El 31 de diciembre terminará el primer periodo de sesiones ordinarias de la 66 Legislatura del Congreso de la Unión. Y la expedición de la Ley General de Aguas no aparece listada ni en el Senado, cámara de origen. Doce años de omisión. Por su parte, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum preve en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, más bien "reformar la Ley de Aguas Nacionales y Ley General para que no haya más transmisiones entre particulares. El agua pertenece a la nación". El segundo periodo de sesiones ordinarias de la 66 Legislatura iniciará el primero de febrero de 2025 y finalizará el 30 de abril.
Es vital reconocer que a pesar del mandato de los votantes de iniciar el desmantelamiento del andamiaje neoliberal, el Poder Legislativo ha determinado, desde el año 2012 y todavía en 2024, con todo y la mayoría calificada de Morena derivada del llamado Plan C, no promulgar una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana, como exige la Constitución.
Además es importante recordar que los intentos del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, de limpiar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) "barriendo desde arriba" fueron infructuosos frente al mal diseño de la institución y los intereses incrustados ahí.
La Ley de Aguas Nacionales y la Conagua contribuyeron a la profunda crisis del agua que enfrenta el país.
Recuérdese que al tomar el poder vía fraude, uno de los primeros actos de Carlos Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes de la nación fue la creación de la Conagua en 1989.
Y una de las primeras tareas de la Conagua fue la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Desde entonces, las aguas de la nación quedaron en manos de la Conagua, una institución autocrática y opaca que no ha planeado ni se ha responsabilizado sino que se dedicó a repartir concesiones a los poderes fácticos y a imponer obras mal concebidas frente al estallamiento serial de crisis prevenibles.
Cada área de la institución ha estado ocupada por funcionarios con vínculos históricos a grupos de interés. ¿Ya cambió la Conagua?
Revísese cada área de la Conagua: Administración del Agua, Técnica, Agua Potable y Saneamiento, Infraestructura Hidroagrícola, Administración, Jurídico, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.
Y es que la función principal de la Ley de Aguas Nacionales fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas masivamente "en orden de solicitud" por la Conagua, autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.
Bajo la Ley de Aguas Nacionales, a lo largo de los años noventa, la Conagua empezó a otorgar masivamente concesiones a largo plazo -30 años para empresas, 10 años para pequeños productores- para todos los pozos y tomas existentes, supuestamente en orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de aguas superficiales y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.
Funcionarios de la Conagua, desconcertados por este proceso, empezaron a referirse a los "pozos fantasma" de las grandes empresas que estaban especulando con el agua.
Inmediatamente emergió un vigoroso mercado de concesiones el cual, según las intenciones de la Ley de Aguas Nacionales, iba a permitir que el agua quedara en manos de los sectores y empresas más productivas y rentables. Era el neoliberalismo en el sector agua.
El otorgamiento masivo de concesiones "en orden de solicitud" fue un proceso opaco, arbitrario y discriminatorio en contra de los pueblos y a favor de los intereses más cercanos al régimen federal en turno.
Los pueblos originarios no fueron informados del sistema de registro, y sin su conocimiento, sus fuentes históricas de agua fueron registradas en nombre del gobierno del municipio en donde se ubicaba la toma o en nombre de alguna empresa o cacique.
Cuando sí llegaron a solicitar el registro de sus fuentes, comúnmente -Oaxaca, Puebla, Estado de México, Baja California, Ciudad de México- utilizaron la existencia de una veda para negárselo.
Además de las concesiones, la Conagua asignó enormes volúmenes de agua a las comisiones estatales y organismos municipales, empezando con 300 litros por día por habitante para zonas urbanas y 150 litros por día para zonas semiurbanas y rurales, con la justificación de que los sistemas urbanos podrían sufragar sus gastos con la venta de agua potable a industrias.
Cuando la Conagua finalmente realizó sus primeros estudios de disponibilidad en 2003, descubrió que había otorgado concesiones en exceso a los volúmenes disponibles en 102 acuíferos y 100 cuencas.
Para el año 2015, se había otorgado 500 mil concesiones, incluyendo 5.6 trillones de litros anuales de aguas subterráneas y 17 trillones de litros anuales de aguas superficiales en exceso a su disponibilidad.
Seis de cada diez mexicanos dependían por su agua de acuíferos sobreexplotados.
Y gracias al libre mercado de concesiones, el 70 % de las aguas nacionales concesionadas estaban en manos de solo 7 % de los concesionarios.
De todo esto hablan Pedro Moctezuma y Elena Burns en "La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y la Construcción del Buen Gobierno del Agua".
@kardenche
