El pasado miércoles de la presente semana, el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González rindió su tercer informe de gobierno.
Como es natural en este tipo de actos, el edil declaró que todos los compromisos que hizo en campaña han sido cumplidos y en términos generales el rumbo del municipio marcha en caballo de hacienda.
La realidad es que en términos generales es verdad que Torreón va bien en estos tres últimos años si se contextualiza en la realidad mexicana que abrumadoramente ha decidido democráticamente optar por el modelo que ha ofrecido Morena, lo cual no ha sido el caso de Torreón, ni de Coahuila, que conservan gobiernos de extracción distinta al aplastante movimiento político que hoy domina la escena nacional y 24 estados de la República mexicana.
Sin embargo, todo es perfectible y en el caso torreonense hay un tema que a mi entender debe corregirse si Cepeda González quiere ejercer su próxima presidencia que comienza el 1 de enero entrante y culminará el 31 de diciembre de 2027, con el mejor resultado
El asunto es sin duda la relación política que lleva con el gobernador del Estado Manolo Jiménez Salinas, priista como él. Sabedor Cepeda González del proceder de su partido en todos los ámbitos, para todos era claro que el delfín del exgobernador Miguel Riquelme Solís era el actual gobernador. Román una vez sentado en la silla de la alcaldía pensó que él podía ser nominado candidato del PRI a la gubernatura el año pasado. El resultado es obvio conocido y lo que obtuvo el actual presidente de Torreón es raspar su relación con el hoy mandatario estatal.
Pasaron los meses y parecía que las cosas se componían entre Manolo y Román cuando el segundo decide de acuerdo a sus facultades legales, terminar con un convenio para la administración de un grupo especial de policía municipal que era pagado por las arcas torreonenses, pero comandado por autoridades estatales. Nadie puede refutar que el presidente municipal de Torreón está facultado para tomar este tipo de decisiones, pero una vez más trastocó su relación política con el gobierno de Jiménez Salinas.
En otros tiempos, Torreón ya vivió una situación similar a ésta hace casi 20 años. Otras eran las circunstancias y por supuesto los actores. Gobernaba Coahuila el profesor Humberto Moreira, aquel populista que le indilgó al estado más de 40 mil millones de deuda y que durante su gestión, se vivió el horror de la era de los Zetas y las barbaries que se cometieron en aquellos ayeres en territorio coahuilense; por el otro lado en esa época el panista José Ángel Pérez alcalde de Torreón, que por las razones que sean entró en abierto conflicto con el profesor. El ayuntamiento de Torreón presentó una controversia constitucional contra el gobierno de Moreira por supuesta invasión de facultades: el resultado fue el abandonó de la administración estatal a Torreón, lo que derivó en el estancamiento de La Perla de la Laguna y los días más terribles en cuanto a seguridad pública se refiere.
No debe ser el caso en estos tiempos si en realidad Román sostiene su protesta de hacer lo mejor por Torreón, y ello implica emplear los mejores oficios para trabajar junto al gobierno de Coahuila como al federal en su caso, para realizar todas aquellas acciones en beneficio del municipio que gobierna.
Por fortuna el Manolo Jiménez Salinas y el propio Román están mucho menos polarizados que lo que se encontraban en su momento Humberto Moreira y José Ángel Pérez. Por ello debe haber esperanza que el actual gobernador sea tolerante ante el estilo político de Román, mientras que el segundo recapacita y se conduzca con más prudencia antes los otros órdenes de gobierno, particularmente el estatal, que es el caso que en esta ocasión nos ocupa.
