Sayra Abril Medina de León, víctima de terapia de conversión (Daniela Cervantes)
TESTIMONIO
Mi mamá piensa que los homosexuales son hijos del diablo y que eso no está bien ante los ojos de Dios. Por eso le pidió a mi hermana que me llevara al lugar donde, según ella, podían salvarme.
El 28 de marzo del 2021, con engaños, entré a una casa desconocida: “Mi mamá quiere que hagas un proceso”, me pronunció mi propia sangre antes de dejarme en ese domicilio.
Tengo 36 años: no tomo, no fumo, no me drogo. No sufro de ninguna adicción, pero hace tres años pasé 45 días en un anexo de Torreón porque mi familia pensó que ahí me “curaría” de ser homosexual.
La voz de arriba es la de Sayra Abril Medina de León, una lagunera que fue víctima de las coloquialmente llamadas terapias de conversión, un término que generaliza a todas aquellas prácticas que tienen el objetivo de cambiar o suprimir la orientación sexual, identidad u expresión de género de una persona.
Y aunque las definidas formalmente como ECOSIG (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), fueron prohibidas recientemente por el Senado de la República por representar prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, en Torreón, Sayra Abril fue anexada en contra de su voluntad, me comparte, sólo por el hecho de reconocerse como lesbiana.
La mujer de 36 años desconocía los términos ECOSIG o terapias de conversión, pero a través de su abogada Ángeles Rentería pudo ponerle nombre a lo que había sufrido en esos 45 días que pasó encerrada en el anexo.
Si el médico Carl Vaernet, entre 1937 y 1945, empleó inyecciones de hormonas, la castración y otras técnicas para tratar de “curar” a los homosexuales en el campo de concentración nazi de Buchenwald en Alemania. En Torreón, el anexo Renacer empleó en Sayra técnicas de humillación, maltrato psicológico y la aisló por 45 días con la intención de que se arrepintiera de haber iniciado una relación amorosa con una mujer, luego de haberse casado con un hombre con el que procreó una niña que ahora tiene 8 años.
45 DÍAS EN EL ANEXO
Conozco el caso de Sayra Abril a través de su abogada Ángeles Rentería, con quien lleva un proceso legal porque su ex esposo quiso quitarle a su hija cuando ella se encontraba dentro del anexo.
Con él se casó en el 2014, y se divorció en el 2019. Sentadas en el comedor de la casa donde vive con su actual pareja Ivonne, el hijo de ella, y su hija, Sayra me comparte que la relación con él no terminó por una tercera persona, dijo, esa unión ya estaba fracturada desde tiempo atrás, incluso, expresó, desde antes de que se casaran.
Cuando conoce a Ivonne queda “deslumbrada” y empieza una relación con ella. Así también, inician los problemas con sus familiares, quienes, con el afán de separarla de su nueva pareja, entre su madre, hermanos, y su ex esposo, expuso, idean el plan de anexarla.
Así, el 28 de marzo del 2021, después de asistir a un curso de coaching dentro de un anexo donde su hermano se estaba rehabilitando, y al que acudieron otros familiares, su hermana le dice, al finalizar la actividad, que irían a comer y Sayra, aunque no estaba muy cómoda con ellos, decide ir porque, me expresa, “quería limar asperezas”.
En ese tiempo ya llevaba un año viviendo con Ivonne, a quien en ese momento le envió un mensaje pasadas las 4 de la tarde para avisarle que iría a comer con su mamá y sus hermanos. Después de ahí, su pareja ya no supo nada de ella.
Como se informó antes, con engaños fue ingresada al anexo Renacer ubicado en la colonia Ampliación La Rosita en Torreón, en donde, cabe mencionar, a mediados de abril del presente año, según informaron medios locales, se reportó la muerte de un joven tres horas después de haber sido ingresado por su propia madre. Se presumió que, presuntamente, su deceso se debió a los golpes que recibió dentro de ese establecimiento.
