La misoginia y la violencia machista es la piedra angular de la realidad feminicida que atraviesan las mujeres en esta zona.
Según datos estadísticos de la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado, disponibles en la plataforma Coahuila Transparente, del 2013 al 2023, el estado registró un total de 167 feminicidios, de los cuales, 40 se ejecutaron en Torreón, siendo, hasta el momento, el municipio que contabiliza más casos.
El dato viene a flote debido a los cuatro feminicidios ocurridos recientemente. El más cercano sucedió el pasado 22 de mayo. La escena: un hombre asesinó a su pareja y después se disparó dentro de una vivienda en la colonia Quintas La Perla.
Otro caso es el de Kimberly, una joven torreonense que fue rociada con gasolina y luego quemada por Simrri, un hombre al que tenía dos días de haber conocido; el impacto noticioso hizo que el municipio se colocara en el plano nacional debido a que medios de otros estados y de la capital informaron del deceso de la joven con titulares como: “Kimberly murió tras ser quemada por su novio en Torreón”.
Luego está el deceso, el 14 de mayo, de Rocío Elena, de 39 años de edad, quien fue hallada sin vida en el mismo domicilio que su pareja Ángel Cuauhtémoc.
El primer feminicidio del año en Torreón se registró el 24 de abril cuando se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Fátima. Se encontró al interior de una finca abandonada ubicada en la colonia Zaragoza Sur. En este caso, la víctima presentó huellas de violencia y no portaba ropa de la cintura para abajo; asimismo, se informó, dos hombres fueron detenidos cuando intentaban huir.
Otros datos que ofrece la unidad de Investigaciones Especializadas sobre el tema de feminicidio en Torreón es que, del 2013 al 2023, se tiene el registro de 58 sentencias y hay 152 imputados. Pero, más qué hablar de números y estadísticas, aparte de visibilizar a las víctimas, también resulta importante realizar una lectura más profunda del por qué Torreón es, oficialmente, el municipio con más feminicidios cometidos durante la última década en Coahuila.
Para entender un poco el contexto, este diario habló con mujeres que se entrecruzan en esta realidad violenta, ya sea en voz de víctimas (directas e indirectas), o porque canalizan desde su profesión a las víctimas, se desenvuelven como activistas, o dirigen alguna institución pública que da asistencia a esta problemática.
“DEPENDE DE TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS EVITAR LA VIOLENCIA”
Eso piensa Cristina Gómez Rivas, coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) en Torreón, quien enfatiza que no cree que exista algún gobierno que vaya casa por casa evitando la violencia.
El llamado, dijo, es a la sociedad. Lo que se busca desde el centro es erradicar la violencia desde el interior de las familias, porque manifestó “la realidad de la violencia intrafamiliar es que es una decisión personal, es decir, el que la persona no acepte que la violencia no es una buena vía, es muy difícil cambiarla”.
En ese sentido, el centro realiza acciones de prevención, tales como pláticas que ofrecen en distintas instituciones con la intención de sembrar el mensaje de la erradicación. Asimismo, brinda servicios a través de áreas de orientación, de trabajo social, atención psicológica, juridicidad, médica, lúdica, refugio, educación gratuita, seguridad social y procuración de justicia con apoyo del ministerio público.
Gómez Rivas informó que actualmente 60 personas trabajan en ese centro que lleva 10 años en funciones. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de Coahuila el 8 de marzo del 2013, este espacio se creó con el objeto de coordinar, articular y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, las acciones, programas y servicios dirigidos a las mujeres víctimas de delito, violencia o de violación de sus derechos, a fin de garantizar el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos, y su acceso a la justicia, promoviendo su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad. Cabe destacar que los servicios que brinda el CJEM de Torreón están disponibles las 24 horas.
Según el presupuesto de egresos de Coahuila para el ejercicio fiscal 2024 se destinaron para los seis CJEM del Estado, un total de 39 millones 68 mil 729 pesos. Es decir, cada centro (ubicados en Saltillo, Frontera, Matamoros, Acuña, Piedras Negras y Torreón), absorbió poco más de 6 millones y medio de pesos para apoyar, entre otras circunstancias, a mujeres víctimas de violencia de género.
