las tres ministras afines al actual Gobierno, fue del ministro Alberto Pérez Dayán, quien sostuvo que las acciones son improcedentes contra reformas a la Constitución, y que la Corte no puede revisar el contenido de la Carta Magna.
La propuesta fue sometida a discusión como resultado de impugnaciones presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), que argumentaron que esta reforma, impulsada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), contravenía principios democráticos básicos y carecía de garantías para la seguridad jurídica.
El proyecto de González Alcántara, además de cuestionar la viabilidad de elegir a jueces a través del voto popular, consideraba inapropiada la figura de los “jueces sin rostro”, que buscaba ocultar la identidad de ciertos juzgadores para protegerlos de amenazas del crimen organizado, pues socavaría el debido proceso, especialmente en casos penales, al violar los derechos de los acusados a saber quién los juzga.
Además, el documento mantenía la elección para elegir a ministros de un nuevo pleno de la Suprema Corte, que supone la reducción de once a nueve integrantes.
Tras la decisión de los ministros de la SCJN, se mantiene la elección popular de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN, así como los demás aspectos de la reforma judicial, sin ningún cambio a la legislación aprobada en el Congreso y oficializada desde septiembre pasado.
La decisión ha sido interpretada como un triunfo para la administración actual y sus aliados legislativos, quienes consideran que la elección de jueces puede hacer al sistema judicial más representativo y cercano a la ciudadanía.
En tanto, a las afueras del máximo tribunal del país, trabajadores del Poder Judicial mexicano mantenían sus manifestaciones en contra de la reforma judicial, al tiempo que criticaron a los cuatro ministros que votaron en contra de la impugnación para poder validar o no las elecciones judiciales.
Este fallo también deja abierta la discusión sobre los posibles riesgos de elegir a las personas juzgadoras en el país, puesto que algunos críticos y análisis han advertido de la posible politización de un proceso que requiere imparcialidad y altos estándares técnicos.