Víctor Ramos Galindo, director de Prevención Social del Delito en Torreón, sobre el caso anterior, declaró para este reportaje, que la muerte del joven, oficialmente, se trató de una broncoaspiración y que se deslindó de cualquier responsabilidad a los dueños del anexo. Por otro lado, al narrarle lo que Sayra vivió en ese mismo lugar, Ramos Galindo indicó que, en ese caso, no se debió haber permitido su acceso, debido a que el reglamento para anexos es muy claro al estipular que sólo deben admitir a personas con problemas de adicciones. “No se puede ingresar a una persona por ese motivo que me viene a preguntar. En ese tema entran hasta los derechos humanos, porque esa persona tiene derecho a ejercer su sexualidad como mejor le convenga”.
Al cuestionarlo si ha detectado en otros anexos de Torreón casos como el Sayra, Víctor Ramos respondió que no, aunque también admitió que fuera de los papeles que revisan deben tener en regla, la dependencia a su cargo no controla lo que pasa al interior de estos lugares. Pero, aclaró, si llegaran a detectar ingresos de esta índole actuarían conforme a la ley.
En el caso de Sayra, esta narra que con ayuda de dos hombres fue ingresada a un cuarto con literas hasta donde llegó a quien identificó como Edgar, que, al verla alterada, le dijo: “No llores. Estás en una casita de amor, no te va a pasar nada. Aquí te vamos a ayudar”, pero ¿ayudar a qué?, se preguntaba.
Poco tiempo después cayó en cuenta de que se encontraba dentro de un anexo y que su madre pretendía “curarla”, así como intentaba curar a su hermano Daniel que se encontraba en otro anexo por consumo de sustancias.
“Había sido ingresada a efecto de ‘sanar mi fe y cambiar mi preferencia sexual’”, se lee en una declaración que redactó su abogada.
Aunque Elizabeth, otra de las encargadas del lugar, le informó: “yo le dije a tu mamá que nosotros no quitamos lo homosexual”, en el lugar, Sayra fue sometida, primero, a un aislamiento en contra de su voluntad y después a una serie de agresiones verbales y psicológicas, acciones que representan Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), lo que, de acuerdo a las reformas aprobadas el pasado mes de marzo al Código Penal Federal, ya son motivos de cárcel o multas.
Según la nueva norma, dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Con los ojos acuosos, Sayra Abril recordó, por ejemplo, cuando, “al día siguiente (de su ingreso) el señor Luis comenzó a gritarme que era una mierda igual que él, que todos los que estábamos ahí éramos unas mierdas, y que ni pensara en salir de ahí porque él era un alacrán, y me reafirmó ‘no vas a salir por mis huevos, y porque la que firmó para que estuvieras aquí fue tu mamá’. Me sentí humillada, denigrada”.
Así entendió que si se resistía le iría peor y trató de hacer su “proceso” lo más rápido posible, además, porque, manifestó, también fue testigo de los castigos que recibían las personas que no acataban las reglas. “Si no hacías lo que te pedían te sometían a las juntas de ayuda, que es cuando te ponen enfrente y todos te empiezan a agredir verbalmente. En ese momento te pueden escupir, pegar, y hacer de todo”.
Por miedo a ser víctima de ese tipo de agresiones, Sayra Abril, por 45 días, hizo todo lo que se le solicitó dentro del anexo Renacer.
Fue hasta que su pareja Ivonne buscó por varias vías, primero, dar con su paradero, después, denunciar secuestro ante distintas corporaciones de seguridad de la región y por último interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), que logró salir del anexo.