En ese sentido, al hablar sobre que Torreón es el municipio más feminicida de la última década en Coahuila, la coordinadora del CJEM manifestó que tenía que revisar las cifras debido a que, en su percepción, el tema de los feminicidios no era un tema alarmante en la región.
Sin embargo, datos ofrecidos por la Unidad de Transparencia del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Coahuila reflejan que del 2020 al 2023, fueron 11 mil 424 mujeres las que recibieron atención por primera vez, sólo en el centro de Torreón. Por otro lado, el número de mujeres atendidas, en el mismo centro (y en el mismo periodo) de manera subsecuente, ascendió a 34 mil 105 usuarias.
En ese sentido, la violencia machista que viven las mujeres en Torreón, no sólo se ve reflejada en las estadísticas, sino también en la asistencia que registran las instituciones públicas como los CJEM.
EL PAPEL DE LAS COLECTIVAS
Otro síntoma de la violencia machista en la región, se observa, por ejemplo, también en el nacimiento de los colectivos feministas, estos grupos que se forman de manera orgánica para brindar apoyo y acompañamiento a mujeres que son víctimas de esta realidad.
Uno de ellos es De Morras para Morras, que desde hace seis años promueve la autodefensa feminista integral, además, asiste a las víctimas en diferentes procesos.
Jessica, miembro fundador del colectivo, percibe a Torreón como un municipio feminicida debido al conservadurismo y al machismo que aún permea en la región. “No sé si tenga que ver algo el que seamos norteños y en el norte está muy arrancherado el asunto todavía”.
En ese sentido, identifica que la misoginia y la violencia machista es la piedra angular de la realidad feminicida que atraviesan las mujeres en esta zona.
Desde el 2018 que el colectivo comenzó a lanzar convocatorias de autodefensa, Jessica observó una gran respuesta por parte de la población femenina que, en su mayoría, compartió, sufría de violencia machista.
Otro rasgo que registra el colectivo, es que los actos de violencia son distintos según la edad de las mujeres, por ejemplo, atienden a mujeres de entre 15 y 25 años por casos de violencia cibernética, y “todo lo que tiene que ver con la Ley Olimpia y la filtración de packs (fotografías eróticas) por parte de los hombres, esto es muy común en este rango de edad. Ya para los 30 o 40 años, son casos similares: mujeres que optan por divorciarse debido a la violencia, ahí convergen el tema de la denuncia por violencia, el tema de los trámites de divorcio, la pensión alimenticia, de guardia y custodia de los niños, y todo este tipo de convenios para los menores”.
Jessica informó que De Morras para Morras es un colectivo de autogestión que es apoyado por dos abogadas y dos psicólogas, además de un grupo de mujeres solidarias que acompañan a otras mujeres que atraviesan problemas de violencia y que no encuentran respuesta en las instituciones públicas.
Es así que este tipo de colectivos se vuelven una respuesta contestataria no sólo frente al tema de feminicidio, sino también, según Jessica, frente al deficiente actuar de las autoridades.
En un artículo publicado en La Revista Estudios Socio-Jurídicos, editada por la Universidad del Rosario, se puede leer que: la acción colectiva de las mujeres para denunciar la violencia de género en México ha sido fundamental para dar visibilidad a nivel internacional a la grave situación de violaciones a los derechos humanos y presionar por cambios en el comportamiento estatal.
En el caso de Torreón, la activista Jessica compartió que tienen una relación agridulce con las instituciones públicas que fueron creadas para la atención de esta problemática.
“La verdad es una relación agridulce, más agria que dulce, en el sentido de que es casi imposible que den una atención adecuada y eficiente a las usuarias. Los tiempos de respuesta a los llamados de violencia de personas que ya fueron notificadas con órdenes de restricción nunca llegan a tiempo. Para empezar, que te logren notificar una orden de restricción al agresor, es la vida cansada. Para que te atiendan rápido en el Centro de Justicia también es la vida cansada, tenemos que estar detrás de las MP (Ministerio público) para que se dignen a tomar las denuncias de las mujeres que acompañamos”.
