El Gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum a partir de octubre, debe considerar en serio la recomendación ciudadana de poner fin a la compra-venta de concesiones a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), institución de la cual está por definirse su futuro y a la persona que ocupará su dirección general. Pero no sólo debe tomar en cuenta eso.
También debe reconocer los derechos de los núcleos agrarios, pueblos indígenas y sistemas comunitarios; consensuar planes por cuenca y acuífero para corregir el sobreconcesionamiento y acaparamiento; reducir en 80 % el rezago, al aprobar de oficio la totalidad de las solicitudes no resueltas que implican pequeños volúmenes asociados con el derecho humano al agua y a la suficiencia alimentaria, con vigencia a 30 años.
Más aún: debe terminar el diseño y puesta en marcha de Conagua en Línea 2.0, con control sobre su código.
Son exigencias ciudadanas relacionadas con el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y despojo de las aguas nacionales.
El principal objetivo de la Ley de Aguas Nacionales fue imponer a las aguas de la nación un sistema único de concesiones, convirtiéndola en objeto de compra-venta, algo que ni siquiera se ha hecho en Estados Unidos.
El otorgamiento de concesiones se inició en 1993, con la invitación a los usuarios de aguas nacionales a registrar sus tomas.
Los derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas establecidos por Decreto Presidencial no fueron reconocidos excepto a través de una concesión.
Los grandes intereses y la nueva industria de "gestores" rápidamente descubrieron que podrían registrar tomas para uso agrícola -que no paga derechos- sin contar con obras de toma.
Ahí nació el fenómeno de "pozos fantasma" y "millonarios del agua" -individuos, inmobiliarias e instituciones financieras- que registraron enormes volúmenes de agua bajo "uso agrícola" con fines especulativos.
Mientras tanto, muchos núcleos agrarios que intentaron refrendar sus derechos con concesiones fueron maltratados por el personal de la Conagua debido a una cultura institucional discriminatoria que persiste hasta la actualidad.
Gracias a esta "piñata" de concesiones, en donde los que llegaban primero con las bolsas más grandes se quedaron con todo, el sistema de concesiones fomentó el acaparamiento junto con el sobreconcesionamiento desde sus inicios.
Las dinámicas de compra-venta, los "mercados" del agua previstos en la exposición de motivos de la Ley de Aguas Nacionales, han profundizado esta dinámica, dado que sólo los grandes intereses tienen capacidad de comprar derechos.
Cuando en 2003 finalmente se publicaron los volúmenes disponibles -léase "concesionables"-, 104 cuencas y 105 acuíferos ya estaban sobreconcesionados.
Dado que la Ley de Aguas Nacionales no contiene ningún mecanismo para corregir el sobreconcesionamiento, la publicación de disponibilidades permitió lanzar los "mercados de agua" porque en las zonas deficitarias la única manera de adquirir derechos de agua es a través de su compra.
En ese contexto, la reforma a la ley de aguas de 2004, bajo el gobierno de Vicente Fox, permitió la creación de "Bancos de Agua" para facilitar el manejo de estas transacciones.
Desde entonces, la Conagua creó la Gerencia de Bancos del Agua, cuya función es la realización de estudios de mercado para determinar los precios adecuados para la compra-venta de concesiones, además de ubicar potenciales vendedores -generalmente ejidos y comunidades- para los grandes intereses que buscan adquirir volúmenes.
Existen varios problemas con esa ley de aguas y con la NOM-Conagua-011, norma oficial mexicana que determina las disponibilidades.
La sobreexplotación de las aguas subterráneas es mucho más severa de lo que reflejan los datos oficiales de la Conagua.
La Subdirección General Técnica de la Conagua, junto con la Coparmex, las cámaras mineras e industriales y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible (Cespedes), entre otros, controlan la actualización de la NOM-011.
Han logrado, por ejemplo, que un acuífero no pueda ser considerado sobreexplotado, aún si demuestra señales de serlo, sin dictamen en este sentido por parte del área técnica de la Conagua.
La manipulación de las disponibilidades es facilitada aún más por la falta de un sistema de monitoreo del estado real de los acuíferos en campo.
Hay recomendaciones ciudadanas: Que el IMTA, con revisión pública, genere la metodología para determinar las disponibilidades de aguas subterráneas y superficiales, utilizando análisis de imágenes remotas y mediciones de campo.
Que la Conagua establezca las medidas requeridas para la eliminación progresiva de la extracción de flujos intermedios y regionales.
Que las universidades formen una unidad de Contraloría para revisar las determinaciones de disponibilidad.
El reemplazo masivo de personal de la Conagua en áreas técnicas, especialmente en Aguas Subterráneas.
Para empezar.
@kardenche