Actualmente está alejada de su familia nuclear y continúa con el proceso legal de obtener la patria potestad de su hija. En este caso, importante mencionar, su abogada Ángeles Rentería solicitó que su caso se resuelva en atención al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“NADA QUE CURAR”
Auken Cyan Ramos Montaño, que, entre otras cosas, se desempeña como Asambleísta Nacional de la organización política LGBT Rights México, una agrupación de jóvenes que busca abrir espacios a los integrantes de la comunidad LGBTQI+ en los asuntos públicos del país e incidir en la agenda legislativa, llega a las instalaciones de este diario. Porta una sonrisa, un saco negro, y debajo de este una playera con la frase estampada: “Nada de curar”, un mensaje directo contra las llamadas terapias de conversión.
El también vicepresidente de parlamento LGTB de Coahuila expresó que el tema aquí expuesto todavía está muy invisibilizado en La Laguna. “Y eso a final de cuentas es un obstáculo para que se legisle y se prohíban ahora en el estado”.
Desde la federación, explicó, después de una década de lucha, con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para castigar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).
En concreto, el Senado añadió un Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud. Específicamente plantea que toda persona que realice, imparta, o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia o servicio que restrinja la orientación sexual, identidad o expresión de género, deberá pagar una condena de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que actualmente se estipula en 108.57 pesos.
“Con esta legislación, si tú pasas por una ECOSIG, ahora ya puedes denunciar a la organización o la persona que realice estas mal llamadas terapias conversión”.
Cabe mencionar que desde el 2020 la ciudad de México y el Estado de México prohibieron las ECOSIG. Les siguieron Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Colima, Jalisco, Baja California Norte, Puebla e Hidalgo. Hay que recordar que cada estado es autónomo y tiene la obligación de legislar el tema. Pero ahora con la aprobación desde la Cámara de Diputados, cabe mencionar, el proceso será más ágil.
“En Coahuila seguimos luchando y alzando la voz desde los activismos, desde un posicionamiento político para que se prohíban aquí. Es algo que hace falta en nuestro estado para estar a la vanguardia en la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+”.
Auken Cyan informa que estas prácticas, aunque ocultas, se siguen practicando en la región. “Conozco una iglesia que se ubica en la colonia Eduardo Guerra donde se practican, pero aparte de que estas organizaciones (religiosas) las realicen, una ECOSIG también puede presentarse dentro la familia. El que un familiar te expulse de su casa, o intente convencerte de que es una etapa, o te diga que estás enfermo, eso representa una acción para corregir la identidad de género. Asimismo, existen psicólogos en La Laguna que también implementan esos esfuerzos”.
En ese sentido según la nueva ley, en cuanto a las y los profesionistas de la salud que impartan, apliquen, obliguen o financien estos tratamientos serán suspendidos de su ejercicio profesional de uno a tres años, en caso de reincidencia se impondrá la prohibición definitiva y cancelación de su cédula profesional.
Para el joven activista el reciente logro desde el Senado no es más que el eco del trabajo que ha realizado Yaaj México, una asociación civil que desde hace 15 años se dedica a proteger y promover los derechos de las personas LGBTI+.
Aunque Ramos Montaño percibe que todavía falta mucha legislación en materia de derechos humanos para la comunidad, concluye: “Nosotres desde los activismos y las colectividades estamos muy contentes de que por fin se aprobó esta ley porque, a final de cuentas, no hay nada que curar, nada que fingir, nada que ocultar”.
UNA MIRADA DESDE LA PSICOLOGÍA
Las terapias de conversión pueden ser ejecutadas desde un tratamiento biológico, hormonal, o desde el espectro social, así lo explicó el psicólogo Eduardo Juárez Sánchez.
En la primera rama entran prácticas como la lobotomía (cirugía para minimizar desórdenes psiquiátricos), en la segunda se suministran grandes dosis de hormonas a la persona que se busca corregir su orientación sexual, y en la tercera se ejecutan “procesos invasivos para impregnar a la persona de toda una serie de conceptos que vayan en contra de su práctica homosexual, esto para que entienda que es algo que es incorrecto, que no es sano y que además le va a causar daño”.