En ese sentido, la activista opina que ninguna mujer debería de tener el respaldo de una asociación para acceder a la atención integral que esas instituciones están obligadas a ofrecer.
“En una utopía mexicana yo no tendría que estar contactando a una MP para que atienda a una mujer, porque se supone que es su trabajo. Pero nosotros tenemos que rogarles para que las atiendan en tiempo. (Porque) estas dependencias tienen un horario de oficina y muchas de nuestras usuarias violentadas tienen trabajo en el mismo horario y se ven obligadas a faltar para presentar una denuncia y ni así completan de tiempo. Entonces se les ve mermado su proceso (de denuncia) y se les ve mermado su día de trabajo. Es una atención súper ineficiente, muchas veces le sacan la vuelta, si alguien llega golpeada no hay médico legista, las mandan a la fiscalía y ahí hay más gente (que espera atención), y se requiere de tiempo para hacer todos estos peritajes. Que yo sepa, eso no es una procuración de justicia adecuada, porque se ve mermado el proceso de la víctima”.
Por lo anterior, el colectivo al que pertenece y otras organizaciones aliadas, dijo Jessica, llegan a la misma conclusión: todas las instituciones del gobierno ofrecen una atención deficiente a las víctimas. Ya mencionó al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, pero también está el Instituto Municipal de la Mujer, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el DIF, entre otras.
“Es una frustración inmensa y sentimos que nos tienen atadas de manos”, por eso, reiteró, optaron por la organización. “Francamente las mujeres organizadas que eligen aportar a esta trinchera le hacemos una chamba muy importante al estado”.
Un dato contextual respecto a la acción de los colectivos de mujeres en México, es que luego de que estos grupos ejercieron presión en Juárez, ciudad en la que los asesinatos de mujeres se dispararon en la década de los 90, fue que lograron, como respuesta estatal, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2003 y en 2007 la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), unida a la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales donde se incluyó, desde el 2012, el delito de feminicidio.
Por eso, en su caso, Jessica cree que desde la organización y el activismo se pueden hacer cambios significativos. El colectivo aunque funciona sin recursos, en el último año y medio ha atendido a un total de 50 personas, entre mujeres, niñas y niños en contexto de violencia machista.
Sobre otros colectivos y asociaciones que trabajan con la misma bandera en Torreón, la activista mencionó a Justicieras por nuestras infancias, que se enfoca más en el tema de la violencia vicaria, a Musas, que además de ser refugio brindan servicios de atención psicológica, a Red de Mujeres de La Laguna que por años se han dedicado a acompañar a mujeres que sufren violencia, y por último habló de Asesoría ProMujer e Infancia, un despacho jurídico que brinda, en distintos momentos, asesoría legal gratuita.
ABOGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Cómo ya se mencionó, el despacho jurídico Asesoría ProMujer e Infancia se dedica, entre otras cosas, a respaldar a mujeres en contextos de violencia. Ángeles Rentería es la abogada con perspectiva de género que está detrás de esta iniciativa, y que además ofrece sus servicios de manera privada.
Actualmente lleva tres años en la labor de asesorar a mujeres víctimas de violencia de género. En ese sentido, a ella también se le cuestionó, desde su perspectiva ¿Por qué Torreón era el municipio más feminicida de la última década en Coahuila? La abogada comentó que se trata de una pregunta que arroja respuestas con muchas variantes, sin embargo, en concreto, identificó dos escenarios específicos que potencian los asesinatos de mujeres sólo por ser mujeres en la región.
Uno, manifestó la abogada, tiene que ver con el sistema de justicia que no es amigable con las víctimas, un factor que, dijo, las desanima para continuar con los procesos de denuncia. “Y en un segundo punto, porque todavía somos una zona en la que domina el patriarcado”.
