Tomar las pensiones
La decisión del presidente López Obrador de impulsar una ley para no sólo crear un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, sino tomar para él recursos de las Afores no reclamadas, ha generado una gran polémica. Para muchos se trata de un simple despojo de cuentas que pertenecen a alguien. Para el presidente es un acto político que le permite decir que está garantizando pensiones del 100 por ciento.
Hay muchas razones por las cuales una cuenta de Afore puede quedar abandonada. En algunos casos las personas trabajaron y cotizaron en el mercado formal durante poco tiempo, y o no se preocuparon por lo ahorrado o no asentaron sus datos de manera correcta en los documentos que llenaron. Otros se mudaron y no registraron su cambio de domicilio. Muchos han muerto y sus familiares no tienen información sobre su Afore. De cualquier manera, esos fondos siguen teniendo un dueño legítimo, y la ley dice que su propiedad es imprescriptible.
En lugar de buscar a los dueños, sin embargo, el presidente ha decidido tomar el dinero para financiar su nuevo fondo. Afirma que no es un robo porque si alguien llega y pide su ahorro este se le dará íntegro. El gobierno se quedará solo con el dinero de quienes no reclamen. Es como si un robo no fuera robo si el robado no se queja.
Esta apropiación de fondos no estaba considerada cuando el presidente lanzó su iniciativa para fortalecer las pensiones. De hecho, él ya había realizado una reforma a las Afores en 2020, en que subió las aportaciones patronales. Aun así, en enero de 2024 anunció que lanzaría una nueva reforma para eliminar el sistema de cuentas individuales creado por Ernesto Zedillo en 1997 y reformado en 2007 por Felipe Calderón, y para garantizar que los trabajadores pudieran jubilarse con pensiones de 100 por ciento de su último salario.
Sin embargo, cuando presentó la iniciativa, el 5 de febrero de 2024, esta ya era muy distinta. No eliminaba el sistema y el 100 por ciento de pensión ya solo se aplicaba a un salario promedio, que hoy es de poco más de 16 mil 700. Para pagar el costo sin recurrir a nuevos impuestos, prometió crear un fondo de 64 mil millones de pesos con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las utilidades de las nuevas empresas manejadas por las fuerzas armadas, como el Tren Maya, el AIFA y Mexicana de Aviación. Solo que el Instituto no tiene esos recursos y las empresas gubernamentales, lejos de generar utilidades, acumulan pérdidas. Fue entonces cuando al presidente se le ocurrió la genial idea de tomar el dinero de las cuentas “abandonadas” de las Afores, unos 40 mil millones de pesos.
Quizá lo primero que hay que cuestionar es el objetivo. En ningún país se pagan pensiones del 100 por ciento del último salario devengado. En Japón se cubre el 38.8 por ciento, en Canadá el 44.2 y en Suiza el 47.3, pero no del último sueldo, sino de los ingresos promedio a lo largo del ciclo laboral. El gobierno no ha ofrecido cálculos actuariales del costo que tendrá su nuevo esquema. Lo único que sabemos es que los 40 mil millones no completan los 64 mil millones prometidos y que no cubrirán tampoco la promesa de las pensiones al 100 por ciento.
Las Afores guardan ahorros hoy por más de seis billones de pesos y nos dicen que esto no es suficiente para una jubilación digna. ¿De dónde surge, pues, la idea de que otros 40 mil millones de pesos (0.666 por ciento) resolverán el problema? Más bien parece que el presidente se quiere apropiar de 40 mil millones de pesos sin preocuparse por diseñar una política clara que permita mejorar la pensión de los trabajadores.