Lo anterior, explicó Juárez Sánchez, detona depresión, ansiedad, y pensamientos suicidas en las personas que son sometidas a este tipo de prácticas que, desde su profesión, observa, aún es muy común que se realicen en La Laguna; sobre todo, mencionó, desde organizaciones religiosas.
Tal es el caso de Sara, quien decidió no usar su nombre real para narrar a este diario que, en la Parroquia de Jesús Maestro en Torreón intentaron suprimir su orientación sexual.
“Fue algo muy largo y tedioso, fue muy traumático estar con las personas que me trataban mal. Tuve muchos maltratos físicos y psicológicos, como abuso sexual, abusos de poder, insultos hacia mi persona y hacia mis gustos personales”. Antes, compartió, no conocía el término ECOSIG. “En ese entonces lo llamaban ‘Curar’”.
“Yo creo que es una de las perspectivas más peligrosas, porque si bien puede ser no tan agresiva como una lobotomía o como el suministro de hormonas, sí trabaja mucho desde la culpa”, mencionó el psicólogo Eduardo Juárez.
Las y los sobrevivientes de los ECOSIG suelen presentar ansiedad, pérdida de autoestima, aislamiento social, síntomas por estrés postraumáticos, dificultades para establecer relaciones íntimas, el autodesprecio, sentimientos de culpabilidad, disfunción sexual, ideas e intentos de suicidio.
En su caso, Sara de 20 años de edad se define como pansexual, y sobre la nueva ley que prohíbe ese tipo de prácticas, opinó: “Me siento muy feliz ya que eso ayudaría un poco a avanzar como sociedad y a castigar a las personas que practiquen esos maltratos”.
Asimismo, el psicólogo observa su prohibición como “un avance muy importante, porque no quiere decir que las terapias van a terminar, pero sí se va a visibilizar que existen este tipo de técnicas o mal llamadas ‘terapias’ que son invasivas y dañinas, y que el Senado las condene nos hace reflexionar. Porque hablar de ellas es visibilizar que existen”.
DESPUÉS DE PROHIBIR LAS TERAPIAS ¿QUÉ SIGUE?
Para Mario Fausto Gómez Lamont, especialista en estudio de género y feminismo, luego de que las terapias de conversión fueran prohibidas desde la Cámara de Diputados, lo que seguiría, dijo: “tiene que haber vigilancia, un seguimiento, un castigo y una sanción para quienes precisamente traten de modificar la orientación y la identidad de género de las personas que no se identifican dentro del espectro heterosexual”.
Para Gómez Lamont si bien existe una serie de avances y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQI+, en su perspectiva, también tiene que existir las condiciones de protección de los mismos, es decir, hacer justiciables esos derechos.
“Porque la situación aquí, es: ya se prohibieron las terapias de conversión, pero ¿qué sigue?”
En materia de los profesionistas de salud mental tiene que haber, mencionó, una regulación de la práctica, “no se puede quedar únicamente en una condición punitiva, porque sabemos que el punitivismo es una ilusión. No todos los casos son atendidos de la manera correcta o muchos son una mala interpretación de la ley, entonces, también hay que tener mucho cuidado en esa situación porque el terapeuta puede incurrir a una práctica que puede estar más basada en una mala supervisión y no así en una intención de una terapia de conversión”.
“Mi enfoque es el siguiente, si bien el punitivismo nos ayuda a visibilizar ciertas cosas, ahora lo que sigue es la parte de la vigilancia por parte de sociedad civil y evidentemente de las instancias gubernamentales porque, nuevamente, lo que hace falta es que se vigile la práctica de salud mental, y que solamente profesionales en la materia puedan encargarse del tema”.
En México, como conclusión, el debate sobre las terapias de conversión ha tomado relevancia en los últimos años, generando una discusión crucial sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la necesidad de erradicar estas prácticas, un paso, como ya se mencionó, es la nueva ley que se aprobó desde el Senado, pero en Coahuila, según la información recabada para este reportaje, aun hay un largo camino por recorrer.