Vivimos en un lugar dónde, reflexionó la especialista, se han tenido que generar leyes para, por ejemplo, obligar a los hombres a que ejerzan una paternidad responsable, y, citó la Ley de Paternidad Responsable del Estado de Coahuila, la cual se publicó en el Periódico Oficial el 7 de julio del 2020.
“Hasta donde tenemos que llegar para que nuestros legisladores tengan que crear una ley en este sentido”. Asimismo, expresó, tampoco deberían de existir términos como “deudor alimentario”, una acción que concurre al mismo punto de inflexión: la violencia. En este caso, económica.
Otra ley que se aprobó en Coahuila desde el 2008 y que tiene que ver con el tema antes expuesto, recordó la abogada, es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se ejecutó con el objeto de la prevención, atención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público y privado.
Si pensamos en que las leyes indican formas de comportamiento que todos debemos respetar, sin excepción; las citadas anteriormente responden, entonces, al contexto de violencia de género que viven las mujeres en el estado y, más, según la estadística, en el municipio.
En tres años, por ejemplo, Ángeles Rentería ha atendido aproximadamente a 200 víctimas. Algunas, dijo, continúan su proceso desde lo privado y otras declinan por buscar apoyo desde las instituciones públicas, de las que, opinó, muchas veces cuentan con excelentes servidoras (ores) públicos, pero carecen de empatía y perspectiva de género para llevar casos de mujeres violentadas
“Ya tienen tan normalizada esta violencia, que las tratan como víctimas en serie”.
En ese sentido, la abogada concluyó: “aquí las colectivas llenan los vacíos que deja la autoridad, incluso les hacen frente y se vuelven una manera importante para aplicar presión”.
LAS ASOCIACIONES COMO RESPUESTA A LA VIOLENCIA MACHISTA
Kathya De La Fuente López es abogada litigante, pero también parte de la asociación Alianza de Empoderamiento para la Mujer en la Laguna, otro grupo alterno que nació en la región como apoyo a la población femenina que sufre violencia de género.
Para la abogada, el nacimiento de este tipo de grupos no es más que “una respuesta por parte de la sociedad en contra de estas situaciones violentas”.
En ese sentido, cuestionada sobre cómo es, desde su profesión, la relación que tiene con las instituciones públicas que trabajan en pro de la mujer, Kathya compartió que: “la verdad es muy complicado aun cuando en Coahuila tenemos un Centro para de Empoderamiento para la Mujer, no siempre se obtiene la eficacia necesaria. Sabemos que el centro está saturado”.
Informó que al menos de dos a tres mujeres acuden por semana al despacho donde ofrece sus servicios, “es muy común que lleguen golpeadas, sobre todo violentadas psicológicamente, ese es un fenómeno bien complicado porque no traen evidencia, pero realmente el daño es mucho”. En lo que va del año, dijo, el despacho ha llevado al menos 20 casos de mujeres víctimas de violencia machista.
Cabe mencionar que De La Fuente López no sólo auxilia a mujeres que viven en estos contextos, también, a través de la asociación antes mencionada, trabaja en pro de las víctimas indirectas de feminicidio en Coahuila, es decir, apoya a los hijos e hijas que quedaron huérfanos luego de que se cometió el acto violento. Así, compartió la abogada, tiene comunicación constante con el colectivo Madres poderosas, este grupo de abuelas y abuelos que luchan por sacar adelante a sus nietos luego de que perdieron a su madre a causa de un feminicidio en Torreón.
Como dato, según un reportaje publicado en este mismo diario, hasta febrero del presente año, Coahuila contabilizó a 145 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio.
“Es una situación que duele mucho a la sociedad. El enterarnos constantemente, por ejemplo, ahora del feminicidio de la jovencita Kimberly. Yo creo que es muy importante empoderar a las mujeres para que tengan la seguridad de que la denuncia va a tener un impacto positivo en sus vidas, ayudarlas psicológicamente, porque (a veces) la ayuda psicológica es más importante más allá de lo legal. Porque si presentan la denuncia y no cuentan con las herramientas emocionales necesarias, no van a poder continuar con el proceso”. Lo que hará, sentenció la abogada: que el círculo de violencia se repita.
