"El estado de ser supremo", dice la Enciclopedia Británica, "Superioridad jerárquica". De supremacismo: "…creencia de que determinado grupo de personas es superior a todos los demás". Supremacía es la palabra escogida por los legisladores en el poder para amputar derechos ciudadanos y de las minorías: "supremacía constitucional". Podría ser el sello de la deriva autoritaria de México.
Las leyes -y por ende las constituciones- surgen de una multiplicidad de factores. Los principios que deben regir la vida en democracia; los derechos de los ciudadanos en todos los órdenes frente a sus iguales y frente a la autoridad; la división de poderes; la lógica jurídica y procedimental que debe regirlos. La voluntad popular dentro de estos cánones. Hasta allí nada inédito, pero el mundo de hoy nos impone nuevas modalidades en todos los órdenes. Nuestra Constitución, por voluntad de los propios mexicanos, adoptó en el 2011 -como derecho propio- las convenciones internacionales. Ellas incorporan nuevos requisitos. Por ejemplo, el principio de progresividad irreversible de los derechos ciudadanos. No hay marcha atrás en los derechos adquiridos por la población. Supremacismo puro.
También el principio "pro persona", que obliga a los juzgadores -ante la duda- a aplicar la norma que más beneficie a cierto individuo. Para fortuna nuestra, en las últimas décadas, pero sobre todo a partir de la reforma del 2011 que propone una nueva "cultura" de los derechos humanos en nuestro país, esa función modernizadora y universal, debe ser el eje. Pero ahora resulta que -con una mayoría legislativa producto de violentar los derechos de las minorías a los que están obligados- no conformes con eso, quieren someter cualquier vía de impugnación -amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad- a la interpretación que ellos hagan de una modificación constitucional. Supremacía es la palabra correcta para lo que buscan: ser la voz suprema. Así conciben a la democracia, sólo nuestra interpretación vale, es y será la correcta. ¿Escuchar, negociar?
Pocas propuestas de reforma constitucional han recibido la multiplicidad de comentarios adversos de especialistas, observadores y hasta burlas en el exterior. Cómo llegaron a una propuesta así, me preguntaba asombrado un muy reconocido jurista español. Saben de la andanada de impugnaciones que vendrán del exterior, agregó. No escuchan, fue lo único que pude contestar. Para México es suicida, un retroceso de décadas, continuó. Argumentan la soberanía, repuse. Será la del siglo XVI, me dijo, pensada para enterrar el feudalismo y entrar en el nacionalismo. Imagínate si los miembros de la Unión Europea comenzáramos con eso. El "Poder Supremo" ya no existe, y cerró.
Uno de los aspectos más atractivos de los diferentes procesos de globalización, ha sido precisamente la necesaria adaptación de los derechos locales a figuras cada vez más universales: del ius gentium nacido en el derecho romano y que dio vida a incipientes derechos a los individuos que cruzaban territorios, a las Convenciones Internacionales contemporáneas. El Código Napoleónico fue una verdadera revolución conceptual, incluidos sus excesos que provocaron nacionalismos exacerbados. Lo increíble es que México, que inició su apertura comercial y política hace cuatro décadas, esté hoy gobernado por una clase política empobrecida -en su calidad solamente- y profundamente ignorante.
Un país que ha tenido un premio Nobel por sus aportaciones al derecho internacional, varios ministros en la Corte Internacional de Justicia y notables juristas en la Corte Interamericana, además de un rico abanico interno, de los cuáles varios han llegado a la Suprema Corte, hoy camina a toda velocidad hacia una crisis constitucional tejida con falacias jurídicas y buena dosis de veneno publicitario.
De todas las crisis recientes de nuestro país, ninguna tiene equivalencia con la que está en gestación.
