La libertad tiene límites. No obstante, sobran tensiones y transgresiones en esa relación. Incluso, la libertad de uno puede anularse con la de otro. Más todavía, los derechos del individuo pueden toparse con la colectividad. El problema no es nuevo. Por lo mismo, John Stuart Mill nos recuerda en su texto clásico, el conflicto histórico entre libertad y autoridad. Esa disputa está vigente entre los gobiernos y las expresiones en las redes sociales. Las preguntas que el filósofo inglés hizo, guardan una asombrosa actualidad: ¿Cuál es el límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la autoridad de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana ha de consignarse para la individualidad y qué parte corresponde a la sociedad?
La incursión de las redes sociales nos confronta por los límites entre la libertad y la intervención de los estados. Los casos más recientes tienen que ver con populares redes como Twitter (ahora degradada a "X") y Telegram, pero no son los primeros, ni serán los últimos. En Brasil, un grupo de ultraderecha y simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro, difunde abiertamente calumnias, información falsa e incluso, incitan al odio como preámbulo para la violencia. En su momento, pretendieron un fallido golpe de Estado, tras la victoria de Lula da Silva. Como si fuera una película de espionaje, se revelaron comprometedoras conversaciones de WhatsApp entre ministros y militares progolpistas, es decir, un grupo pretendió tumbar el triunfo democrático en las urnas, para imponerse con las armas. El intentó falló, pero dejó varias huellas. El poderoso juez de Brasil, Alexandre de Moraes, acaba de dictar una sentencia contra la red social X, que implica el bloqueo por el abuso de varias cuentas. El dueño de la empresa, autodenominado "salvador de la humanidad", Elon Musk, calificó de dictador al juez. A su vez, Moraes acusó al magnate de "querer instituir un ambiente de impunidad total y tierra sin ley en las redes sociales brasileñas".
El enfrentamiento escaló a una serie de insultos y burlas de Musk, pero también alentó a los usuarios a utilizar la red por otras vías, con el uso de VPN, para burlar el bloqueo. La imposición del Estado sobre la red social, es un caso candente sobre los límites de la libertad. ¿Es válido difundir información falsa con el fin de incidir en la opinión pública? ¿Hasta dónde limitar la libertad de expresión cuando se trata de una campaña de falsificación? ¿Debemos defender las redes en medio de la difusión sistemática de calumnias, mentiras y difamaciones?
En plena campaña presidencial en 2022, el adalid de la humanidad, apoyó a Bolsonaro, como "un mito de la libertad". No obstante, la voluntad popular avaló en las urnas a Lula. La labor del juez es sin duda impopular, y no sabemos el desenlace de la férrea decisión contra "X". Lo cierto es que el uso de las redes no tiene moderación ni límites. Cuando la intervención estatal marca un alto, así sea plenamente justificado, se dice que es un atentado contra la libertad.
Embuste, mentira, calumnia, difamación, falsificación, maledicencia. Nuestra época acuñó un eufemismo: postverdad. El modelo lo encarna a la perfección Donald Trump, quien ya muestra nuevos bríos rumbo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre. Él lo tiene claro, no importa lo verdadero, sino lo que se tiene por verdadero. A partir de ahí, no es relevante las acusaciones e incluso, las pruebas sobre sus delitos, sino lo que él afirma una y otra vez. Por lo mismo, las redes son el campo propicio de la expresión sin límites. Para sobrevivir a esa tendencia de uso y abuso, empresas como Meta, Google, Facebook… venden los datos privados y también, dan acceso al gobierno de Estados Unidos. No así, con otras empresas de origen chino (Tik Tok). Lo mismo sucede en China. Sobre la libertad, "hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre".
Hace unos días, arrestaron en Francia, al ruso Pavel Durov, dueño de Telegram, la popular red social con buen nivel de encriptación. En varias ocasiones se ha negado a entregar información a diversos países. La oficina antifraude de Francia lo acusa de falta de moderación en Telegram, porque es utilizada para lavar dinero, tráfico de drogas y otros supuestos delitos. El argumento podría aplicarse a un banco, una empresa y otras redes sociales. Lo cierto es que Durov se negó a entregar información específica al gobierno francés. Hoy está detenido, hasta que cambie de opinión. Los límites entre libertad y autoridad son delgados. Entre tanto, a pesar de los gobiernos, no hay vuelta para atrás con las redes sociales.
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