LA VOZ DE UNA VÍCTIMA
Erika Arreola Arias es la voz de una víctima que aceptó hablar con ese diario. Dice que ante la violencia machista las mujeres tienen que denunciar, alzar la voz y perder el miedo.
Ella sigue en proceso legal, busca que su ex pareja se haga responsable de la pensión de su hija. Se separó de él porque la violentó psicológica y económicamente. También vivió un abuso sexual y actitudes de control.
Erika narra que ya separados, su ex pareja seguía visitándola y acosándola, con el pretexto de ver a su hija. Aconsejada por sus amigas decidió denunciarlo, supo que tenía que poner un alto porque estaba consciente de que, si no lo hacía, la violencia podía seguir avanzando.
Así, Arreola Arias tuvo un primer acercamiento con el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para interponer una denuncia. Consiguió una orden de protección sólo por algunos días, luego, la instrucción fue que tenía que rectificar la denuncia, “y ahí como que te topas con pared. Me vi en la necesidad de pedir apoyo de mi abogada”. Aunque logró que le realizaran una evaluación psicológica, el proceso con el centro de justicia “ya no pasó de ahí”, porque expresó, tenía que insistir mucho para que le hicieran caso, además de que, manifestó, tenía que ausentarse con regularidad de su trabajo y buscar quien le cuidara a su hija para poder asistir en el horario que maneja el CJEM.
Aun así, la mujer hizo todo el esfuerzo para continuar con el proceso legal, hasta que llegó un momento en que ya nada avanzó y ella comenzó a frustrarse, por eso decidió continuar desde la vía privada, aún sabiendo que le representaría un reto para su economía. Fue así que su expediente en el Centro de Justicia de la Mujer encontró un lugar, pero en el archivo muerto.
En su caso, comparte que al inicio no identificaba que era víctima de violencia machista, por ello, para ella es importante informar que existen varios caminos para ejercerla y no sólo se traduce en agresiones físicas. Además, compartió, es importante que las víctimas de violencia no sean revictimizadas. “Siento que la sociedad las revictimiza y por lo mismo no se habla tan abiertamente de lo que vives o de lo que sucede o de cómo te sientes, porque sabes que, de antemano, va a ser juzgado”.
Se siente afortunada, de que, ante la nula respuesta de las autoridades, ella pueda llevar un proceso psicológico y legal desde la vía privada. “No todas las personas tienen la posibilidad de pagar terapia y una abogada particular. Aun así, aunque he tenido que desembolsar de mis propios recursos que realmente no son muchos, aun así, siento que la justicia que a lo mejor voy a obtener va ser muy poca comparada al daño que recibí”.
Además de las profesionales que la apoyan, es parte de un grupo llamado Bitácora de mamá loba, que es conformado por madres feministas que abren diálogos en torno a la violencia machista, ya sea a través de un grupo de WhatsApp o por medio de reuniones presenciales que realizan mensualmente. Erika compartió que aproximadamente 25 mamás conforman el grupo de apoyo.
A todas las mujeres que sufren violencia y que no han podido hablar, Erika les manda un mensaje: “las entiendo porque no es fácil hablar. Yo todavía tengo miedo, por ejemplo, sí tengo miedo a la reacción de la persona que me agrede al hacer pública la denuncia de que no me está pagando la pensión. Aún tengo temor, es un proceso difícil, pero, aunque tengamos miedo hay que enfrentarlo, y estar conscientes de que cuando uno denuncia, la violencia no disminuye, sino más bien, incrementa”.
Por último, invitó a todas aquellas mujeres que atraviesan circunstancias similares a la de ella, a que se acerquen a uno de los tantos grupos feministas que están activos en la región, porque, expresó: “ahí es donde yo he encontrado la contención que necesito".
